El exresponsable de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero ha iniciado este lunes su declaración en la Audiencia Nacional sobre su papel durante el proceso soberanista. Durante algo más de hora y media ha explicado la intervención de la policía catalana el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía. Ha concedido un posible error de planteamiento, pero ha negado falta de colaboración. En sus explicaciones ha desvelado una conversación con el líder de la ANC, Jordi Sànchez que "acabó mal". "Él me llama airado y yo le tengo que decir: 'Tú a mi no me vas a decir cómo hacer un dispositivo'". Después le colgó el teléfono.
El fiscal Miguel Ángel Carballo ha empezado a interrogar al acusado por los hechos del 20-S. Aquel día -menos de dos semanas para el referéndum ilegal- varias decenas de personas rodearon la Consejería de Economía en Barcelona. En su interior, varios guardias civiles y la letrada del Juzgado realizaban un registro a las órdenes del juez del 1-O. La presencia de la gente impidió a las autoridades abandonar el lugar durante horas y no pudieron llevar a los detenidos para presenciar el registro. Una de las claves de este juicio es determinar si los Mossos hicieron lo posible por impedir ese cerco y evitar la presión a los investigadores.
Trapero ha insistido en todo momento en la tesis de que se pudieron equivocar en la valoración y en la reacción, pero no porque no se quisiera actuar. Según ha dicho, los Mossos intentaron que la situación no "se fuese de las manos" y evitaron cargas que podrían haber generado un problema de orden público mayor o réplicas en otros puntos. Como ya hizo en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, ha marcado distancias con los dirigentes independentistas a los que se ha llegado a referir como "esta gente". También ha criticado a la Guardia Civil por no informar previamente de la operación que iban a realizar: "Creo que decir que mañana van a haber operaciones que van a afectar el orden público no afecta las actuaciones".
De aquella jornada constan 30 llamadas o intentos de comunicación entre Trapero y el entonces líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, condenado a nueve años por sedición. El mando policial ha explicado que "sobre las 11 de la mañana" le llamó el conseller de Interior, Joaquim Forn -condenado también por sedición-. Le informó de que le llamaría Sànchez "para mediar en la manifestación". "Y efectivamente a las 12.05 recibo una llamada para poner en contacto a una persona de ANC llamada Xabier Vidal con alguien de los Mossos", ha detallado.
"El tema este de la independencia"
Trapero ha declarado que conocía a Sànchez de su época en el Defensor del Pueblo catalán y de una polémica actuación de los Mossos en 2016 en un teatro ocupado tras la que el activista independentista se ofreció "para media": "Fue ahí cuando supe que era el responsable de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Supe que era una de las voces cantantes del tema de este de la independencia". Pero el mayor de los Mossos se ha mostrado tajante al negar que Sànchez les impusiera condiciones: "No impuso ninguna condición no es nadie para hacerlo y creo que no lo pretendió, pero no se le hubiese permitido. Una persona que representa a una asociación no pone condiciones a la Policía".
¿No le parece contradictorio que la persona que está llamando a concentrarse a más gente sea la que se ofrece a mediar?, le ha preguntado el fiscal. Trapero ha admitido la incongruencia, pero ha añadido que es algo habitual. "No renunciamos a hablar con nadie", ha remachado. "Si nos guiásemos por lo que dicen los manifestantes, no hablaríamos con nadie. Los grupos no son lo mejor de cada casa, dicen auténticas barbaridades, pero mientras no sean consignas que inciten al odio, no vamos a renunciar a hablar", ha reiterado. Desde hace años, los Mossos d'Esquadra cuentan con una unidad de mediación dedicada a establecer contacto con los manifestantes para conocer sus movimientos y advertir de las consecuencias de sus actos.
Trapero ha opinado que las personas concentradas "aparentemente no eran violentas", pero ha matizado que, en caso de que hubiesen llevado a cabo las amenazas de sus consignas, los Mossos habrían cargado. En ese punto el fiscal le recordó que la letrada del Juzgado no pudo salir por la puerta del edificio. Tampoco pudo salir a comer, le recordó. Trapero se excusó en que nadie les avisó de que quisieran salir a almorzar, pero sí ha recordado la llamada que horas después le hizo el titular del Juzgado que había ordenado el registro. "En un tono elevado", le ordenó facilitar la salida de la letrada del Juzgado. Trapero le indicó que la información que ellos tenían es que había algún problema con el clonado de algún ordenador y que eso podría tardar horas.
El fiscal Carballo ha insistido varias veces en los correos que se cruzaron la Guardia Civil y los Mossos, incluida la comunicación del Instituto Armado en la que avisaba que en los vehículos aparcados en la puerta había material de equipo (armas). "¿Cómo es que en ninguna de estas peticiones de auxilio se da respuesta positiva?". Trapero ha reconocido que en torno a las 12 del mediodía supieron que en el interior de los coches había armas ha dicho que, cuando son casos excepcionales, el protagonismo en la comunicación lo llevan los responsables y no las salas de coordinación: "Esos escritos no recogen de manera fiel lo que estaba pasando".
"¿Entonces por qué insistía la Guardia Civil?", ha reiterado el fiscal ante el que Trapero ha admitido la posibilidad de que la respuesta fuese insuficiente. "¿Que nos equivocamos en el planteamiento?, no lo sé", ha concedido el mando.
Sigue siendo mayor de los Mossos
El mando policial, que ha comenzado declarando que sigue siendo mayor de los Mossos porque la categoría profesional no se pierde nunca, pero ya no hace la función de jefe del cuerpo. El fiscal Miguel Ángel Carballo se ha interesado por este aspecto, quería saber si la decisión de nombrarle mayor en abril de 2017 partió del presidente de la Generalitat. Trapero lo ha negado y ha dicho que el jefe del Ejecutivo catalán no tenía ningún conocimiento.
Trapero se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a una subordinada y la cúpula política de la policía autonómica por su papel en el proceso soberanista. La Fiscalía pide para él 11 años de cárcel de rebelión, si bien ya en las cuestiones previas ha apuntado a rebajará esa acusación por sedición al finalizar el juicio. El Ministerio Público llega a este juicio condicionado por la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado octubre ya calificó los hechos como sedición.
