El pasado mes de septiembre los auxiliares de sala del Palacio Real que fueron contratados con alguna discapacidad denunciaron su situación laboral. Tras la pertinente inspección de trabajo a la que fue sometida la empresa Integra, que pertenece a Clece y, por tanto, a ACS, ha concluido en un extenso informe que se cometieron tres infracciones “graves”, según publica ‘El País’.
Las horas extraordinarias no remuneradas, los escasos descansos y la formalización de contratos en “fraude de ley” han quedado probados. Además, hasta 16 cargos de Integra han sido destituidos, algunos de ellos con alta responsabilidad (como el Director General, el Gerente de Madrid o el Director de Recursos Humanos) y otros con responsabilidad intermedia de otras comunidades.
A pesar de ello, Integra sigue negando los hechos. “A día de hoy, Integra CEE ha cumplido con los requerimientos que le ha solicitado la Inspección de Trabajo en relación al servicio prestado en el Palacio Real”. Han señalado que tras una investigación interna se “depuraron responsabilidades en aquellos casos en los que se ha incumplido el código ético y social de la empresa”.
Las tres infracciones están tipificadas y calificadas como “graves”
Los denunciantes aseguraron en septiembre, cuando ya llevaban tres meses trabajando, se pasaban una media de 11 horas diarias de pie vigilando las salas del Palacio Real, que tenían muy pocos descansos y que sus nóminas no reflejaban lo que habían hablado en su entrevista de trabajo. Además, la mayoría no había firmado su contrato laboral y muchos lo hacían en el momento en el que también ratificaban su despido.
La resolución de la inspección de trabajo resuelve que la empresa “incumplió el deber de registro de jornada”, según recoge la Ley del Estatuto de los Trabajores; también se realizaron horas extraordinarias, que están prohibidas, según lo establecido en el convenio para personas con discapacidad; y, además, se formalizaron “contratos de interinidad en fraude de ley”. Las tres infracciones están tipificadas y calificadas como “graves”, según el artículo 7.2 de la ley de infracciones y sanciones en el orden social.
Todas las irregularidades las denunció CCOO a favor de los trabajadores de Palacio Real del centro especial de empleo —una empresa que emplea a personas con discapacidad y que recibió en 2019 una subvención de la Comunidad de Madrid superior a cinco millones de euros—.
La Comunidad de Madrid tendrá ahora que determinar qué tipo de sanción impone a la empresa.
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