La investigación, que desde el Ministerio del Interior califican de “compleja y laboriosa”, se basó principalmente en tres pistas, cuyo seguimiento requirió el máximo desempeño de los agentes de la Policía Nacional encargados de identificar al autor de las cartas bomba que el pasado otoño puso en jaque algunas de las instituciones más destacadas del país -incluida Presidencia del Gobierno-. Los sobres, el sello y unas imágenes de unas cámaras de seguridad sirvieron a los especialistas para dar con un individuo que, entre las primeras cábalas, no cumplía con el perfil que cabía imaginar: un jubilado de nombre Pompeyo que, a sus 74 años, no contaría con el apoyo directo de una estructura organizada y que residía en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

Los hechos ocurrieron entre finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado. Primero se tuvo conocimiento de que un paquete había provocado heridas en un trabajador de la embajada ucraniana en Madrid. Acto seguido, Moncloa informó de que Pedro Sánchez recibió una carta similar, que no produjo ningún tipo de daño material. Y en las horas posteriores se registraron episodios idénticos en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en el Ministerio de Defensa, en dependencias de la empresa Instalaza -ubicada en Zaragoza y dedicada a la fabricación de armamento- y en la embajada de Estados Unidos.

La cadencia de los envíos y la sensibilidad de los destinatarios, así como la alarma pública que suscitaron las noticias, llevaron al Ministerio del Interior a extremar las medidas de seguridad, reforzando los dispositivos en oficinas diplomáticas e infraestructuras públicas. De forma paralela, y bajo el sigilo que requería la investigación, agentes de la Policía Nacional iniciaron sus pesquisas para tratar de dar con el autor. Las labores recayeron en la Brigada Provincial de Información de Madrid, en coordinación con la Comisaría General de Información.

Primera pista: cámaras de Correos

Las pistas eran escasas. Los artificieros detonaron la mayoría de los paquetes, si bien lograron desactivar el paquete de la base aérea de Torrejón de Ardoz sin necesidad de explosión. La información era muy valiosa: analizaron el mecanismo, que se basaba en un sistema de pólvora prensada -en algunos casos, con algo de metralla-, y extrajeron todos los datos posibles del paquete, desde factores caligráficos, huellas dactilares, etcétera.

Para dar con el autor, los agentes necesitaban saber desde dónde se habían enviado las cartas. Era buscar una aguja en un pajar

Para dar con el autor, los agentes necesitaban saber desde dónde se habían enviado las cartas. Era buscar una aguja en un pajar. No había elementos que indicaran su procedencia o, al menos, dieran alguna clave sobre el origen. Por eso los investigadores recurrieron a una medida compleja que, en el mejor de los casos, arrojaría algo de luz al caso: pidieron a Correos las cámaras de seguridad de las semanas anteriores ubicadas junto a los transportadores de cartas y paquetes.

Estudiaron las imágenes minuciosamente hasta que, en una de ellas, saltó una coincidencia. Era, sin duda, una de las cartas bomba. Por la hora en la que se grabaron las imágenes se dedujo que, como el resto de la paquetería que se gestionó en ese preciso momento, su origen debía ubicarse en Valladolid o Burgos.

El paquete, crucial

Una vez obtenida la primera pista firme, ¿qué otros hilos podían seguir los investigadores? En ese momento ya había otra carta encima de la mesa: el paquete empleado para confeccionar los artefactos incendiarios tenía una composición particular. Los agentes se lanzaron al mercado de la mensajería y paquetería en España hasta que dieron con las empresas que suministraban el mismo modelo intervenido.

A todas ellas les pidió una relación de los clientes que habían comprado el mismo paquete. La lista no era muy extensa, y quedó aún más acotada al descartar todos los clientes que no tuvieran su domicilio en las provincias de Valladolid o Burgos, basándose en la pista obtenida a partir de las cámaras de seguridad de Correos.

Ya tenían datos concretos y dos pistas sólidas. Y el foco conducía irremediablemente hasta Miranda de Ebro. En concreto, hasta un individuo de 74 años, de nombre Pompeyo, que había trabajado como funcionario en el Ayuntamiento de Vitoria hasta jubilarse en el año 2013. “Es una persona muy activa en redes sociales y tiene conocimientos técnicos e informáticos”, detallan los investigadores de la Policía Nacional.

La pista del sello

Para cerrar el círculo, los agentes se fijaron en un tercer elemento destacado en los envíos. En todos ellos se estampó un sello conmemorativo del monte de Santa Trega (Pontevedra). Era una edición limitada y su difusión, por tanto, era igualmente restringida. Así, pidieron una lista de personas que lo hubieran comprado por Internet. Tercera pista firme. Todos los caminos conducían a Pompeyo.

“Si bien se presume que el detenido confeccionó y envió los artefactos explosivos en solitario, la Policía Nacional no descarta la participación o influencia de otras personas en los hechos”, destacan fuentes oficiales del Ministerio del Interior. Las pesquisas siguen abiertas para determinar las posibles inspiraciones que siguió el jubilado de 74 años para confeccionar las cartas bomba, todas ellas dirigidas a instituciones implicadas con el envío de material armamentístico a Ucrania.

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