Cataluña y la consulta del 9N no han roto España, pero sí han quebrado a la Fiscalía. Y esa fractura del Ministerio Público es doble: no sólo se ha enfrentado la Fiscalía de Cataluña con el fiscal general del Estado en Madrid por ámbito territorial sino que, además, han chocado el criterio técnico, fijado por la Junta de fiscales catalana con el criterio político dictado por Eduardo Torres-Dulce.
La ruptura se ha oficializado después de que Torres-Dulce ordenara la presentación de una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, y su vicepresidenta, Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia. “El fiscal general del Estado considera que debe formularse querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y así lo ha ordenado hoy", rezaba una nota oficial del organismo ante la que se respondía que "el fiscal superior catalán, José María Romero de Tejada, no lo considera procedente y así se lo ha comunicado a última hora de la tarde de este lunes" a Torres-Dulce.
“El fiscal general considera que debe formularse querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y así lo ha ordenado hoy" argumenta el FGE
Ese choque de trenes entre ambos ámbitos se produce después de dos reuniones de la Junta de Fiscales de Cataluña donde los 9 representantes que la integran habían conformado un criterio ampliamente mayoritario de 7 votos contra 2 para no querellarse contra Mas. La minoría había defendido presentar lo que definían como una “querella de mínimos”. Dos de los fiscales, Martín Rodríguez Sol y Teresa Compte, han conciliado en torno a sí hasta 5 votos más con la tesis de que la convocatoria del 9N no constituía el abanico delictivo que se pretendía y que la defensa del Estado no equivalía a una defensa de las posiciones del Gobierno central.
Ante esa negativa, la Fiscalía General del Estado ha optado por actuar en solitario y presentar una querella contra Mas y Ortega en los términos inicialmente redactados y que los representantes del Ministerio Público catalán se negaron ya a firmar, tal y como publicó Vozpópuli. Para ello, Torres-Dulce ha convocado en Madrid una Junta Extraordinaria de Fiscales de Sala para el próximo miércoles 19 de noviembre, en la que buscará el respaldo a ese paso en los tribunales. La consulta a esa junta aplica el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que establece el trámite del Ministerio Público cuando existen discrepancias internas y aunque no es vinculante sí se ha convertido en necesaria dado que el criterio de Torres Dulce ha sido ya desautorizado por sus subordinados en Barcelona.
Criterio técnico contra criterio político
La segunda fractura que vivirá ahora el Ministerio Público no es ya sólo territorial. El criterio político de una acusación plena contra Artur Mas y su número dos choca con el dictamen técnico de quienes apuestan por limitar el alcance de las acusaciones en cuanto al número de delitos (sólo desobediencia y no prevaricación ni usurpación de funciones) y el número de imputados (sólo el número uno y dos del Govern y no sus consellers de educación, Irene Rigau, o Interior, Ramón Espadaler).
El fiscal superior catalán, José María Romero de Tejada, no lo considera procedente y así se lo ha comunicado a última hora de la tarde de este lunes" afirma FGE
En lo único en lo que las fuentes de la Fiscalía consultadas coinciden es que se presentará de forma inminente tras haber “perdido” una semana intentando recabar el consenso de la carrera fiscal en Cataluña. Se pretende presentar ese texto esta misma semana.
Finalmente, interpretan esas fuentes, “lo que se pretendía plantear como un mensaje de choque con la ley por parte de los dirigentes catalanes se ha convertido en una división más que se extiende ahora al órgano fiscal”.
El “factor Rajoy”
La instrucción del Ministerio de Justicia, del que depende orgánicamente el fiscal general del Estado es, precisamente, agilizar esa querella para evitar que coincida en el tiempo con el viaje que Mariano Rajoy tiene previsto realizar a Barcelona el próximo día 29. El objetivo es coordinar y distanciar una estrategia de palo (jurídico) y zanahoria (política) en el que la querella contra Artur Mas se pretende confrontar con un mensaje conciliador de Moncloa.
Sin embargo, ese tono político conciliador ha sido alterado por el anuncio por parte de los responsables del PP de Cataluña de que el Ministerio Público llegaría a los tribunales e incluso por la confesión de altos cargos del Partido Popular que reconocían abiertamente estar “asesorando” en esa causa, tal y como hizo Alicia Sánchez-Camacho.
torres dulce en el punto de mira
Torres-Dulce ha negado los rumores que insinuaban que podría abandonar el cargo ante la tensión interna que vivía la institución y su falta de capacidad para imponer un criterio. Sin embargo, esta negativa a obedecer sus instrucciones por parte del órgano catalán le propina un segundo golpe que puede reabrir el debate.
Torres Dulce forzó el relevo el 5 de marzo de 2013 de Martín Rodríguez Sol como responsable de la Fiscalía en Cataluña tras haber defendido en una entrevista la legitimidad de una consulta al pueblo catalán, dentro de un marco legal. Torres-Dulce aseguró entonces que las declaraciones del fiscal jefe de Cataluña no fueron sólo la causa de su relevo, sino que "se produjo un desajuste en el ejercicio de la jefatura", tanto durante la campaña electoral catalana "como posteriormente", lo que obligó a la Fiscalía General a hacer un análisis sobre si el ejercicio de ese cargo "comprometía los principios y finalidades del Ministerio Fiscal, básicamente su imparcialidad, su unidad de actuación y su dependencia jerárquica".
Tras ese cese, Torres-Dulce ascendió al teniente fiscal, José María Romero de Tejada, para el cargo de responsable del Ministerio Público en Cataluña en julio de 2013. Ahora, ese es el hombre que ha plantado cara a las órdenes del propio Torres Dulce. Los mismos argumentos de ruptura de “la unidad de actuación y la dependencia jerárquica” del Ministerio Público pueden volverse ahora en contra de su máxima.
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