Los agentes de la comisaría de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife que registraron una denuncia por un supuesto fraude por valor de 2.575 euros difícilmente podrían imaginar que ese era el punto de partida para levantar uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos, que sacude los cimientos del Congreso de los Diputados. Aquella estafa fue el hilo del que se desprende una densa investigación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que conduce a algunas de las figuras que más titulares han acaparado en las últimas semanas: el mediador, tito Berni o un general del Instituto Armado, entre otros. Los investigadores sospechan que esto no es más que la "punta del iceberg"... y el caso ya sacude la estabilidad del Gobierno canario y arrastra la sombra de la sospecha por los pasillos de las Cortes.
Enero de 2022. Un individuo se presenta en la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un rostro reconocible debido a su cargo público: Ángel Luis Pérez Peña, director de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Dice que en fechas recientes ha sufrido varios cargos fraudulentos en su cuenta bancaria que ascienden a 2.575 euros y presenta una denuncia por los hechos.
Según detalla la Fiscalía en el escrito incorporado al sumario de la causa, se abrió una investigación a partir de la denuncia presentada por el director de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Tras las pertinentes comprobaciones se comprobó que el origen de esos cargos conducía a otro individuo, de nombre Marco Antonio Navarro Tacoronte; a la postre, el mediador de la trama y citado como investigado por la juez.
En su declaración en sede judicial, Navarro Tacoronte esgrimió que Pérez Peña era perfectamente conocedor de los pagos y que los consentía, al formar parte de una práctica habitual en la que el propio Tacoronte intervenía como representante de determinadas autoridades o altos cargos "a cambio de la entrega de dádivas, regalos o pagos". Todo ello, a cargo de empresarios que buscaban beneficios públicos o tratos de favor por parte de la Administración.
El volcado del teléfono
Navarro Tacoronte afirmó que tenía pruebas para demostrarlo. Y, "debidamente asistido por su letrado" -siempre siguiendo el escrito de la Fiscalía-, se prestó a volcar el contenido de su teléfono móvil ante el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Los investigadores no sólo pudieron comprobar la veracidad del relato de Navarro Tacoronte, sino que descubrieron la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermediarias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública" y "otros beneficios derivados del sector público".
Sus pesquisas, unidas a los escritos de la Fiscalía, conforman un sumario de más de 2.200 páginas, que según los agentes no son más que la "punta del iceberg"
A partir de esas pesquisas, los agentes desglosaron la trama en dos grupos diferenciados. Por un lado, los representantes públicos, con el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -apodado tito Berni- en la "cúspide" y con una participación destacada del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas -Papá o El Viejo-. Por otro, los empresarios que supuestamente habrían accedido al pago de mordidas para acceder a esos beneficios. Y, en medio, Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, cuya figura da nombre al caso.
La Policía Nacional y Guardia Civil abrieron las correspondientes investigaciones para determinar cómo se gestó la trama y las posibles ramificaciones. Sus pesquisas, unidas a los escritos de la Fiscalía, conforman un sumario de más de 2.200 páginas, que según los agentes no son más que la "punta del iceberg" y que, por el momento, se extienden más allá de nuestras fronteras, incluidos varios países de África en los que se rastrea posible patrimonio del general de la Guardia Civil.
Las supuestas mordidas se sustanciaban mediante ingresos financieros a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, que presidía tito Berni. Y las gestiones se articulaban en torno a visitas al Congreso de los Diputados o a la Dirección General de la Guardia Civil -los representantes públicos proyectaban una "apariencia de poder" ante los empresarios-, así como en fiestas nocturnas en Madrid, entre las que había prostitutas, drogas o viagra, entre otros.
Las implicaciones políticas
Un escándalo que sacude el Congreso de los Diputados, toda vez que el PSOE se ha visto obligado a dar explicaciones sobre la actuación de Fuentes Curbelo y la oposición ha registrado una batería de iniciativas que acorralan al Ejecutivo. El caso también salpica al Gobierno canario, ya que el mediador manifestó sus vínculos con el presidente del ejecutivo regional, el socialista Ángel Víctor Torres, así como con el líder del Partido Popular canario (PP), Manuel Domínguez.
La situación procesal de los investigados ha sido un punto de fricción entre la Fiscalía Anticorrupción y la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres. El único detenido que permanece en prisión provisional es el general de la Guardia Civil. El Ministerio Público no reclamó esta medida para el tito Berni y la magistrada no pudo decretar su ingreso en la cárcel.
"En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para estimar responsable criminalmente de los delitos que se les imputan, al no haberse solicitado la prisión provisional procede decretar su libertad con la sola obligación apud acta de comparecer ante este juzgado", expuso la juez en un duro auto con mensajes directos hacia la Fiscalía. Una decisión controvertida de Anticorrupción que no ha sido la única en este proceso abierto.
Registro en el Congreso
La Policía Nacional solicitó a la jueza tener luz verde para registrar el despacho en el Congreso de los Diputados del tito Berni. La Unidad de Delitos Tecnológicos quiere acceder "sin restricciones y de manera exclusiva" a cuanto material atesore el exparlamentario. La Fiscalía Anticorrupción expresó sus reticencias.
Con todas estas polémicas de fondo, las diligencias del caso siguen dando pasos hacia el total esclarecimiento de los hechos. En las próximas semanas, la jueza tiene pensado citar en sede judicial a "testigos claves", como avanzó en el auto en el que dictó el ingreso en prisión de general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Pedirá que empresarios, ganaderos y funcionarios públicos pasen por su despacho para tomarles declaración al igual que los miembros de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), a la que ya ha enviado un requerimiento.
La magistrada también ha propuesto el clonado y el estudio de múltiples dispositivos y demás efectos intervenidos en los registros practicados a Francisco Espinosa. Lorenzo-Cáceres advierte que algunas de las pruebas pueden verse afectadas o destruidas "ante el potencial de las relaciones personales" de este general. Por todo ello, este agente retirado es el único que permanece en prisión. Otros miembros importantes de la organización, según los investigadores, como el tito Berni, su sobrino o Tacoronte, se encuentran en la calle.
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