El Tribunal Constitucional (TC) no va a abordar los asuntos de corte más político hasta que pasen las elecciones del 28 de mayo. Los comicios municipales han modificado la agenda del tribunal de garantías, que no solo ha decidido retrasar la deliberación de los recursos de José Antonio Griñán y los principales condenados por los ERE de Andalucía, sino que también deja en punto muerto la resolución de los recursos del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, el 'rastas' o el del CGPJ contra la decisión del Gobierno de limitar sus funciones.
Fuentes del tribunal de garantías confirman a Vozpópuli que todos estos temas, pendientes de resolverse desde hace meses, no se abordarán hasta que pasen las elecciones. En lo que respecta al recurso de Griñán habrá especial celeridad. Las fuentes consultadas dan por hecho que se estudiará la admisión a trámite del mismo en las próximas semanas y se resolverá sobre el fondo del asunto antes de que termine el año.
Cabe recordar que hace una semana se conoció que el TC incluyó este asunto en el orden del día de la Sala Segunda, que se reúne este lunes 22 de mayo. En concreto, se incluyó el recurso del expresidente andaluz, el de su antecesor Manuel Chaves y el de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Días después trascendió que el asunto no se iba a abordar hasta después del 28-M y que se había tratado de una convocatoria provisional pendiente de validar.
El TC recula con Griñán
Otras fuentes, sin embargo, hablan de una corrección que habría ordenado el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido para evitar tratar un asunto tan político y vinculado al PSOE en plena campaña electoral. Con todo, las fuentes consultadas dan por hecho que cuando aborden dichos recursos de amparo, la respuesta va a ser favorable a los exaltos cargos socialistas y se impondrá el bloque mayoritario progresista del TC a favor de la admisión de sus recursos.
Pero este no es el único asunto de calado que el Constitucional deja en punto muerto. Las elecciones también han propiciado que se retrase el estudio de dos recursos de amparo interpuestos por Alberto Rodríguez, conocido como 'el rastas', contra la condena del Tribunal Supremo, por la agresión a un policía durante una manifestación en 2014 y por la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle el acta.
Los recursos, que ya fueron admitidos a trámite, sostienen que se vulneraron los derechos del que fuera 'número tres' de Podemos en ambos casos. En relación a su condena por la Sala de lo Penal del Supremo expuso que se le privó de su derecho de manifestación y cargó contra la actuación policial, mientras que en lo que respecta a la retirada de su escaño, dijo que se trató de una decisión "arbitraria" y "unilateral".
Finalmente, también queda para después de las elecciones municipales el estudio de los recursos que Vox y Partido Popular interpusieron contra la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las ponencias recayeron en dos magistrados progresistas: Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Sin embargo, la salida de Xiol tras la reciente renovación del tribunal de garantías, propició que fuera el conservador César Tolosa quien asumiera la ponencia.
La parálisis del CGPJ
El asunto es especialmente determinante para el órgano de gobierno de jueces, desde donde algunas voces han mostrado su malestar por el hecho de que el TC no imprimiera celeridad al estudio de esta cuestión. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de limitar su actuación mientras estuviera en funciones propició el fin de los nombramientos que el CGPJ realiza en la cúpula de la judicatura.
El movimiento que impulsaron los socios de Gobierno se produjo en plenas negociaciones con el Partido Popular para renovar un órgano que trabaja en funciones desde diciembre de 2018. La falta de acuerdo en estas conversaciones derivó en una limitación legal de la capacidad de actuación de los vocales, a los que se les impidió poder seguir renovando los principales cargos de la cúpula judicial, como ocurre por ejemplo con las plazas del Tribunal Supremo.
La decisión fue recurrida tanto por Vox como por el Partido Popular, que pidieron al TC que anulara esta reforma por inconstitucional. El propio órgano, que todavía presidía Carlos Lesmes, trató sin éxito de que el Congreso recabara su opinión sobre el cambio legal. Incluso barajaron la posibilidad de plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional para evitar a toda costa que se aprobara esta modificación legal.
Cambio de ciclo en el TC
Al hilo advirtieron de las consecuencias que iba a tener este cambio legal y de la "atrofia" que iba a producir la imposibilidad de efectuar nombramientos. El peor parado de esta parálisis es el Tribunal Supremo, donde las vacantes ascienden ya a un total de 18; lo que supone alrededor del 20% de su plantilla. Al hilo hay 30 en los tribunales superiores de justicia y otra veintena más en las audiencias provinciales, de ahí que el CGPJ apremie al TC a que resuelva los dos recursos.
Pese al impasse que se da ahora el Constitucional por el periodo electoral, el órgano ha acelerado desde su renovación con una serie de materias que llevaban meses pendientes de resolución. Se trata de los recursos contra la ley del aborto del Gobierno de Zapatero, la 'ley Celáa' y la que regula la eutanasia. En estos tres casos se ha impuesto el criterio de la mayoría y se han avalado las normas dictadas por diferentes gobiernos socialistas.
Sin embargo, todos estos pronunciamientos han contado con el voto particular del bloque conservador, que ha pasado a ser minoría desde la renovación del órgano en la que Conde-Pumpido asumió la presidencia. La nueva composición de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores evidencia una fractura que prevé prolongarse hasta nuevo cambio de ciclo y que genera especial desasosiego en el sector minoritario, que denuncia una politización del órgano y un respaldo sin fisuras a todas las normas socialistas.
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