El Tribunal Constitucional ha arrancado pasadas las 13.00 horas el estudio sobre el recurso del PP contra la tramitación en el Congreso de la reformad el Gobierno. El Pleno extraordinario convocado por el presidente Pedro González-Trevijano ha tenido que dilatar su celebración para estudiar primero las alegaciones planteadas por el PSOE y por Podemos que piden personarse en la causa.
Fuentes del tribunal de garantías explican que este trámite ha dilatado el estudio del recurso que abordan un total de 11 de los 12 miembros del TC. Esto es así porque, además de los escritos, la formación morada ha planteado la recusación del presidente y también del magistrado Antonio Narváez por ser dos de los cuatro mandatos caducados que nombra el Gobierno. Podemos sostiene que esta votación les afecta de manera directa porque implica su salida del tribual de garantías y la entrada de Juan Carlos Campo y Laura Díez, las dos propuestas del Ejecutivo.
De esta forma, la celeridad con la que el Ejecutivo quiere reformar el Código Penal se ha visto empañada ante el recurso interpuesto por el PP contra dos aspectos muy concretos de esta reforma que ya analiza el Pleno del actual Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que el trámite en cuestión es cuanto menos inaudito. Rara vez el tribunal de garantías ha tenido que resolver sobre la petición de medidas cautelarísimas en relación a un procedimiento legislativo. Sin embargo, la trascendencia de los cambios que quiere aprobar el Gobierno y la polémica generada durante su tramitación ha llevado al principal partido de la oposición a pedir al TC que tome cartas en el asunto.
La adopción de la medida cautelarísima -opción que prácticamente se descarta- implicaría la inédita paralización de la tramitación de la norma en el Congreso. En concreto, el PP ha presentado recurso de amparo contra los acuerdos en los que se admiten a trámite las enmiendas para su incorporación a una reforma que en un principio se ceñía a la derogación del delito de sedición.
Dos enmiendas polémicas
Así pues, de prosperar su petición quedaría en punto muerto los dos aspectos más polémicos de la reforma de Pedro Sánchez que casualmente también contaron con la advertencia de los letrados del Congreso este pasado martes durante su trámite en la Comisión de Justicia. Se trata de la enmienda que modifica el régimen de nombramientos de magistrados del CGPJ y la que suprime el examen de idoneidad que desde su creación realiza el Tribunal Constitucional a los candidatos propuestos.
La oposición sostiene que las enmiendas añadidas nada tienen que ver con la ley para derogar la sedición. Se centran en la que modifica los nombramientos del CGPJ y la que suprime el examen de idoneidad del TC
Los populares argumentan que se ha hecho un uso fraudulento de la admisión a trámite de estas enmiendas, primero porque son inconstitucionales y segundo porque ninguna de ellas guarda conexión con el texto de la proposición de ley que se pretende aprobar. Se trata de un reclamo que el vicesecretario de Ciudadanos, Edmundo Bal, puso sobre la mesa durante la Comisión de Justicia que se reunió a primera hora del martes a puerta cerrada.
De hecho, según las fuentes consultadas por este medio, el diputado advirtió de que la adhesión de estas enmiendas lesionan los derechos de los diputados a participar en la elaboración de las leyes (artículo 23 de la Constitución) ya que no han podido transaccionar cambios de calado que se han introducido 'a posteriori'. Entre ellos se encuentran la reforma de la malversación al dictado de lo pactado con ERC o también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno pueda nombrar ya a sus propuestas al Constitucional sin tener que esperar al CGPJ.
Aviso de los letrados del Congreso
Precisamente, las letradas del Congreso advirtieron al inicio de la Comisión que había una serie de enmiendas del PSOE que "no guardan relación alguna" con la proposición de ley. No obstante, ni el aviso ni la petición de los partidos de la oposición evitó que la Comisión aprobase la reforma de Sánchez y las enmiendas con las que, además de derogar la sedición, se rebaja la malversación, se modifica la ley que regula al CGPJ y también se retiran facultades al Tribunal Constitucional.
Precisamente dos de ellas van a ser objeto de análisis en el Pleno convocado de urgencia para esta mañana. La primera es la que modifica el régimen de nombramientos del CGPJ. El PP sostiene en su recurso que el cambio legal -que modifica el sistema actual de tres quintos por el de mayoría simple- atenta directamente contra el artículo 159.1 de la Constitución. El mismo establece la composición del TC de 12 miembros y su sistema de elección.
La segunda de la enmiendas modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ya que elimina la potestad que siempre ha tenido desde su creación para verificar la adecuación de los nuevos candidatos. De esta forma, los candidatos del Gobierno (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez) no tendrían que pasar por este trámite.
A todo ello el PP añade que la intención del Ejecutivo de nombrarles ya contraviene "de manera clara" el artículo 159.3 de la carta Magna, que recoge que el tribunal de garantías se renueva por terceras partes cada tres años. Esta redacción, negada por el Ejecutivo en los últimos meses, implica que no puede nombrar a los suyos hasta que el CGPJ haga lo propio. El Consejo tenía que haber elegido a sus dos candidatos antes del 13 de septiembre, pero a día de hoy siguen negociando debido a las divergencias entre vocales conservadores y progresistas.
Desde el PP ven prácticamente imposible la adopción de medidas cautelarísimas que frenen la votación de la reforma, pero califican de éxito que el TC aceptara medidas cautelares
Paradójicamente, las prisas por el Gobierno para renovar el TC han terminado por impulsar que sea el TC actual el que revise todo este embrollo antes de su aprobación exprés. Se esperaba que, de pronunciarse el tribunal de garantías sobre este asunto, lo hiciera una vez renovado y, por tanto, con mayoría progresista y nuevo presidente. Sin embargo, el movimiento del Partido Popular hace que el Tribunal Constitucional que quiere cambiar Sánchez se pronuncie primero en relación a la legalidad de su norma.
"No paraliza pero censura todo"
El PP acudió "in extremis" al tribunal de garantías con el objetivo prioritario de frenar la votación de este jueves. Desde la formación conservadora asumen que las cautelarísimas contra la maniobra de Sánchez "son prácticamente imposibles". No obstante, los populares calificarían de "éxito rotundo" que el TC aceptara las cautelares: "No paraliza nada, pero censura todo".
En ese sentido, fuentes de la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados explican a Vozpópuli que, después de lo ocurrido en la Comisión de Justicia, tenían "claro" que tenían que presentar recurso de amparo "aún siendo conscientes" de que "es muy difícil que el TC paralice un trámite parlamentario". Sin embargo, quedarían "más que satisfechos" si el Constitucional acepta las cautelares contra la reforma de Sánchez: "La decisión condicionará la votación de este jueves y, sobre todo, la del próximo martes 22, día de la Lotería, en el Senado".
Los diputados del PP contactados avisan que el partido "se volcará" exigiendo al Gobierno que paralice la tramitación parlamentaria, aunque los populares asumen que no habrá esta reacción por parte de Moncloa: "Estamos hablando de un Ejecutivo bunkerizado, que se protege pese a los posibles varapalos judiciales y cuyo único objetivo es la supervivencia del presidente hasta las elecciones", precisan.
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