El Tribunal Constitucional va a deliberar el próximo lunes 5 de junio sobre los recursos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. La Sala Segunda del tribunal de garantías -compuesta por seis miembros- estudiará si admite o no trámite los recursos de amparo de los expresidentes andaluces y de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez por sus condenas en la trama de los ERE.
Así lo confirman fuentes del Constitucional a Vozpópuli, las cuáles avanzan que el resultado será positivo y, por tanto, se admitirán a trámite los recursos de los antiguos líderes del PSOE andaluz. La fecha de esta nueva deliberación se fijó a primera hora de este lunes; es decir, antes de conocerse el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales para el 23 de julio.
Con todo, no es la primera vez que se convoca esta deliberación. La misma Sala ya fijó fecha para abordar los recursos de Griñán y los otros dos condenados por los ERE. En concreto se incluyó en el orden del día del 22 de mayo; es decir, a seis días de los comicios autonómicos y municipales de este pasado domingo.
Prisa con el recurso de Griñán
El revuelo generado, teniendo en cuenta que el Constitucional no suele abordar asuntos de índole político en plena campaña electoral, propició una corrección, de manera que se postergó su estudio para después del 28-M. Fuentes internas del TC insisten en que se tuvo que corregir ante las críticas, mientras que otras defienden que el orden del día en el que se fijaba el 22 de mayo como fecha de deliberación era solo un borrador que nunca devino oficial.
Sea como fuere la cuestión, de no haber cambios de última hora, se fija para el próximo lunes 5 de junio. Los seis miembros de esta Sala Segunda no van a entrar en el fondo del asunto; esto es, si se vulneran o los derechos de los tres exlíderes del PSOE con la condena de los ERE; sino que se estudiará el primer paso, relativo a la admisión a trámite de sus recursos de amparo. Las fuentes consultadas por este diario dan por hecho un resultado mayoritario favorable a su admisión a trámite.
La Sala la preside la progresista Inmaculada Montalbán (vicepresidente del tribunal de garantías) y la conforman los progresistas María Luisa Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel y Laura Díez Bueso y los conservadores Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa.
De esta forma el TC se pronunciará sobre el recurso de amparo de Griñán, mientras la Audiencia Provincial de Sevilla sigue estudiando si acuerda su ingreso en prisión o no a raíz de la enfermedad que padece. El órgano le condenó en noviembre de 2019 a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación en el conocido como caso ERE. Una condena que el Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de julio al considerar que dictó resoluciones en favor de los beneficiados por esta trama a sabiendas de las irregularidades que se estaban produciendo.
Último informe forense
Tras adquirir firmeza la condena, la Audiencia de Sevilla activó el mecanismo para su ingreso en prisión. La defensa de Griñán ha tratado de paralizar su entrada en la cárcel aduciendo al cáncer que padece y recurriendo también al Tribunal Constitucional, donde interpuso recurso de amparo. Sin embargo en estos meses se han ido solicitando informes periciales antes de tomarse ninguna decisión.
El último de ellos se acaba de incorporar a este procedimiento. El mismo, elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) recomienda que el tratamiento de cáncer que padece se trate fuera de prisión. La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado traslado del documento a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días.
Al respecto la Fiscalía Anticorrupción trasladó el pasado mes de noviembre que se oponía a la suspensión del ingreso en prisión de cerca de una decena de condenados, entre ellos Griñán. Antes de pronunciarse sobre su enfermedad, el Ministerio Público apeló a la gravedad de los delitos por los que fueron condenados (prevaricación y malversación de caudales públicos) y también al hecho de que el Tribunal Supremo había confirmado de manera íntegra la condena de la Audiencia de Sevilla.
Anticorrupción apeló entonces a la comisión del delito de prevaricación y dijo que la "corrupción política y administrativa y la desviación de poder" eran incompatibles con un estado democrático de derecho en el que deben prevalecer principios como "igualdad ante la ley, control del poder público y corrección en la actuación administrativa".
Del mismo modo el Tribunal Constitucional también deliberará sobre los recursos de Manuel Chaves y de Magdalena Álvarez, a quienes el Supremo confirmó la condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. El fallo del alto tribunal expuso que los condenados dispusieron de cerca de 700 millones de euros públicos de forma arbitraria y que, en lo que respecta a Chaves, contaba con información acerca de cual era el destino de los fondos.
La sentencia plasmó que el expresidente andaluz y también exministro del PSOE tuvo conocimiento que se estaban alterando estos subsidios que concedía la Consejería de Empleo. En lo que respecta a Magdalena Álvarez, concluyó que a ella también se le debía mantener la condena porque fue conocedora del cambio de presupuesto en 1998 para facilitar los subsidios ilegales de los ERE en su condición de Consejera de Economía y Hacienda; cargo que ejerció hasta 2004, cuando aterrizó en el Ministerio de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
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