La magistrada al frente del caso del 'tito Berni' ha ampliado su encargo a la Agencia Tributaria para que investigue a la red por delitos relacionados con corrupción. La instructora de la trama Mediador ha dado instrucciones de que incluya en sus pesquisas, además de los delitos iniciales de cohecho y tráfico de influencia, otros de más gravedad como prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo organizado.
En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres explica que esto es resultado de un año de investigación a la docena de imputados que figuran en la trama y entre los que se encuentran el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni'. Al hilo indica que este nuevo catálogo de delitos se explica ante la necesidad de analizar nueva documental que en el arranque del procedimiento no se pudo recabar al estar bajo secreto de sumario.
La magistrada, que no descarta ampliar el número de imputados a tenor de las conclusiones que aporten estas nuevas diligencias, encarga también a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que elabore un informe técnico sobre los expedientes que se han requerido hasta el momento y que están pendientes de recabar de la Dirección General de Agricultura y Ganaderías, ente este último a cuyo frente estaba el también imputado y sobrino del 'tito Berni', Taishet Fuentes.
Delitos cometidos por funcionarios
"De la investigación hasta ahora practicada es necesario ampliar el objeto y el ámbito de actuación del auxilio judicial recabado del Servicio de Vigilancia Aduanera (de la Agencia Tributaria) a investigar como los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo organizado, estafa y cualesquier otros delitos relacionados con la corrupción y/o cometidos por funcionarios y/ cargo público en el ejercicio de sus funciones, como delito de revelación de secretos o negociaciones prohibidas", recoge el auto fechado el 2 de mayo.
Se han recabado mayores indicios respecto de otros empresarios, actualmente investigados o por investigar, además de indicios de otros delitos públicos con diligencias que hasta ahora no se podían practicar por estar bajo secreto de actuaciones Auto de la juez
La juez, que actúa con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, alude a todos los nuevos documentos que se han ido adhiriendo desde que arrancó esta causa a raíz de una denuncia del exdirector insular de Deportes del Cabildo, Ángel Pérez Peña. Su denuncia acerca de que le cargaron en su tarjeta pagos no consentidos por valor de 2.575 euros, dio pie a la apertura de una causa de corrupción que ha salpicado a políticos y empresarios de Canarias y ha sacudido incluso al Congreso de los Diputados.
Los agentes constataron rápidamente que el titular de la tarjeta revolut con la que se realizaron los gastos era Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias el mediador de la trama. Éste, lejos de negar los hechos, confirmó los gastos y no solo eso sino que puso a disposición de los investigadores sus móviles desde los cuáles rápidamente se descubrió la existencia de una trama que salpicaba a políticos del PSOE y a empresarios insulares y que se dedicaría a falsear expedientes y subvenciones a cambio de mordidas de empresarios de las islas.
Futuras imputaciones
La juez recuerda en su auto que, a tenor de esos indicios iniciales, la causa se abrió por los delitos de cohecho y tráfico de influencias pero que el escenario ha cambiado. "Tras un año de investigación se han recabado mayores indicios y respecto de otros empresarios e investigados, actualmente investigados o por investigar, y sus empresas y otros presuntos autores, además de indicios de otros delitos públicos y relacionados en el ámbito de la corrupción, con diligencias que hasta ahora no se podían practicar por estar bajo secreto de actuaciones", indica.
Se refiere la magistrada a los expedientes que acaba de requerir a empresarios, así como las inspecciones del Seprona, lo que hace que sea necesario ampliar el objeto del auxilio que se ordenó en marzo de 2022 a la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Cabe recordar que solicitó todo este material ante la sospecha de que la rama política de la red habría coaccionado a ganaderos de las islas amenazándoles con inspecciones de la Guardia Civil para que, a cambio, les pagaran comisiones que canalizaron a través de una asociación de Fuentes Curbelo.
A todo esto se añade también la documental recogida del despacho del Congreso de los Diputados del 'tito Berni' y también el material incautado en su domicilio tras su detención el pasado 20 de febrero. Tal y como informó este medio, la magistrada mantiene este último lote de documentos en una pieza separada bajo secreto pese a que la defensa del exdiputado socialista ha intentado hasta en dos ocasiones acceder a las actas policiales del registro.
Encargo a la IGAE
En lo relativo a los empresarios, la juez solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que propusiera las diligencias de investigación que considerara necesarias en orden a recabar los expedientes administrativos que afectan a la ganadería Rosa de la Madera (de la que es administrador Julián Santa Bárbara Pérez Alonso) y Las Pocitas, esta última controlada por Raúl de San Pablo Martínez.
Esta decisión se concretó tras la declaración de ambos empresarios. Tanto Pérez Alonso como San Pablo Martínez fueron citados hace dos semanas en los juzgados de Tenerife. El primero lo hizo como imputado y el segundo como testigo. En ambos casos la trama del tito Berni habría intervenido para ayudarles con sus problemas con la Administración. El expediente a la ganadería Rosa de la Madera hace mención a "las irregularidades del terreno donde se asienta" mientras que en relación a Las Pocitas se investiga la devolución de la subvención de 150.000 euros.
Por todo ello la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha decido también requerir auxilio a la IGAE a través de la Subdirección General de Estudios y Coordinación, con el fin de que elabore un informe sobre todos estos expedientes "recabados y a recabar" del departamento que dirigía el sobrino del 'tito Berni'. De los audios incautados a la trama se desprende que coaccionaron a estos empresarios a cambio de pagos de mordidas y de visitas al Congreso que, según los informes policiales, terminaron en fiestas en hoteles con prostitutas y en las que se consumió cocaína y viagra.
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