El caso del 'tito Berni' seguirá investigándose en los tribunales al menos medio año más. La magistrada al frente de las pesquisas ha prorrogado la instrucción ante la cantidad de diligencias pendientes de celebrar sobre las actividades de esta presunta red de corrupción. En el foco de los investigadores se encuentra el análisis de más de 90.000 movimientos bancarios y también lo contenido en los terminales telefónicos.
La titular del Juzgado de Instrucción de número 4 de Tenerife ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha alargado la causa, al menos, hasta enero del año que viene. Según argumenta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el principal motivo reside en todo el material incautado por la Policía y requerido por diferentes órganos -como la Agencia Tributaria- que hace necesario su estudio.
Así, por ejemplo, en lo que respecta a documental bancaria de los principales imputados, la juez recuerda que se han efectuado un total de siete mandamientos a los bancos desde marzo del año pasado hasta este mes de junio. Vigilancia Aduanera ha informado que, hasta el momento, se han tratado los datos de 170 cuentas corrientes, lo que supone más de 90.000 movimientos bancarios que deben ser escrutados.
Las piezas secretas de 'tito Berni'
Y ello sin mencionar las cuentas bancarias que forman parte de las piezas secretas que se investigan en el caso Mediador. "Sobre el análisis individual de las cuentas recibidas, ya se ha comunicado la existencia de circunstancias que hacen imposible la emisión de informes definitivos, y no solo por la cantidad que de información que se ha estado recibiendo, sino por la actualización constante de datos de carácter relevante", reza la magistrada.
Se refiere al análisis de las cuentas bancarias de los principales imputados, muy especialmente del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias 'tito Berni') y del mediador de la trama, Antonio Navarro Tacoronte. De hecho, la Policía pudo acreditar que el exparlamentario ingresaba en las cuentas de las empresas que administraba montantes de empresarios que recurrían a ellos para conseguir tratos de favor en la Administración Canaria.
Hasta el momento se han tratado los datos de 170 cuentas corrientes, lo que supone más de 90.000 movimientos bancarios que deben ser escrutados, sin contar con los de las piezas secretas
Consta, por ejemplo, que estos efectuaban siempre un primer pago de 5.000 euros, considerado como peaje económico, que iba a las arcas de tito Berni. El rastro de las cuentas asociadas a los imputados llevó a los agentes a identificar presuntos testaferros del mediador (entre ellos un exedil de Coalición Canaria) que figuraban como administradores de cuentas de la trama. Tirando del hilo descubrieron además posibles operaciones con criptomonedas con el supuesto dinero ilícito obtenido.
Del mismo modo, se localizaron abonos de empresarios que participaron en fiestas con prostitutas y drogas y también del dueño de la firma que regentaba la sala donde solían reunirse. Se trata de Sergio de Frutos Gouth, quien no solo cobró por las fiestas de la trama en pandemia, sino que también giró abonos a sus cuentas. Por estos hechos, la juez le imputó a él y a una nueva tanda de personas a las que finalmente interrogará en septiembre.
Los móviles de la trama
La juez enumera en su auto de prórroga un total de 103 cuentas bancarias que pertenecen a la rama política de la red y a los particulares implicados en los hechos. Se trata, en su mayoría, de ganaderos y empresarios del sector fotovoltaico que buscaron reducir sanciones y obtener subvenciones del Gobierno canario gracias a la influencia de 'tito Berni' y de su sobrino Taishet Fuentes, ambos exdirectores generales de Ganadería.
En paralelo al análisis bancario, se estudian los modelos tributarios de estas empresas y también sus expedientes. Esto último ocurre con Alberto Montesdeoca, de quien sospecha que consiguió eliminar una sanción por no justificar fondos europeos gracias a una actuación de Fuentes dentro del área de Ganadería. Tanto es así que la juez imputó por estos hechos a dos cargos en activo en el Gobierno canario y, tras citarles a declarar, ha ordenado el estudio de sus correos corporativos en una pieza secreta.
Sin embargo, otra de las aristas de esta causa es el gran volumen de material incautado en los teléfonos móviles que todavía quedan por analizar. Al obtenido del mediador se suman otros 2,16 terabytes incautados en los dispositivos de ocho investigados. Se tratan de los empresarios Alberto Montesdeoca, Antonio Bautista, José Suárez (el Drones), el mediador, Raúl Gómez Rojo, Taishet Fuentes y los también empresarios María Inmaculada Roca y Esteban Banús.
Comparecencias en septiembre
"Se hace necesario volver a recordar el enorme volumen de datos al que se ha tenido que enfrentar esta instrucción", precisa la magistrada María de los Ángeles Lorenzo Cáceres. Sobre los terminales incautados, asegura que el análisis de cada uno "conlleva un gran período de tiempo" y todo ello dilata todavía más las gestiones que se tengan que realizar del resultado que arrojen las pesquisas.
Así pues, el conocido como caso del 'tito Berni' seguirá centrado en el análisis de todo el material incautado, mientras que, en paralelo, se tomará declaración a los nuevos implicados que todavía no han podido desfilar por el juzgado tinerfeño. Se trata de cuatro testigos más (todos ellos cargos del Gobierno canario) y una tanda de nuevos imputados que comparecerán entre los días 13 y 21 de septiembre.
En calidad de testigos declararán el exjefe de Servicio de Reintegro de Subvenciones de la Secretaría Técnica, Guillermo José Diego Romero; el jefe de servicio de Registros, Industria y Bienestar animar de la Dirección General de Ganadería, Antonio Manuel Cardona Romero y, por último, al técnico de dicha Consejería Pedro Peláez Pérez.
A ellos se le suma la Interventora General del Gobierno de Canarias, Natalia Elisa de Luis, cuya comparecencia prevista para el pasado 12 de julio se tuvo que suspender. Como imputados comparecen el ya investigado Sergio de Frutos y cuatro nuevos citados: Cristian Mauricio y Gemma de los Ángeles (ambos receptores de una transferencia enviada por uno de los empresarios de la trama) y Maximilano Miguel Poveda Sierra y Jesús María Pérez Spinola.
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