La juez del caso 'tito Berni' ha ordenado a la UDEF que recabe de la Consejería de Agricultura del gobierno canario los expedientes solicitados por el juzgado después de constatar que se enviaron en un CD vacío. La magistrada ha denunciado que esta documental no la puede remitir una de las personas investigadas, como ha ocurrido, y le ha advertido que podría imputarle también delito de obstrucción a la Justicia.
La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha librado urgente oficio a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para que adopten las medidas oportunas en relación a los expedientes de empresarios que el juzgado va recabando en este procedimiento penal. "En modo alguno pueden ser preparados para su remisión por una de las partes investigadas, dado que no garantiza como ha ocurrido la remisión íntegra de las actuaciones a investigar", dice.
Al respecto, explica que este material se ha enviado en un "DVD vacío" y que de esta actuación se aprecian "nuevas figuras delictivas a adoptar", tales como obstrucción a la Justicia. Así pues, vuelve a pedir a este área del gobierno canario que le facilite las actuaciones y oficia a la UDEF para que lleve a cabo la diligencia, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los expedientes de 'tito Berni'
La funcionaria que se ha encargado de remitir este material es la jefa del Servicio de la Dirección técnica de la Viceconsejería del sector primario, Estefanía González Núñez. La juez que investiga a la red del 'tito Berni' le imputó hace apenas unas semanas junto con el viceconsejero del sector primario de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany, por presunta prevaricación y revelación de secretos.
Los investigadores sospechan que estos dos altos cargos del gobierno canario habrían intermediado para facilitar que uno de los empresarios de la red, Alberto Montesdeoca, lograra el archivo de una sanción de 74.099 euros por no haber justificado la subvención que recibió de fondos europeos.
Los expedientes a recabar en modo alguno pueden ser preparados para su remisión por una de las partes investigadas (...), pues, tal y como ha ocurrido, la documentación ha sido remitido en un DVD vacío pudiendo apreciarse obstrucción a la Justicia
La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se sumaran a la cerca de veintena de imputados en el procedimiento apuntando que, a través de conversaciones y comunicaciones transcritas, se apreciaba una intervención de estos dos actuales cargos del Gobierno canario en la trama de tito Berni. La misma revestía indicios de los delitos arriba mencionados y también de posible malversación de caudales públicos.
Al hilo, la Policía Judicial pidió permiso a la magistrada para que autorizara su acceso a los correos corporativos de los dos cargos ahora imputados. Anticorrupción no se opuso a la diligencia; más bien al contrario, entendió que era pertinente ya que en estas comunicaciones que ahora se pretenden recabar se apreciaría un "concierto previo" dirigido a reducir una sanción que se seguía en un procedimiento abierto en la Consejería de Agricultura y que afectaba a Montesdeoca, también imputado en la causa.
"Datos sensibles" en los correos
En concreto, sostiene que las comunicaciones probarían la existencia de un plan que pasaba por aludir a la prescripción de la sanción, "como así se produjo", para poner fin al expediente sancionador. "Lo cierto es que con carácter previo a la finalización del expediente y a pesar de existir una propuesta inicial que graduaba la sanción como grave, se acordó la prescripción de las actuaciones", reza la Fiscalía.
Los imputados, por su parte, se negaron a la diligencia. En un reciente escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife, expusieron que la remisión de los correos haría que salieran a la luz "datos sensibles", dada la publicidad de la causa. Además, también denunciaron que no existe proporcionalidad, ya que la cédula de imputación se refería a revelación de secretos, tráfico de influencias y prevaricación y la Fiscalía añadía en su último oficio malversación de caudales públicos.
A mayores, los dos nuevos cargos imputados solicitan que, primero de todo, les escuche la juez en sede judicial. Su interrogatorio se había fijado para la última semana de junio pero la instructora del conocido como 'caso Mediador' suspendió la citación a petición expresa de su defensa letrada.
De esta forma, la causa que nació por presunta estafa y cohecho con expedientes en la Administración Canaria salpica a funcionarios en activo de las islas. Hasta la fecha la juez había imputado como cabecillas de la parte política al exdiputado Fuentes Curbelo (bautizado por los imputados como 'tito Berni') y a su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes. Los agentes sostienen que integraron una red que percibió mordidas y dádivas de empresarios insulares a cambio de que éstos, aprovechando su influencia en el gobierno canario, les ayudaran con sus expedientes, sanciones y subvenciones.
Información financiera de la red
La magistrada ha recabado recientemente información de Hacienda sobre los movimientos bancarios de las cuentas que controlaba Marco Antonio Navarro Tacoronte (el mediador) a la par que ha solicitado información financiera de medio centenar de personas y empresas. Entre los nuevos objetivos de los investigadores se encuentra Sergio de Frutos Gouth.
Se trata del administrador de la sociedad que regenta una de las salas epicentro de las fiestas donde una noche de abril de 2021 algunos de los imputados (entre ellos 'tito Berni') llegaron a dejarse cerca de 11.000 euros. La magistrada imputó a este empresario al detectar envíos de dinero al Mediador un día antes de la fiesta en la taberna La Carmela que celebró la trama en abril de 2021. De Frutos estaba citado para este miércoles 12 de julio, pero la magistrada ha reagendado las citaciones pendientes dejando la del empresario en el aire a la espera de que se persone en las diligencias.
En lo que respecta a Fuentes Curbelo y a su sobrino, les citó para una declaración ampliatoria el pasado 29 de junio. Ambos políticos del PSOE se acogieron a su derecho a no declarar, si bien se sometieron a la prueba caligráfica ordenada por el juzgado. En el caso de tito Berni se hizo para comprobar si estuvo implicado en la ayuda de uno de los empresarios de la trama.
Al respecto, la Policía ha sentenciado en un reciente oficio que tanto el exdiputado del Congreso como su sobrino tuvieron "interés y quehacer" por ayudar al ganadero Montesdeoca. Precisamente la resolución de su expediente sancionador ha provocado la imputación de los dos cargos del gobierno canario.
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