La empresa de seguridad Eulen ha rechazado la propuesta de mediación de la Generalitat para proteger a los trabajadores de los controles del Aeropuerto de Barcelona-El Prat frente a futuras represalias por el conflicto de este verano, por lo que se mantiene la convocatoria de una nueva huelga el 8 de septiembre.
La maratoniana jornada de negociación vivida hoy, que ha empezado a las 11.00 horas y ha acabado a las 19:30 horas, no ha servido para acercar posiciones entre las partes.
Tampoco ha servido para alcanzar un acuerdo la propuesta que ha puesto hoy sobre la mesa el Departamento de Trabajo de la Generalitat, consistente en que la empresa retire las sanciones impuestas -dos despidos y dos expedientes- y no aplique nuevos castigos, si los trabajadores se comprometan en asamblea a aceptar el laudo que se hará público el jueves, como punto final del conflicto.
"Esta no aceptación por parte de Eulen de la propuesta que hay sobre la mesa nos parece incomprensible, aunque están en su derecho, pero da sensación de que no hay voluntad de poner fin al conflicto en Barcelona y en Cataluña", ha lamentado el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, una vez acabado el encuentro. Ginesta ha criticado que durante las reuniones "hay que hacer muchas llamadas" y que esto "dificulta" la comprensión del conflicto existente por parte de la dirección de la compañía.
El comité de huelga, por su parte, sí que ha aceptado la propuesta de mediación, incluso sin conocer el contenido del laudo, y se ha mostrado visiblemente irritado con la postura de los representantes de Eulen a la salida de la reunión.
Los trabajadores decidieron en asamblea, por unanimidad, convocar una nueva huelga todos los viernes, a partir del 8 de septiembre, si la empresa no daba marcha atrás en las "represalias" impuestas contra cuatro trabajadores, presuntamente por haber incumplido los servicios mínimos, y aseguraba que no habría más.
La empresa ha rechazado hacer cualquier declaración a los medios, pero Ginesta ha explicado que su actitud responde a que se sienten en una posición "de fuerza" por la inminencia del laudo obligatorio que decidió forzar el Estado.
Al respecto, el secretario ha avisado de que la negativa a negociar de la empresa alimenta la incertidumbre de los trabajadores, que temen represalias futuras, ya que el laudo puede anular sanciones previas al mismo, pero no las futuras, que se pueden aplicar con un margen de 60 días desde el incumplimiento de los servicios mínimos.
En la misma línea, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha sostenido que la actitud de Eulen demuestra la "prepotencia" con que actúan y su voluntad de represaliar a los huelguistas.
Las partes no se volverán a reunir hasta el próximo martes a no ser que mañana, el día antes de que se conozca el laudo del árbitro Marcos Peña, la empresa cambiara de opinión sobre su postura.
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