La trama de corrupción que salpica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo ('tito Berni') también resultó premiada con la Lotería. Del sumario de la causa se desprende que los imputados se intercambiaron algún boleto ganador de la ONCE en un gesto que la Policía sospecha que trataría de ocultar el ingreso de dinero de origen ilícito. En ese contexto, uno de los imputados llegó a decirle a otro: "El boleto se puede meter directamente hasta los 35.000 euros sin pasar por Hacienda".
Así se desprende de la documental que obra en el sumario del caso Mediador, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, según la cual los imputados habrían recurrido a esta técnica para poder ingresar presuntas comisiones. Los agentes se hacen eco tanto del boleto premiado que se intercambiaron entre ellos como de los mensajes en los que el mediador de la red, Antonio Navarro Tacoronte, envió a uno de los empresarios para indicarle cómo debía efectuar el cobro.
Así, en los meses de abril y mayo de 2021 el mediador y el empresario Alberto Montesdeoca (de la Mercantil Montesdeoca) están hablando acerca de cómo cuadrar facturas de las actividades de la trama. En ese contexto, el mediador le remite un boleto de la ONCE premiado con 35.000 euros. Junto con el documento le envía también el número de cuenta bancaria para que indique donde efectuar el ingreso.
"Pon de concepto 'lotería'"
"El boleto se puede meter directamente hasta los 35.000 euros sin pasar por Hacienda", le dice uno de los empresarios salpicados en la red del 'tito Berni' y añade: "Cuando vayas a ingresarlo pon el concepto". Se trata de uno de los múltiples mensajes que los implicados en el caso Mediador se enviaron para gestionar las partidas en B que cobraban de empresarios canarios. Los mismos accedían a pagar el "impuesto revolucionario" que imponían los presuntos cabecillas a cambio de tratos de favor ante la Administración.
De hecho, en las comunicaciones de aquellos meses no solo hablan del boleto de lotería, sino también de otras formas que tenían para financiarse. Destacan las tarjetas prepago virtuales. Los investigadores han detectado que tanto el mediador como otros imputados las cargaban con saldo de cuentas ligadas a este primero e iban disponiendo del dinero. "Con el uso de las mismas se consigue que las compras efectuadas no se registren en la cuenta bancaria de la que emana el dinero", reza la Policía.
Al respecto, la magistrada que investiga estas diligencias en Tenerife sostiene que esta presunta "estructura criminal" no solo percibía comisiones de empresarios a cambio del amaño de adjudicaciones y retirada de sanciones, sino que también habrían blanqueado parte de los beneficios. Por todo ello les imputa delitos de cohecho, blanqueo, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.
"El impuesto revolucionario"
El movimiento de dinero en esta causa de corrupción era continuo. Para empezar tenían que abonar un primer pago de 5.000 euros los empresarios que quería conseguir el favor de los imputados. Los cabecillas se referían a él como "impuesto revolucionario". El que decidía las empresas a las que beneficiar era el exdiputado canario del PSOE a quien se referían como 'tito Berni'. Y la persona que acometería sus órdenes era su sobrino y sucesor al frente de la Dirección General de Ganadería, Taishet Fuentes.
Los desembolsos no se quedaban ahí. Del sumario se desprende que algunos de ellos efectuaron más pagos. Así por ejemplo, el propio Montesdeoca abonó importantes cuantías en metálico y varios bizum para evitar tener que retornar unos fondos recibidos de la Administración y que no había justificado. Sin embargo, estos pagos en B no dieron sus frutos. "Me has engañado. Tengo que devolverlo todo", terminó reprochando al mediador en julio de 2021.
Precisamente, una de las aristas que ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife es la investigación patrimonial de los cabecillas de este caso. Así consta en los autos que dictó la semana pasada en relación a la libertad que ordenó para el tito Berni así como la prisión acordada para el general de la Guardia Civil Francisco Navas Espinosa.
Rastreo de bienes
En el caso del exdiputado del PSOE los investigadores no pudieron rastrear antes sus fondos al tratarse de una persona aforada por su condición de parlamentario. Sin embargo, tras el estallido del escándalo y su forzada salida del Congreso, la juez ha dado luz verde para investigar su patrimonio. Máxime teniendo en cuenta que la sociedad que canalizaba los primeros 5.000 euros de los empresarios era Club Deportivo Vega de Tetir, firma que administra el 'tito Berni'.
En el caso del general la situación adquiere dimensión internacional. Los más de 12 meses en los que ha permanecido en secreto la investigación ha permitido constatar que aprovechó que había sido exdirector del proyecto GAR-SI Sahel para impulsar proyectos de los empresarios de la trama en la zona occidental de África. Los viajes a territorio africano coincidentes con el presunto pago de mordidas de los empresarios estrecharon el cerco en su persona. Incluso se habló de un pelotazo de 35 millones de euros.
La investigación ha evidenciado que la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAAP), que gestiona el proyecto GAR-SI, adjudicó varios contratos públicos al empresario de la trama que vendía drones. Lo habría conseguido gracias a la mediación de Espinosa Navas. Por ello, la juez ha ordenado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) que rastree en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde para esclarecer si el general de la Guardia Civil tiene patrimonio oculto allí.
A ello se añade el requerimiento a la Justicia belga para que informe si, tal y como él mismo confesó en estado de embriaguez a algún imputado, tiene una cuenta bancaria abierta en dicho país para canalizar el desvío de mordidas. Cabe reseñar que, en el registro a su domicilio, los agentes localizaron más de 61.100 euros (en su mayoría escondidos en una caja de zapatos) y también un Excel que reflejaba la contabilidad en A y en B de los contratos de la trama.
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