El gasto en escoltas para los viajes privados de los ministros no es información "reservada". Así lo concluye el Consejo de Transparencia, que ha instado al Ministerio de Interior a detallar el coste de estos servicios prestados para los ministros del Gobierno de Sánchez desde enero de 2020 hasta la actualidad. El organismo exige que dicha información tiene que estar desglosada por servicios prestados y miembro del Ejecutivo afectado.
No "se advierte que el conocimiento público del coste de los servicios de escolta prestados para desplazamientos privados de los ministros desde enero de 2020 hasta la actualidad desglosados por servicios prestados y miembro del Gobierno afectado pueda poner en peligro la seguridad de las personas afectadas", argumenta Transparencia en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press. En este sentido, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia que recuerda que siempre se pueden omitir ciertos datos si se estima pertinente.
La resolución insta al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a enviar a la persona que solicitó la información el número total de solicitudes de escoltas cursadas en este periodo y concretando las que fueron concedidas. A su vez, el Ministerio de Interior deberá enviar a la ciudadana interesada una copia de la normativa existente en relación a la posibilidad de que los miembros del Gobierno soliciten y obtengan servicios de escoltas en sus viajes privados.
Esta ciudadana solicitó presentó su solicitud de información en diciembre, pero Interior no le contestó en el plazo estipulado. Ante este retraso, la interesada reclamó a la información a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Poco después, Interior contestó denegándole el acceso a la información. Justificó este rechazo argumentando que dicha información tiene un "carácter reservado" y que su "divulgación a personas no autorizadas" puede "generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, para la seguridad de las personas objeto de protección y para los agentes encargados de la misma".
El Ministerio también arguye que no cabe conceder acceso a la información sobre los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos. Tampoco a los planes de protección ni a los documentos para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se le haya atribuido la calificación de reservado.
Según Transparencia, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 1986, que regula la calificación de materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, otorga con "carácter genérico" la clasificación de reservado a las plantillas de personal y de medios y de equipo de las unidades y a los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos así como de las Unidades, Centros u Organismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de Producción de material de guerra. Esa misma clasificación se le da también a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma, específicamente los de las autoridades y de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, según Transparencia, ese carácter reservado no abarca también de modo genérico "a todos los planes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
A juicio del CTBG, tampoco pueden entenderse como 'secretos o reservados' los documentos necesarios para la preparación o ejecución de los planes de protección, puesto que considera "evidente" que no están "vinculados a la actuación de las Fuerzas Armadas" ni a la "seguridad y la defensa del Estado".
Además, Transparencia sostiene que no "cabe objetivamente apreciar que el acceso a la documentación y a los datos solicitados pueda poner en riesgo la seguridad de las personas objeto de protección o la de los agentes encargados de la misma".
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