La Generalitat que preside Quim Torra ha iniciado una ofensiva judicial contra la cúpula de la Policía Nacional en Cataluña por los hechos ocurridos en los colegios electorales el 1-O. Casi tres años después del referéndum ilegal, los servicios jurídicos del Govern quieren que se impute al jefe superior de Policía en Cataluña, Sebastián Trapote; al jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, Juan Manuel Quintela, y al mando al cargo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), José Miguel Ruiz Iguskiza.
La vía empleada ha sido acudir a uno de los juzgados que investiga denuncias presentadas por votantes del referéndum contra agentes de las fuerzas de seguridad. La Dirección General de Asuntos Contenciosos de la Generalitat presentó el 28 de febrero un escrito al Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que acumula una veintena de piezas abiertas sobre lo acontecido en otros tantos colegios. El Govern, que está personado en la causa, se apoya en un auto de la Audiencia Provincial que abogaba por determinar quiénes fueron los mandos que dieron las órdenes.
Por el mismo motivo, pide citar como investigados también a un total de 28 jefes de Grupo de las unidades de antidisturbios que actuaron aquella fecha y a dos jefes de unidades de Información presentes en los centros de votación. También quiere que se pida a la Audiencia Nacional la declaración que prestó en su día el coordinador único de las fuerzas de seguridad, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, recientemente cesado por el Ministerio del Interior al negarse a informar de la investigación del 8-M.
Rechazo del juez y recurso
La Generalitat también solicitaba el testimonio prestado por el comisario de los Mossos d’Esquadra Ferrán López, el mando que sustituyó al mayor José Luis Trapero durante la aplicación del 155 en Cataluña. Es una de las personas que ha acompañado al ex jefe de los Mossos en el juicio que le ha sentado en el banquillo acusado por sedición. Este miércoles continuó su abogada defendiendo sus conclusiones definitivas en las que pide su absolución. Su tesis es que la Policía y la Guardia Civil buscaron la condena de Trapero para “restablecer su imagen” tras su “fracaso” en el 1-O.
Por el momento las pretensiones de la Generalitat han encontrado el rechazo del juez. Considera "totalmente improcedente imputar a responsables policiales que no estaban físicamente en el lugar de los hechos”, según el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona dictado durante la pandemia al que ha tenido acceso Vozpópuli. Fuentes del Departamento de Presidencia de la Generalitat informan a este periódico de que seguirán adelante con su estrategia.
Contra la decisión del juez cabe la posibilidad de recurrir ante el mismo Juzgado y ante la Audiencia Provincial. “Se está preparando el recurso contra la denegación y la intención es presentarlo los próximos días”, aseguran desde la Generalitat.
"Posibles desviaciones"
El juez Miralles dice que “no consta que nadie diera ninguna orden ilícita a los agentes”. Y añade que “el simple hecho de actuar en un colegio no debe ser considerado delito alguno”. Su investigación, recuerda, se ciñe a “las posibles desviaciones entre el correcto modo de actuar y lo que realmente se realizó”.
En un auto del 1 de abril, destaca que a lo largo de estos tres años han declarado ya los mandos que tenían la posición jerárquica más elevada. “Se ignora también cuál podría ser el motivo para imputar hechos delictivos a los responsables de Información ya que no consta que su actuación sobrepasara sus funciones, las cuáles eran informar de la situación de los colegios antes de la llegada de los agentes e intervenir el material”, dice. El mismo argumento usa para desdeñar la imputación del jefe de antidisturbios.
Son varios los Juzgados en Cataluña que siguen investigando hechos relacionados con el 1-O y las denuncias de ciudadanos contra policías y guardias civiles. Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa ha remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona unas fotografías para que le identifiquen a un agente y dos cabos.
El propio juez Miralles ha citado como investigado a otro agente de Policía en un auto del pasado 12 de marzo. El 2 de abril emitió otro en el que le solicitaba a los Mossos d’Esquadra que identificaran a los agentes responsables de las lesiones producidas a dos denunciantes. En otros casos han citado a votantes del referéndum para visionar imágenes y que puedan señalar a los policías que presuntamente les agredieron hace tres años.
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