Nuevo varapalo de Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Administración española. Luxemburgo vuelve a dar la razón a los trabajadores públicos que han sufrido abusos de temporalidad y reconoce que la conversión de interinos en trabajadores indefinidos puede ser una medida válida para sancionar el uso abusivo de contratos temporales en el sector público. La doctrina del TJUE choca de lleno con el fallo emitido hace apenas unas semanas por el Tribunal Supremo.
La sentencia europea despeja gran parte de las dudas propuestas por los tribunales españoles y deja claro que la condición de indefinido no contraviene las normas recogidas por la Constitución. De esta forma, detalla que el hecho de que un empleado público sea declarado indefinido, no le aporta inmediatamente la condición de funcionario sin haber superado unas oposiciones.
El escrito remitido desde Luxemburgo abre la puerta a que alrededor de 800.000 personas, que encadenan contratos temporales con la Administración Pública desde hace años, puedan conseguir un contrato indefinido. Eso sí, la aplicación del fallo del TJUE no será inmediata, los afectados tendrán que luchar en los tribunales o esperar al dictamen de la Comisión Europea, el cual puede tardar años.
Y es que el fallo emitido desde Europa atañe a dos casos concretos de la Generalitat de Cataluña. El TJUE analiza caso por caso, pero su doctrina podrá ser utilizada por otros afectados para ganar sus demandas contra la Administración en los tribunales. Así lo explica a Vozpópuli el abogado Juan Ignacio Navas, del despacho Navas & Cusí Abogados, quien matiza que "el organismo encargado de decretar la infracción del derecho europeo por parte de España" y que establece las pautas a seguir es la Comisión Europea.
De esta manera, para que exista una solución conjunta para todos los afectados tiene que producirse un dictamen del órgano europeo, un proceso que puede tardar años. De igual modo, los trabajadores interinos cuentan con el respaldo del TJUE para batallar su caso particular en los tribunales, una segunda victoria ante Europa que abre la puerta a que en los próximos meses se presenten miles de demandas en los tribunales españoles.
El abogado Luis Suárez entiende que este último fallo pone contra las cuerdas al Estado que tendrá que acordar una solución lo antes posible para evitar lo que será "una lluvia incesante de resoluciones del TJUE obligando a España a acatar" su doctrina, como ha sido el caso resuelto este jueves por el tribunal europeo. Un esfuerzo y gasto procesal que se podrían evitar incorporando nuevas medidas, más allá del proceso de estabilización.
El TJUE avisa: España no cumple los acuerdos de la UE
El fallo considera que España no cumple con el Acuerdo Marco de la UE por el que se establecen medidas de prevención y sanción contra los casos de abuso de temporalidad. De esta forma, el TJUE señala que la mera convocatoria de oposiciones y el pago de una indemnización a aquellos trabajadores interinos que no sean capaces de conseguir una plaza, no son medidas adecuadas ni proporcionadas para acabar con este tipo de abusos. Pide resolver la situación de estos trabajadores lo antes posible y no esperar a que dentro de unos años se abra una nueva convocatoria de oposiciones.
No obstante, el proceso de estabilización del Gobierno seguirá vigente hasta que la Comisión Europea no diga lo contrario. Por lo que todos aquellos trabajadores interinos, en su mayoría que cuentan con la condición de indefinidos no fijos, podrán seguir adelante con este proceso. Según calcula Suárez, habrá unas 200.000 personas que puedan verse beneficiadas en pocos meses por esta vía y aquellas que no lo consigan, podrán llevar su caso a los tribunales.
El plan de estabilización del Gobierno seguirá en marcha
Algo que ha querido dejar claro este jueves el ministro la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, quien ha resaltado que los casos resueltos hasta ahora son casos individuales de temporalidades muy largas. Asimismo, Escrivá ha contestado que las distintas administraciones ya han cumplido con el 75% del compromiso adquirido con los empleados temporales y que habrá que esperar a la diferentes resoluciones judiciales para ver "adaptar nuestro marco de referencia, o no".
Esta nueva sentencia resalta, también, que las indemnizaciones previstas en la Ley 20/2021 tampoco se ajustan a la directiva europea. Por tanto, obliga aplicar el principio de equivalencia entre el sector público y privado, de tal forma, que los preceptos aplicables en el sector público, deberán ser desarrollados también en el sector público.
A la espera del pronunciamiento de la Comisión dirigida por Úrsula Von der Leyen, el TJUE tendrá que resolver -además- otra cuestión prejudicial elevada por el TS el pasado mes de marzo, a fin de unificar la doctrina sobre los trabajadores interinos. Una vez que el tribunal europeo falle al respecto, los tribunales españoles tendrán que acatar su doctrina.
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