"La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones". Son las palabras de Felipe VI en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014.
Durante los cuarenta años de democracia, el rey emérito Juan Carlos I -ahora en paradero desconocido- disfrutó de un estatus jurídico que le permitió desarrollar negocios privados al margen de su actividad institucional. Su figura, apenas regulada, se ha visto enturbiada por distintas revelaciones que han precipitado su salida del país para no perjudicar la labor de su hijo.
Desde 2011, la Casa Real detalla en su web cómo se distribuye el Presupuesto consignado -7,88 millones de euros en 2020– y que la Constitución permite al monarca repartir libremente. Pero tras su llegada a la jefatura del Estado, Felipe VI decidió dar pasos hacia la cultura de la transparencia que rige en las instituciones públicas.
Actualmente se publica una relación de los contratos que firma la Casa Real y también de los convenios que establece. También se ofrece una lista anual con los regalos que recibe la Familia Real. El actual monarca decidió establecer un código de conducta que impide a sus miembros aceptar obsequios que superen los usos habituales, sociales o de cortesía o que por su alto valor económico "puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales".
Al margen de la voluntad de la propia Familia Real de adaptarse a los tiempos, se mantiene una brecha con el resto de instituciones, donde los altos cargos y los representantes públicos están obligados a presentar una declaración de bienes, de actividades y rentas. Incluso el Poder Judicial ofrece desde 2015 los bienes inmuebles, fondos en cuentas, los vehículos o las acciones del presidente y los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ.
Distintas fuerzas políticas del ámbito republicano tratarán de sacar adelante en el Congreso iniciativas que ahonden en la transparencia de la institución monárquica y en la rendición de cuentas. El grupo de Unidas Podemos presentará en septiembre una batería de medidas para "controlar y regular la figura del monarca". Pretenden los morados arrojar "luz" y combatir las "sombras y zonas opacas" que rodean a la regulación de la Corona.
Al margen de revisar el principio de inviolabilidad o eliminar el delito de injurias y calumnias a la institución, desde UP reclaman mayor transparencia en las cuentas de la Casa Real. Incluso plantearán, en línea con lo que ya han reclamado desde Esquerra Republicana y EH Bildu, que el Tribunal de Cuentas pueda entrar a fiscalizar la asignación presupuestaria que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado.
Al respecto hay diversas opiniones jurídicas, pues el estatus de la Casa Real es particular. ¿Hasta qué punto se pueden fiscalizar los fondos que la propia Constitución dice que el monarca puede repartir como considere oportuno? Hasta el momento, a lo máximo que se ha llegado es a establecer una auditoría externa de las cuentas a través de un convenio con la Intervención General del Estado.
Asimismo, al margen de la asignación constitucional, en España no se conoce el coste real para las arcas públicas que supone el sostenimiento de la institución monárquica y el coste de sus actividades. Varios ministerios (Defensa, Exteriores, Interior...) dedican fondos y recursos que no entran dentro de la partida de la Corona.
Hay peticiones de información pública que han sido repetidamente denegadas, en base a la ley de secretos oficiales de 1968, al considerar que esa información podría comprometer la eficacia de los dispositivos de protección. Presidencia del Gobierno, que se encarga por ley de gestionar este tipo de peticiones, también rechaza facilitar detalles de los viajes del monarca a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Esta posición contrasta con la actitud de otras casas reales europeas. La británica, sin ir más lejos, ofrece un profundo detalle del coste de los viajes de todos los miembros de la familia real, así como de los medios de transporte empleados. Mucho más profundo es también el detalle de los gastos. Aquí, la lista se limita a facilitar conceptos vagos como "personal", "bienes y servicios", "atenciones protocolarias" o "material, suministros y otros".
De momento, en el seno del Gobierno late una división que se escenificará en los próximos meses. En el PSOE no ven prioritario introducir cambios en la regulación constitucional de la Corona, ni en el desarrollo del estatus jurídico del rey. De momento, en ningún sitio se prohíben de forma expresa las actividades privadas del monarca. Los morados quieren dejar negro sobre blanco que no pueda realizar tareas de mediación en favor de terceros o que pueda abrir cuentas en el extranjero. Por eso, piden que rinda cuentas anualmente de sus actividades fiscales.
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