La suspensión del Pleno convocado por el Tribunal Constitucional (TC) para estudiar la reforma de Pedro Sánchez no garantiza al Gobierno que llegue al Senado. El recurso interpuesto por el Partido Popular contra la tramitación en las Cortes se estudiará el lunes sin que se descarte que se pueda acordar la medida cautelarísima que se solicita. De esta forma, aunque cuenta con el plácet del Congreso, el Pleno todavía tiene en su mano la facultad de frenar parte de esta reforma del Código Penal.
De hecho, esta opción ganaba adeptos a primera hora del jueves cuando 11 de los 12 miembros del TC se reunieron para estudiar el recurso del PP. Sobre la mesa se encontraban, además, las alegaciones presentadas a última hora del miércoles por PSOE y Podemos. Los socios de Gobierno quieren ingresar en la causa y también, en el caso de la formación morada, recusar a dos magistrados (incluido el presidente Pedro González Trevijano) por afectarles de manera directa la reforma de Sánchez.
Sin embargo, la votación no salió adelante por expresa petición del bloque progresista. Fuentes del tribunal de garantías confirman a Vozpópuli que la magistrada María Luisa Balaguer planteó a primera hora que necesitaban que el Pleno se retrasara para poder estudiar no solo las alegaciones de los socios de Gobierno sino también el recurso de Vox que tuvo entrada a primera hora de ayer. El presidente González-Trevijano accedió a la solicitud y decidió postergar el Pleno para mediodía.
Negativa a votar
Sin embargo, llegada la hora, los cinco miembros del sector progresista dejaron claro que no votarían porque el asunto era muy complejo y de una relevancia indudable. Alegaron que si la votación convocada de urgencia seguía adelante, no participarían. Ello llevó al presidente a suspenderlo hasta el lunes ya que no podría conseguir el quórum necesario para dar respuesta al recurso de amparo. Eso sí, previamente se les pidió que lo plasmaran por escrito para que quedara claro que no estaban dispuestos a votar.
Escrito de los magistrados by Vozpopuli
La ardua jornada de este jueves mostró la división existente en un Tribunal Constitucional que afronta un debate determinante para la legislatura de Pedro Sánchez. Además, evidenció por donde discurrirá la negociación el próximo lunes, cuando se retome la cuestión y se ponga sobre la mesa la ponencia del recurso. La misma ha recaído sobre Enrique Arnaldo y, según confirman las fuentes del órgano, sería partidaria de admitir a trámite la medida cautelarísima.
De hecho, no se descarta que la ponencia en cuestión reciba el apoyo del resto de miembros que integran el actual TC. Ello denota la importancia del asunto ya que, de prosperar, parte de la reforma de Sánchez no seguiría adelante. El PP recurrió dos enmiendas a la reforma del Código Penal relativas, por un lado, a la modificación de votación de candidatos del CGPJ al TC y, por otro, a la supresión de la facultad que ha tenido hasta ahora el Constitucional de estudiar la idoneidad de los candidatos.
Un Pleno dividido
De dar luz verde a la cuestión planteada por el PP estas enmiendas quedarían fuera de la tramitación de la reforma, que tiene como eje troncal la derogación de la sedición. En el Tribunal Constitucional saben que este un asunto especialmente complejo e inédito (ya que no se suelen recurrir normas en tramitación parlamentaria), pero también son conscientes de que al recurso de amparo se tiene que responder con carácter de urgencia. No se trata de un recurso de inconstitucionalidad sino de una medida que se adopta ante la vulneración de derechos fundamentales.
Las recusaciones planteadas por Podemos no tendrían por qué estudiarse antes de abordar el recurso del PP ya que todavía no son parte de esta causa
Visto lo ocurrido este jueves se espera el lunes un Pleno especialmente espinoso en el que puede producirse cualquier escenario. Hasta entonces los miembros del tribunal de garantías tienen tiempo para estudiar la abundante documental que obra en esta causa. Entre ella se encuentran los escritos interpuestos por el PSOE y Podemos. Los socios de Gobierno entienden que la petición del PP supone una injerencia sin precedentes del Constitucional en la actividad parlamentaria, pero conviene recordar que la norma afecta también al propio tribunal de garantías.
Por su parte, Podemos va más allá y quiere que del estudio se aparten el presidente González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. Se trata de dos de los cuatro miembros cuyo mandato está caducado. Al ser los que nombra el Gobierno quedarían afectados directamente con esta reforma ya que, de salir adelante, ambos serían inmediatamente sustituidos por las propuesta del PSOE: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez.
¿Qué pasará el lunes?
Las fuentes consultadas explican que todos estos asuntos se tratarán el lunes. Ahora bien, nada hace pensar que primero se aborden las recusaciones ya que, el recurso pide medida cautelarísima. La misma implica que se estudie inaudita parte, es decir, sin dar audiencia a las otras partes. De hecho, todo apunta que primero se resolverá el recurso y luego la petición de los dos socios de Gobierno, incluida la solicitud de recusación a estos dos magistrados.
El PSOE mantiene que la suspensión de la votación de la reforma vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. "Una injerencia de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde adelantando, mediante medida cautelar, una resolución de fondo que de darse, podría constatarse posteriormente", reza el recurso.
Se refiere el partido que lidera Pedro Sánchez a que se debería esperar al trámite e interponer recurso de inconstitucionalidad cuando la reforma haya salido adelante. Sin embargo, el PP y Vox inciden en que este es un recurso de amparo interpuesto al considerar que la tramitación en el Congreso (y especialmente en la Comisión de Justicia) ha vulnerado sus derechos.
Esgrimen, al igual que hizo el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, que se han vulnerado sus derechos como diputados ya que a esta reforma se han presentado enmiendas que recogen asuntos de calado (como la rebaja de la malversación, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la que regula al propio TC) y de las que no han podido participar ya que se han adherido a posteriori.
Sobre este punto se pronunciaron los letrados del Congreso el martes avisando que las dos enmiendas que ahora denuncia el PP podrían ser ilícitas al no tener nada que ver con el objeto troncal de la reforma, que es la derogación de la sedición. Precisamente estas son las enmiendas sobre las que tiene que resolver el Pleno del TC. La primera de ellas modifica el actual sistema que rige en el CGPJ para elegir a sus candidatos al TC y la segunda retira la facultad que tiene el Constitucional de estudiar si éstos son o no idóneos.
La reforma de Sánchez lo que busca es que el Gobierno pueda nombrar a sus propuestas sin tener que esperar al CGPJ. Por ello modifican la Ley para que la renovación pueda hacerse por sextas partes y no por tercios y también el sistema de elección de vocales en el órgano de gobierno de jueces.
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