La decisión unánime de los magistrados del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la investidura a distancia de Carles Puigdemont obliga al candidato de Junts per Catalunya a regresar a España y entregarse a la justicia si quiere ser investido este martes presidente de la Generalitat de Cataluña.
En un Pleno extraordinario sin precedentes, que comenzó este sábado a las 13:30 horas y finalizó pasadas las 21:00 horas, los magistrados acordaron suspender, incluso antes de decidir si admiten el recurso del Gobierno central, las resoluciones del presidente y de la Mesa del Parlament que permitían la investidura de Puigdemont.
De esta forma, el Constitucional impide que mientras siga vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión de Puigdemont, el expresident pueda ser investido pde forma telemática, delegando su voto en otro diputado o incluso mediante su presencia furtiva en el Parlament.
Los magistrados consideran imprescindible por ello que Puigdemont acuda personalmente a la Cámara catalana y que para ello obtenga previamente la autorización del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
En manos de Llarena
Así, el Constitucional pone en manos de Llarena, que ya denegó a Oriol Junqueras el permiso para recoger el acta de diputado, la decisión de permitir a Puigdemont acudir a la investidura del martes para poder ser investido.
El Pleno también acordó suspender también la posibilidad del voto delegado de los otros fugados desde el extranjero, por lo al igual que con Puigdemont también tendrán que entregarse a la Justicia española.
Sin embargo, los magistrados del Constitucional han decidido posponer su decisión sobre el recurso del Gobierno con el fin de pronunciarse previamente sobre las dudas de admisibilidad planteadas por los diputados electos de Junts per Catalunya (JxCat). Para ello, todas las partes disponen de 10 días de plazo para formular sus alegaciones.
La decisión del Pleno se adoptó después de que el magistrado encargado de la ponencia sobre la admisión a trámite del recurso, Juan Antonio Xiol Ríos, iniciara su intervención proponiendo no admitir la petición del Ejecutivo de Mariano Rajoy de impedir la investidura de Puigdemont.
Esta intervención obligó a los magistrados a consensuar una decisión, que salva la intención del Gobierno central de impedir que el candidato de los independentistas sea nombrado presidente de la Generalitat desde Bruselas.
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