La juez de Tenerife que investiga la trama del 'tito Berni' ha atendido parcialmente la petición de la Policía Nacional de requisar las pertenencias del exdiputado del PSOE en el Congreso de los Diputados. La magistrada que dirige el caso Mediador ha dirigido un oficio a la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, en el que pide que la Secretaría Técnica entregue a la Policía todos los efectos de Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
La titular del juzgado de instrucción número 4 de Tenerife mueve ficha después de que la Policía solicitara la semana pasada el registro del despacho de 'tito Berni', cabecilla de esta presunta trama de corrupción que sacude al PSOE. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la medida y propuso que, en su defecto, se incautaran todos sus dispositivos con el visto bueno de la Secretaría General del Congreso.
Ahora, la magistrada se pronuncia y pide autorización para poder requisar todo el material del exdiputado canario del PSOE. En el supuesto de que Batet colabore aportando todos sus dispositivos, se autoriza al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional a que estudie todo el material incautado y realice un informe pericial del contenido del mismo. El objetivo es determinar si hay más pruebas que le incriminen en esta causa por presunto amaño de subvenciones y ayudas públicas y que salpica a más de una decena de parlamentarios del PSOE.
"Líder de la organización criminal"
La magistrada -que se refiere al exdiputado socialista como "líder de la rama política de la organización criminal"- explica que tras el análisis de todo lo incautado en los registros se solicitó a la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados información sobre los efectos que pudieran existir en el despacho que acaba de abandonar el bautizado como 'tito Berni'. La cámara baja respondió que, efectivamente, todavía quedaba documentación y "efectos personales", así como un ordenador de sobremesa.
Al igual que apuntó Anticorrupción, la magistrada recuerda el artículo 66.3 de la Constitución, según el cual "Las Cortes Generales son inviolables. De ahí que, antes de ordenar un registro policial del despacho, pide autorización a la presidenta de la cámara baja. Ahora bien, tiene claro que es importante acceder a la documental de su despacho porque "los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas".
Los hechos delictivos superan la barrera de las meras conjeturas. Entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción
"Entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal", explica. Se refiere la juez a las pesquisas practicadas en el marco del caso Mediador y que salpican, además de al 'tito Berni', a su sobrino Taishet Fuentes (exdirector general de Ganadería canario), al mediador Antonio Navarro Tacoronte o al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
¿Qué busca la Policía?
Los indicios que obran contra el exdiputado Fuentes Curbelo (entre ellos los pagos de empresarios canalizados a través de su Asociación Deportiva Vega de Tetir, los audios y conversaciones incautados y las confesiones del mediador) hacen necesario acceder a su ordenador y demás documentación que atesoraba en la cámara baja. Sin olvidar que esta institución también fue escenario de la trama ya que llevaban a los empresarios imputados de visita para cerrar los acuerdos. La fiesta seguía en los burdeles y en hoteles con drogas y prostitutas.
"Se hace necesario acordar el análisis de los instrumentos de comunicación telefónica y dispositivos de almacenamiento de información digital a los repositorios telemáticos de datos, la nube, correos electrónicos y redes sociales, así como a la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales, notariales, tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada", reza el auto.
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