La Policía amplía el radar de los empresarios salpicados en el caso del 'tito Berni'. Los agentes acaban de pedir a la juez que investiga la trama liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que cite a declarar al empresario Rafael Rodríguez al ser uno de los que habría participado en las visitas al Congreso de los Diputados y en las famosas fiestas de los imputados.
En el oficio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Policía Judicial especifica que "se considera necesario realizar las pesquisas correspondientes" sobre esta persona. Por ello, pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife que le cite para tomarle declaración.
"El empresario visitaría en compañía de Navarro Tacoronte (considerado como el mediador) a Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados en fecha 14 de octubre de 2020 y esa misma madrugada celebraría una fiesta con el mismo a la que acudirían servicios de compañía", reza el escrito. Se trata de visitas que la Policía certificó gracias, en parte, a la prueba gráfica que recopiló el mediador de la trama en su teléfono móvil.
Acudió a "servicios de compañía"
Los investigadores sostienen al respecto que la trama, aprovechándose de la condición de diputado del socialista 'tito Berni', ofreció visitas en la cámara baja a empresarios -en su mayoría ganaderos y del sector fotovoltaico- los cuales les habrían pagado mordidas para conseguir, a cambio, que intercedieran en sus problemas con la Administración. Para ello utilizaban como gancho a Taishet Fuentes, sobrino del tito Berni y entonces director General de Ganadería del Gobierno canario.
La Policía alertó de que tras las visitas al Congreso de los Diputados solían acudir a fiestas en hoteles e incluso a clubes de alterne. En este nuevo informe los agentes determinan que a Rafael Rodríguez no solo le identifican en estas reuniones privadas, sino también en un almuerzo celebrado el 15 de octubre de ese año en el restaurante madrileño La Quinta.
A la reunión acudieron de nuevo el mediador -al que la Policía define como el nexo de unión entre la rama política y la empresarial- y también el general de la Guardia Civil imputado en la causa, Francisco Espinosa Navas. El restaurante era uno de los puntos de referencia de la red del tito Berni, ya que solían quedar en el mismo también con "otros empresarios captados por el grupo criminal".
Los agentes no solo apuntan a este empresario, sino también a otras dos personas implicadas en la organización a quienes la magistrada acaba de imputar. Se trata del exconcejal de Coalición Canaria y taxista, Celedonio Castro Marreo, y a Rubén Fuentes Pérez. La Policía sostiene que ejercieron como 'mulas' del entramado, en tanto figurarían a nombre de cuentas bancarias que se nutrían con transferencias de empresarios.
Las meretrices de la trama del tito Berni
La imputación de estos dos nuevos implicados se produce tras detectar Hacienda que estaban al frente de cuentas bancarias que se abrieron entre 2019 y 2020 -coincidiendo con el inicio de la actividad de la trama- y que habrían gestionado parte de las entregas que efectuaron firmas como Mec Suministra o Asesoramiento y Servicio de Drones; empresa esta última que administra el empresario valenciano José Suárez 'el drones'.
En una de las cuentas bancarias de la trama aparecen cargos de 100 y 400 euros que coinciden con transacciones producidas como pago de los servicios de meretricesOficio policial
De Celedonio Castro la Policía Judicial dice que es un "taxista que hizo las veces de mula financiera" del mediador, mientras que a Rubén Fuentes le presentan como un "intermediario financiero". A nombre de este último se abrió una cuenta bancaria que en realidad controlaba el mediador de la red y que recibió al menos cuatro transferencias "de la organización criminal" por importe total de 22.700 euros.
"De igual manera, recuérdese que en dicha cuenta bancaria aparecen cargos por valor de 100 y 400 euros en fecha de 11 de enero de 2021 que coinciden en tiempo y forma con transacciones producidas como pago por los servicios de meretrices en las reuniones de la organización criminal, y más concretamente producidas cuando se hospedaron Navarro Tacoronte y Taishet Fuentes en el Hotel NH Imperial Playa", desgrana el oficio.
Declaración del tito Berni
Sobre todos estos puntos se podrán pronunciar los dos nuevos imputados, los cuales declaran junto con otros cuatro investigados más entre los días 28 y 29 de junio. Entre este nuevo grupo se encuentran dos cargos en activo dentro del Gobierno canario. Se trata del viceconsejero del sector primario de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany, y de la jefa del Servicio de este departamento, Estefanía Margarita González Núñez.
Además, junto con todos ellos están citados también dos de los principales cabecillas de la trama, el tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes. La magistrada dejó claro que se trata de una declaración ampliatoria -puesto que ya comparecieron en sede judicial tras el estallido de la causa en febrero- si bien en esta ocasión también se les practicará una pericial caligráfica.
Tanto la juez como Anticorrupción han dado impulso a esta causa en la que investigan el presunto cobro de mordidas del entramado a cambio de prometer ayuda a empresarios canarios con sus expedientes y sanciones. En sus últimos pronunciamientos, la magistrada no solo ha ratificado los indicios, sino que ha insistido en que se han incrementado, hasta el punto que recientemente pidió a la Agencia Tributaria que incluyera en su investigación los delitos de grupo organizado y blanqueo.
Precisamente el juzgado se ha dirigido a numerosos órganos como la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE), el Ministerio de Justicia o también Hacienda ante la dificultad de las pesquisas. Este último órgano acaba de informar en el marco de su análisis de las cuentas bancarias de la trama, que pudieron operar con criptomonedas.
Se basa en cuatro cargos que se efectuaron desde uno de los fondos de la red y que fueron a parar a Binance, una de las mayores empresas de intercambio de monedas del mundo. El órgano ha pedido a la juez que le dé luz verde para rastrear por esta vía en aras a lograr determinar el destino final de las presuntas mordidas que cobraron de los empresarios.
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