España

El TC estudia en su próximo Pleno si el Govern vulneró la Constitución con las fianzas del procés

El tribunal de garantías también delibera el 8 de octubre sobre una nueva tanda de recusaciones planteadas contra Conde-Pumpido y el bloque progresista

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El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para abordar en el Pleno de la semana que viene un nuevo recurso relacionado con la deriva del procés. En concreto, los magistrados entrarán en el fondo del recurso interpuesto en septiembre de 2021 por Vox contra la creación por parte de la Generalitat de Cataluña de un fondo que sirvió para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas a los líderes del procés.

Fuentes del tribunal de garantías confirman a Vozpópuli que el recurso, interpuesto por más de 50 parlamentarios de Vox, se estudiará en el Pleno del próximo 8 de octubre. En concreto, los doce magistrados analizarán la ponencia del recurso, que ha recaído en el conservador César Tolosa.

Precisamente, todas las cuestiones relacionadas con el procés -y, especialmente, la amnistía- han provocado una auténtica fractura en el seno del TC que, prácticamente en la totalidad de decisiones de calado, se acaba de dividiendo en siete votos del sector progresista, frente a los cinco que constituyen los conservadores.

Las fianzas del procés en el Tribunal de Cuentas

En este caso, la cuestión a examen no es baladí, puesto que se pone sobre la mesa si la creación de un fondo para avalar las fianzas del procés vulneró la Constitución. El Decreto-ley 15/2021, de 6 de julio, determinó la creación del Fondo Complementario de Riesgos que se dotó con 10 millones de euros para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas impuso a los líderes del procés en la causa abierta en el máximo órgano fiscalizador.

Cabe recordar que el tribunal de garantías celebró una vista el pasado mes de noviembre por el desvío de fondos públicos para costear el 1-O y las acciones de los independentistas en el extranjero. Entre los demandados se encontraban los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras y una treintena de exaltos cargos más.

Tribunal de Cuentas

La aprobación de la amnistía se produjo en paralelo a la redacción de la sentencia, por lo que la misma está suspendida, a la espera de que se resuelva sobre la constitucionalidad de la polémica ley. De hecho, este órgano fue el primero en mover ficha tras la aprobación de la ley y planteó una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la amnistía, puesto que la misma puede afectar también a los intereses europeos.

Ahora el TC da el primer paso para abordar el recurso de Vox contra la creación del fondo, desde donde se sufragaron las fianzas interpuestas por el Tribunal de Cuentas. La formación que lidera Santiago Abascal actuó tras hacer lo propio el Partido Popular, que también recurrió la iniciativa de la Generalitat.

Recusación del bloque progresista del TC

El gobierno autonómico impulsó en julio de 2021 la creación de este fondo para presentar unos avales que terminó rechazando el Tribunal de Cuentas. La cobertura legal pretendía cubrir parte de la fianza de 5,4 millones de euros que les impuso el órgano fiscalizador, aunque no aclaraba de qué partidas iba a obtener estos fondos.

Vox llevó este asunto al TC alegando que no pararía hasta que los tribunales dieran respuesta a la presunta malversación del procés. En su recurso solicitó que se declarase inconstitucional el decreto y que se dejara sin efecto, especialmente después de que el propio Tribunal de Cuentas declinara dar por válidos los avales de la Generalitat.

Además de este recurso, el Pleno estudiará también una nueva tanda de recusaciones planteadas contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados María Luisa Segoviano, Inmaculada Montalbán y Juan Carlos Campo. La ponencia de dicho recurso ha recaído, también, sobre César Tolosa.

Por otro lado, el Pleno estudiará también el incidente de recusación interpuesto por el Partido Popular contra Conde-Pumpido, a través de la ponencia de María Luisa Balaguer. Precisamente, la deliberación sobre la cascada de recursos de la amnistía ha puesto el foco en todas las recusaciones planteadas en el Pleno.

De momento, el TC ya ha dado luz verde a la petición de Juan Carlos Campo de apartarse de todos los recursos relacionados con la amnistía puesto que él, en su condición de ministro de Justicia, firmó las resoluciones de los indultos a los líderes del procés, y en las que se determinaba que la amnistía era inconstitucional.

El Pleno del 8 de octubre

A esta abstención se suman las recusaciones planteadas contra el presidente del TC; contra Laura Díaz (quien ostentó un alto cargo en Moncloa antes de aterrizar en el tribunal) y contra Campo. Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía, han enfrentado la batería de recusaciones a este bloque actuando contra José María Macías.

El exvocal del CGPJ, que acaba de llegar al TC, está en el punto de mira de ambos entes -y también de Carles Puigdemont- que tratan de apartarle también de este debate por sus votos a favor de dos pronunciamientos del Poder Judicial en los que se determinó que la amnistía era claramente inconstitucional.

Se trata de un movimiento que, a tenor de algunas voces del TC, corresponde a una estrategia para reducir el minoritario bloque conservador y conseguir que la amnistía salga adelante de manera más holgada. Con la abstención de Campo, el sector progresista se quedaba en seis votos y el conservador en cinco.

Para evitar este resultado o incluso un posible empate, se habría actuado contra Macías. El sector conservador da por hecho que el mayoritario del Tribunal Constitucional impondrá su predominio para apartarle, de manera que este bloque quedará reducido al inicial de cuatro magistrados.

Con todo, además del recurso por las fianzas del procés y de las recusaciones, el Pleno del próximo 8 de octubre prevé estudiar la Ley 1/2022 de Cataluña que recuperaba las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y, también la Ley 19/2022 que dotó por primera vez al Mar Menor de personalidad jurídica para personarse en procedimientos.

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