Varios empleados del departamento de Seguridad de Repsol han comparecido ante el magistrado del caso Villarejo para esclarecer si conocían los encargos y si fallaron los controles internos. Los testigos se han desligado por completo de los negocios privados del policía asegurando que rara vez la petrolera recurría a empresas de espionaje ya que tenía su propio departamento de investigación. Por ello, han considerado que este contrato de cuya legalidad sospecha Anticorrupción, debió ser excepcional.
El pasado mes de mayo el magistrado acordó tomar declaración a seis testigos clave del caso, tal y como adelantó este diario. Lo hizo a petición del Ministerio Público, el cual puso el foco en la responsabilidad penal de Repsol y Caixa tras apuntar que el contrato y los pagos a Villarejo se saltaron la normativa interna. Antes de acordar ninguna diligencia de calado, el instructor decidió escuchar primero a estos seis testigos, de los cuáles cuatro pertenecen a la dirección de seguridad. Los otros dos -que están citados para este jueves- son la directora de auditoría de Repsol, Isabel Moreno Salas y Rubén Benavent, en calidad de asesor externo de Caixabank.
Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por Vozpópuli explican que los testigos (Blas Pérez, Juan Carlos Corisco Domínguez y Santiago Cuadro) se han desvinculado del entramado empresarial del espía. La Fiscalía solicitó su comparecencia en la causa porque sus nombres aparecieron en el informe del chief compliance officer de Repsol. El posterior forensic de KPMG vino a confirmar que Blas Pérez y Fernando Marco (también citado pero que no ha podido comparecer) tuvieron acceso a parte de los documentos remitidos por Cenyt en relación al encargo de espionaje de 2011 relativo a la figura de Luis del Rivero.
Correos bajo sospecha
Los fiscales aludieron a la existencia de una serie de correos electrónicos intercambiados entre octubre de 2011 y febrero de 2012 en los que se adjuntaban tarjetas de visita de Villarejo, informes de seguimiento del encargo (bautizado como Proyecto Wine) o documentos con comentarios relativos a este trabajo. Incluso apuntan a la existencia de una comunicación que Mañas remitió a Pérez y al exnúmero dos de seguridad, Rafael Girona (imputado en la causa) con información sobre la denominada operación Malaya. Los investigadores sostiene que Villarejo quiso implicar al expresidente de Sacyr en este caso de corrupción.
Preguntados por estas evidencias, los empleados del área de seguridad han precisado que no les constaba que se hubiera recurrido a empresas externas de inteligencia puesto que la petrolera ya cuenta con un departamento de investigación. Al respecto han precisado que solo recurren a detectives cuando se trata de un asunto interno. En relación a los correos analizados por el forensic, Pérez ha matizado que desconocía que Repsol había contratado al Grupo Cenyt y que no sabía que el comisario Villarejo estuviera detrás de esta firma.
No conocían al comisario
Su trabajo, siempre según la versión prestada a puerta cerrada, consistió en verificar en Internet si lo contenido en los informes que les avances que les remitía el entramado del espía coincidía con la información contenida en fuentes abiertas. Se trataría pues de una verificación de datos que le ordenó Girona, subordinado del entonces jefe de seguridad, Rafael Araujo. El propio Araujo reconoció en su interrogatorio del pasado mes de diciembre junto con el que fuera jefe de seguridad de Caixa, Miguel Fernández Rancaño, que la contratación se gestionó desde este área sin saber que Villarejo era un policía en activo.
Blas Pérez ha precisado que lo que le pidieron sus superiores es que confirmase si la información que iba recopilando Villarejo era correcta o, por el contrario, deficiente. Se trataron, pues, de trabajos de análisis de documentación pero siempre en fuentes abiertas y sin que apareciera el nombre en los papeles ni de Villarejo ni de otro de los grandes protagonistas de esta causa, el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño. Al respecto ha dicho que tampoco tuvo conocimiento alguno de que el espía habría actuado al margen de la Ley, bien fuera controlando llamadas y otros datos confidenciales.
El encargo -que inicialmente se presupuestó en cerca de un millón de euros- tenía como objetivo controlar de cerca los movimientos de Del Rivero toda vez no había conseguido su propósito de asaltar el capital de la petrolera en una acción sindicada con la mexicana Pemex. De hecho, este intento de hacerse con un tercio de las acciones de Repsol (y también de controlar su negocio en el extranjero) precipitó su salida de la presidencia de la constructora; lo que hizo saltar las alertas en Repsol ante la sospecha de que podría actuar contra Brufau y, en menor medida, contra Fainé.
El foco en Repsol y Caixa
Así lo explicaron en sede judicial tanto los antiguos jefes de seguridad de ambos entes como los propios presidentes, también imputados en esta pieza número 21. El magistrado consideró que había indicios más que suficientes para implicarles a tenor de lo recogido en los informes de compliance, así como en los audios recogidos en un informe policial y relativos a un encuentro a tres bandas entre Araujo, Fernández Rancaño y Villarejo a finales de 2011. En el mismo manifestaron al comisario la preocupación latente en la cúpula de Repsol y Caixa por este asunto. Sin embargo, los dos altos cargos negaron por completo estar al tanto de la contratación del proveedor o incluso conocer la situación profesional del comisario jubilado.
Un extremo que confirman ahora los empleados de la dirección de seguridad. Y ello pese a que Anticorrupción insiste en que, al figurar en copia de muchas comunicaciones internas, tuvieron que conocer los pormenores de este encargo que se llevó a cabo controlando las llamadas telefónicas y datos de carácter confidencial de Del Rivero y de su familia. Igualmente destacaron algunas conclusiones de los informes de auditoría interno, por los que se les preguntará mañana a los testigos que restan por comparecer.
De acuerdo con los mismos, esta gestión se apartó de los protocolos de actuación de la petrolera porque se fraccionaron las facturas (pese a tratarse de un mismo encargo) y porque el gasto lo autorizó Araujo y no fue aprobado por la dirección corporativa de gestión patrimonial. Además, dice que tampoco se cumplió la normativa al adjudicar este servicio a un proveedor no cualificado. Respecto al informe de Caixa (elaborado por Rubén Benavent) destaca "irregularidades" tales como que no hubo contrato por escrito y que no describieron los conceptos reales en las facturas. Tanto Benavent como Isabel Moreno explicarán estos extremos en su turno este jueves ante el juez instructor.
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