Madrid y Managua viven un momento de tiranteces diplomáticas después de que el Gobierno de Daniel Ortega acusase a España de "intromisión" e "injerencia" en sus asuntos internos, debido a las valoraciones que hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores español sobre la decisión adoptada por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua de anular la personalidad jurídica del partido de la oposición Ciudadanos Por La Libertad. El ministro José Manuel Albares ya ha llamado a consultas a la embajadora española en Nicaragua, tal y como señala su departamento en un comunicado.
Exteriores afirmó en una nota de prensa que la decisión adoptada por el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua está "muy alejada de las recomendaciones de la OEA y la UE", y criticó "la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre": "El Gobierno de España insta, una vez más, al Gobierno de Nicaragua a que libere sin demora a los actores políticos detenidos, devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos de la oposición y que detenga la represión".
El Gobierno de Nicaragua arremetió duramente contra este comunicado y afirmó que se trataba de una "inadmisible intromisión" en sus asuntos internos. También puso en duda la "autoridad moral" de España y criticó su "cínica y continua intromisión, injerencia e intervención". Asimismo recordó los "graves temas pendientes" en España y citó "los llamados Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) que mancharon para siempre a España con responsabilidad sobre crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados".
La respuesta de España a Nicaragua
La respuesta de España no se ha hecho esperar. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y critica las "graves e infundadas" acusaciones del Gobierno de Nicaragua.
"El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales", señala Exteriores en un comunicado.
A juicio del departamento que dirige Albares, Nicaragua atraviesa una "profunda crisis política, económica y social" que se ha agravado por el "recrudecimiento de la represión por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega".
"Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre -señala el comunicado-, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados".
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