La Audiencia Nacional ha lanzado un ultimátum a tres países europeos pendientes de colaborar en la causa de la Torre Cepsa. El magistrado que investiga la venta del rascacielos al jeque árabe Khadem al Qubaisi se ha dirigido a Francia, Holanda y Luxemburgo para recordarles que tienen la obligación de responder al requerimiento del juzgado que sigue el rastro del millonario beneficio que obtuvo el magnate.
El magistrado al frente de las diligencias, José Luis Calama Teixeira, ha emitido tres nuevos autos en los que avisa a estos países que tienen hasta el primer trimestre del próximo año para responder a la Justicia española. Fuentes de la investigación confirman a Vozpópuli que con este movimiento se apela a la obligación legal de dar cumplimiento a las órdenes europeas de investigación dictadas hace casi un año.
Tal y como informó este medio, la causa que investiga la venta de la Torre Cepsa recurrió a estos tres países para tomar declaración a seis testigos clave en la operación, aunque solo Luxemburgo ha dado señales de vida. Previamente, el juzgado había librado comisiones rogatorias a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y a Malasia. La investigación trata de determinar el "beneficio de decenas de millones de euros" que supuso la operación de compra-venta de la Torre Cepsa en 2016.
Seis testigos clave
El testimonio de estos seis testigos es trascendental para poder acotar la venta de la torre que diseñó el arquitecto Norman Foster; de ahí que se les quiera interrogar en persona. De los seis citados, uno reside en Holanda, otro en Francia y los cuatro restantes en Luxemburgo. Se trata de Marc Ambroisien, Reinald Loutsch, Elise Agnes Lethuillier, Sidney Bouvier, Sebastien Dodo y Albert De Haan.
Todos ellos pueden despejar la incógnita sobre cómo financió Al Qubaisi esta operación de compra de la Torre Cepsa y, por otro lado, si cometió blanqueo de capitales con el beneficio superior a los 100 millones de euros que se anotó con la venta en apenas 24 horas. Precisamente este es el objetivo clave de las diligencias que arrancaron en el año 2018 y en el marco de las cuáles figuran como imputados tres empresarios españoles, tal y como desveló este medio.
Entre los seis testigos que quiere interrogar la Audiencia se encuentra el subdirector de un banco suizo que figura también como administrador de la sociedad del jeque árabe
La Audiencia investiga unos hechos que se remontan a finales de 2013 cuando el jeque árabe, entonces presidente de Cepsa, alquiló el edificio de Bankia y trasladó al rascacielos la sede de la petrolera. La operativa contemplaba la opción de compra que se materializó en septiembre de 2016 a través de la sociedad instrumental holandesa Muscari.
Para ello el magnate que llegó a presidir la Compañía Internacional de Inversiones en Petróleo (IPIC) pidió un préstamo puente a Bankinter de 400 millones de euros. Sin embargo, apenas tuvo 24 horas en propiedad el rascacielos ya que lo vendió en tiempo récord por 490 millones de euros a Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega.
Dos transferencias de 55 millones
Anticorrupción investiga la naturaleza de la operativa al sospechar que pudo cometer blanqueo de capitales con los cerca de 100 millones de euros que se anotó de plusvalía, aunque también pone el foco en los movimientos posteriores a la venta. En concreto, sigue el rastro de dos transferencias por importe superior a los 55 millones de euros que salieron desde las cuentas que la sociedad del magnate tenía en Bankinter.
La primera de ellas se efectuó en noviembre de 2016 por importe de 53 millones de euros con destino a Emiratos Árabes, mientras que la segunda se hizo efectiva a principios de 2018 por poco más de un millón de euros a una cuenta abierta en la isla neerlandesa de Curaçao.
Los movimientos llamaron la atención de los investigadores puesto que en ese tiempo Bankinter trasladó al Sepblac que ya había roto relaciones con Qubaisi. El objetivo era desvincularse del magnate que, para entonces, ya estaba siendo investigado por su implicación en el desfalco del fondo soberano Malaysia Development Berhad (1MDB). Se trató de un escándalo mundial con un fraude cercano a los 5.000 millones de euros y que se investigó en varios países, entre ellos Estados Unidos.
La venta de la Torre Cepsa
Al respecto, el testimonio de los seis testigos pendientes de escuchar es determinante ya que pueden arrojar luz sobre la trazabilidad de los fondos que desvió Al Qubaisi. De entre todos ellos destaca Dodo Sebastien y Marc Ambrosien; subdirector y exalto cargo del banco suizo Edmond de Rothschild, respectivamente. El primero de ellos figuró también como administrador de Muscari Investissement S.A, una de las firmas pantalla del jeque implicadas en la operativa.
Además de estos dos cargos los investigadores piden a Luxemburgo poder interrogar a Elise Agnes (que operó a través de una sociedad de Al Qubaisi en la compra de la Torre Cepsa a Bankia) y Reinald Loutsch (exmiembro del Consejo de Administración de Muscari Invest). En Holanda reside Albert De Haan (administrador de Muscari Property) y en Francia Marc Ambroisien, principal persona de contacto entre Al Qubaisi y el banco Edmond de Rothschild.
Todos ellos están vinculados a los tres empresarios españoles del caso, a quienes se les imputó e interrogó por su implicación en la operación. Se trata del presidente y fundador del fondo Corpfin, Felipe de Oriol, y los empresarios Rafael García Tapia y Ramón Merino. La investigación ha acreditado que Oriol y Merino fueron los administradores de Royal Arrow Management, mercantil a la que una firma del jeque árabe transfirió 9,5 millones de euros.
Goiri y Dancausa, los testigos del caso
Tras los imputados el magistrado citó como testigos a banqueros de excepción. Los primeros en desfilar fueron el expresidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y dos exaltos cargos del banco que comparecieron en marzo de 2022 ante el juez. El actual presidente de CaixaBank defendió la venta de la Torre Cepsa que ejecutó Bankia en 2016 pese a que obtuvo 400 millones de los cerca de 800 que pagó por ella en 2007.
Al respecto admitió que vivieron con preocupación la fase final de la venta por las noticias internacionales sobre los escándalos de corrupción que salpican a Al Quabisi, pero defendió la legalidad de la operación y dijo que en aquel momento Bankia tenía que deshacerse de sus activos inmobiliarios a tenor del acuerdo alcanzado tras su nacionalización.
Tras él, en mayo de ese año, compareció la CEO de Bankinter, Dolores Dancausa. La directiva también defendió el papel del banco asegurando que el préstamo de 400 millones siguió todos los cauces internos y fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración.
No obstante, el juzgado ha requerido más documental al respecto y se han interrogado a más cargos de la entidad debido a que la operativa contaba con una advertencia de riesgo reputacional. Cabe recordar que el Sepblac impuso a Bankinter una multa de 8,2 millones de euros (la mayor de la historia del órgano) por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
También han desfilado por la Audiencia Nacional en su condición de testigos el exvicepresidente de la petrolera, Pedro Miró Roig, y el consejero delegado de Pontegadea, Roberto Cibeira. Ambos han negado irregularidad alguna con la operación que ahora pone el foco en Europa.
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