El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que lleva un año tramitando. La votación ha salido adelante con 190 votos a favor, 123 en contra y dos abstenciones, tras haber logrado el PP el apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria. El PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y el grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Q y Geroa Bai) se han desvinculado de esta iniciativa del Gobierno.
La Ley, que el Gobierno remitió al Congreso en septiembre de 2012, irá al Senado un año después y se espera que esté definitivamente aprobada antes de enero. Los artículos relativos al buen gobierno entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que los que se refieren a la transparencia de las administraciones públicas y determinadas instituciones y entidades privadas tardarán un año más en estar vigentes.
Esos doce meses de carencia están destinados a que todas las entidades que deben someterse a la norma puedan reunir y preparar todas las informaciones que deben publicar y para poner en marcha el Portal de la Transparencia que creará la Administración General del Estado para albergar todos esos datos.
Voto negativo de la oposición
La votación del Pleno de este jueves ha sido muy similar a que tuvo lugar el pasado 31 de julio, cuando la ley se aprobó en Comisión Constitucional. En esta ocasión, el PSOE ha podido votar en contra, haciendo efectivo el voto negativo que no pudo emitir en la comisión en la que, por un error, contaba con que habría una votación final sobre el conjunto del dictamen que finalmente no se produjo.
El diputado socialista José Enrique Serrano ha justificado su rechazo por el empeño del PP en vetar las peticiones de la oposición para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé cuenta en la Cámara Baja sobre el ‘caso Bárcenas’. El popular Esteban González Pons ha achacado esta postura a la “frustración” de algún miembro de la bancada socialista y a la “incapacidad parlamentaria” del primer partido de la oposición.
En la sesión de este jueves, los socialistas se han abstenido en todas las enmiendas de los demás grupos y han dejado claro su rechazo a la ley con la votación en contra. Aunque los nacionalistas CiU y PNV no han apoyado algunos artículos por considerar que afectan a las competencias autonómicas, sí que han dado su apoyo a la mayor parte de la norma.
¿Una “ley histórica” o “un paripé”?
El PP, CiU y Coalición Canaria han coincidido en que la norma servirá para evitar casos de corrupción. “Es una ley histórica”, ha proclamado el ponente popular. Por el contrario, los grupos minoritarios que se han opuesto la han tachado de “paripé” y han subrayado que nace “coja” e incluso “muerta”.
Durante el trámite en el Pleno no ha salido adelante ninguna enmienda, aunque, según ha destacado en su intervención González Pons, en total se han incorporado 90 enmiendas al texto, 32 de las cuales se agregaron en la Comisión Constitucional.
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