El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para dar respuesta a la amnistía del Gobierno. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido admitirá a trámite en el Pleno de esta semana la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo y, tras ello, aceptará la renuncia de Juan Carlos Campo. De esta forma, se dará prioridad al alto tribunal antes de abordar la cascada de recursos interpuestos por el Partido Popular y siete comunidades.
En las últimas horas, el TC ha registrado una avalancha de recursos interpuestos por el PP y siete comunidades, que cuentan ya con ponente designado. Fuentes del tribunal de garantías consultadas por Vozpópuli explican que dichos recursos de inconstitucionalidad se estudiarán de manera separada y tras analizar la cuestión planteada por el Tribunal Supremo.
Fuentes fiscales precisan, además, que la Fiscalía se pronunciará en relación a la cuestión promovida por la Sala Segunda, pero no sobre los recursos de inconstitucionalidad. Hasta el momento han movido ficha el Partido Popular y las comunidades de Andalucía, Madrid, Cantabria, Galicia, Murcia y Aragón (que han interpuesto dos) y Castilla-La Mancha. Se trata de autonomías gobernadas por el PP, a excepción de la última, que dirige el socialista Emiliano García-Page.
La abstención de Campo con la amnistía
Esta batería de recursos se pone a la cola de la cuestión promovida por el alto tribunal en julio al considerar que la amnistía que impulsó el PSOE vulnera el principio de igualdad. Así pues, el Tribunal Constitucional, con sus 12 miembros al completo tras el reciente nombramiento de José María Macías, estudiará el encaje de la ley a tenor de un un recurso a un condenado por delito de desórdenes públicos ocurridos en Girona tras la sentencia del procés.
Antes de admitir la cuestión (cuya ponencia ha recaído en el magistrado Ricardo Enríquez) el Pleno abordará la abstención de Juan Carlos Campo. El magistrado ha pedido apartarse de las deliberaciones sobre la amnistía por expresar en los informes de los indultos a los líderes del procés que era "claramente inconstitucional". El exministro de Justicia también determinó en 2019, durante una intervención en un programa de televisión, que contravenía la Carta Magna.
De esta forma, y a tenor de lo contemplado en el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -que permite las abstenciones cuando se ha tenido un interés directo en el pleito- se prevé que el tribunal que preside Conde-Pumpido acepte sin fisuras la solicitud. La retirada de Campo restará un voto al sector progresista, que quedará con seis votos a favor de la amnistía, frente a cinco de los conservadores (que suman uno más tras la llegada de Macías) y que votarán en contra de la misma.
Al respecto, las fuentes jurídicas consultadas precisan que Pumpido cerrará filas con el bloque progresista para evitar que la cifra baje de seis. Son muchas las voces que ponen el foco en el conservador Macías y apuntan a una posible recusación por sus declaraciones contra la amnistía mientras era vocal del CGPJ. El nuevo miembro del TC, por su parte, ha dejado claro que no tiene intención alguna de apartarse.
Pumpido frenará las recusaciones a su bloque del TC
De la decena de recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el TC en las últimas horas, tres de ellos incluyen la recusación del presidente del órgano, del exministro del PSOE Juan Carlos Campo y de Laura Díez, esta última por su cargo como directora del Ministerio de Presidencia de Bolaños, que abandonó para incorporarse al tribunal de garantías.
Se trata de solicitudes planteadas en el recurso del Partido Popular y de los interpuestos por los gobiernos de Isabel Díaz-Ayuso (Madrid); de Alfonso Rueda (Galicia); y de Juanma Moreno (Andalucía). La petición de apartarles del debate sobre la amnistía se abordará muy probablemente en el próximo Pleno a finales de mes o ya en octubre, de acuerdo con las fuentes consultadas. Se espera que ninguna de ellas prospere ya que Conde-Pumpido hará uso de su mayoría para frenar cualquier intento de romper la hegemonía progresista.
De hecho, no se espera sorpresa alguna en la deliberación de estos recursos en el TC, donde la minoría conservadora da por hecho el aval del órgano a la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, la respuesta que se dé a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo marcará el camino del resto de recursos interpuestos por las autonomías del Partido Popular. La ponencia de admisión del primero de ellos -interpuesto por la formación conservadora- ha recaído sobre José María Macías.
Los magistrados Laura Díez y César Tolosa serán los ponentes de los dos recursos planteados por Aragón; Juan Carlos Campo el ponente del recurso de Cantabria; la progresista María Luisa Segoviano redactará la ponencia del recurso de Madrid y Concepción Espejel será la ponente del interpuesto por el Gobierno de García-Page.
Pendientes del TJUE
Enrique Arnaldo será ponente del planteado por Galicia; Ricardo Enríquez del recurso del Gobierno de Juanma Moreno y los magistrados Ramón Sáez y María Luisa Balaguer resolverán sobre los dos planteados por Murcia.
Además del TC, la amnistía también se va a estudiar en Europa. En paralelo a la tramitación que se aborde en nuestro tribunal de garantías, el TJUE estudiará también dos peticiones formuladas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional. La primera de ellas se centrará en la aplicación de la amnistía en el marco de la causa abierta en el órgano fiscalizador por los gastos del procés.
De hecho, el Tribunal de Cuentas paralizó la sentencia por el desvío de fondos públicos al procés, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva acerca de si la amnistía vulnera o no el derecho comunitario. En ese sentido, apeló en su cuestión prejudicial a la afectación que esta ley produce en los intereses europeos.
Y, en último lugar, el TJUE también hará lo propio con el terrorismo del procés. Aunque parecía que no iba a haber consulta sobre este delito, toda vez que la Audiencia terminó dando carpetazo a la causa de Tsunami por no haberse prorrogado en tiempo, se ha terminado recurriendo al TJUE en el marco de las diligencias abiertas contra los CDR.
Este procedimiento está pendiente de juicio y su cuestión abre la puesta a que Europa se pronuncie sobre un asunto tan determinante como es el encaje que tiene la amnistía de los delitos de terrorismo en el ordenamiento europeo.
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