La juez que investiga la trama del 'tito Berni' da el primer paso para que la Fiscalía Europea investigue si hubo o no desvío de fondos europeos con los negocios de la red. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha librado un oficio al ente europeo para poner en su conocimiento el contenido de esta trama que salpica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El objetivo es verificar su competencia para investigar esta parte de la causa.
Así consta en una escueta providencia de este miércoles, que avanza Vozpópuli, y en la que se dirige al ente que representa Concepción Sabadell de cara a que informe si podría ser competente para rastrear un presunto desvío de fondos europeos por parte de los implicados en el caso Mediador. El movimiento del juzgado tinerfeño se produce apenas una semana después de que la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo solicitara a la Comisión Europea que investigase si ha habido un uso indebido de fondos comunitarios con este asunto.
En su misiva acompañaba varias informaciones de medios españoles, entre ellos una de este diario, que se hacen eco de un presunto uso indebido de las partidas destinadas por la UE tras la pandemia covid. El artículo se publicó el pasado 2 de marzo y hacía alusión a una conversación de los implicados en la trama del 'tito Berni' en la que hablaban de "ir preparando el terreno" para acceder a estas partidas.
"Preparar el terreno"
Así mismo se refleja en el mensaje que uno de los empresarios imputados, Antonio Bautista Prado, alias ‘El Curilla’, envió a Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias ‘el Mediador’ en marzo de 2021. De su contenido se desprende que estaban interesados en los fondos de recuperación destinados para Canarias después la pandemia del coronavirus.
“Durante la segunda mitad del año, llegarán los fondos de recuperación económica a Canarias. Por lo que veo todo el mundo si hay subvenciones se mete, y si no, no. Por eso vamos a ir preparando propuestas para cuando llegue estar listos. Una vez que salen los fondos, dan poco tiempo por que hay que ir preparando el terreno”, aseveraba el mensaje que este empresario remitió a Navarro Tacoronte.
No obstante, esta red dedicada al presunto amaño de subvenciones y ayudas a cambio de mordidas de empresarios, también referenció en múltiples ocasiones su nivel de influencia en la Administración Central de cara a acceder a ayudas no solo europeas sino también de índole estatal y regional.
Proyecto del general en África
Uno de los aspectos que más recelos han despertado desde Bruselas en el caso Mediador es la financiación con fondos europeos del proyecto GAR-SI Sahel, destinado a combatir la inestabilidad en esta región de África, tanto en aspectos de crimen organizado como de terrorismo. El general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, detenido por la trama de supuestas mordidas a empresarios canarios dirigió durante años este proyecto.
En el sumario del caso Mediador, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se recogen varias referencias sobre adjudicaciones en el marco del proyecto GAR-SI Sahel a un empresario de la trama, José Suárez Estévez, conocido con el sobrenombre de ‘el drones’ por el ámbito de su actividad societaria. En concreto, Suárez Estévez se hizo con al menos tres contratos para suministros de equipamientos en Mali, Níger y Mauritania.
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), que gestiona el proyecto GAR-SI Sahel sostiene que además de esos tres contratos, la empresa de ‘el drones’ fue adjudicataria de otro proyecto no relacionado con GAR-SI Sahel, por valor de 174.000 euros: “Por otra parte, la empresa ASD SL se ha presentado a cuatro licitaciones adicionales de drones/contradrones de la FIIAPP en las que no resultó adjudicataria”, sostienen desde este organismo.
Pese a ello, tanto la Policía Judicial como Anticorrupción sospechan que el general de la Guardia Civil imputado en la causa pudo haber cobrado comisiones por mediar en estas licitaciones y que podría tener patrimonio oculto en dichos países de África. Por ese motivo, el juzgado tinerfeño encargó a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) el rastreo de posibles bienes en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde.
El papel de la Fiscalía Europea
Así pues, ahora la Fiscalía Europea tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de la juez del caso 'tito Berni'. Se trata de un órgano de reciente creación (comenzó a funcionar en España en 2021) y su cometido reside principalmente en la investigación de actuaciones dentro de España sospechosa de desvío de fondos europeos. En ese contexto, el órgano del que es representante Concepción Sabadell ya ha llevado a cabo varias investigaciones relacionadas con la compra de material sanitario en plena pandemia.
Una de ellas afectó al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que otra se ciñe en un presunto desvío de 4 millones de euros para la compra de material sanitario en Canarias. El asunto se siguió en un juzgado de Las Palmas pero se terminó derivando a este ente. Se la da circunstancia de que uno de los principales imputados por este asunto, el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo. también se ha visto salpicado por la trama del caso Mediador ya que, según las conversaciones, habría intermediado para favorecer a empresarios de la trama.
Vox rechaza la acusación popular conjunta
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife decidió unificar en una sola acusación particular a todas las entidades que solicitaron personarse en el caso 'Mediador'. Se trata de los partidos PP, PSOE, Vox, Fuerza Canaria, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris).
La defensa de Vox ha presentado un recurso de reformar ante el auto de la jueza. "Debemos mostrar disconformidad con la decisión adoptada, por cuanto es no existe la más mínima convergencia de intereses entre las partes acusadores que pudiera justificar tal decisión". Para el abogado del partido de Santiago Abascal supone una "limitación del derecho de defensa de esta parte" porque algunas de estas formaciones, en referencia al PSOE, "podría llegar a concurrir una contraposición de intereses".
Vox defienden que con su personación buscan proteger los "intereses colectivo" y su recurso está fundamentado en sentencias del Tribunal Supremo, según el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y que ha sido presentado este jueves ante la magistrada.
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