El Tribunal de Cuentas ha apercibido a la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), cuyo patronato preside la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, al detectar que ha incumplido la normativa de contratos en lo relativo a normativa de personal así como en materia de transparencia e igualdad.
El máximo órgano fiscalizador así lo sostiene en un informe en el que explica que esta entidad, que se ha visto salpicada en la trama de corrupción que afecta a tito Berni, excedió en el ejercicio 2021 en 32,35 jornadas y en 680.108 euros el límite autorizado por la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda para la contratación de personal temporal.
El informe pone el foco en este año aunque matiza que en el ejercicio de la pandemia, en 2020, la FIIAAPP no superó los límites autorizados. Con todo, el Tribunal de Cuentas también advierte que también se han observado “debilidades en los sistemas de control interno” así como en los sistemas de planificación, programación y de medición de los resultados obtenidos en la gestión de los proyectos que ejecuta.
El informe considera que la unidad de control de la fundación carece de la independencia necesaria puesto que depende exclusivamente de la Secretaría General de la Entidad. Al respecto avisa que su carácter “unipersonal” no solo no aporta independencia sino que también dificulta la ejecución de los planes de auditoría diseñados por la entidad.
“No existe una coherencia entre las áreas y los procesos de riesgos de la Entidad y las actuaciones consideradas en el Plan de Auditoría Interna de 2021, incidencia que se mantiene en el Plan de Auditorías de 2022. No hay actuaciones de control interno sobre el área de contratación y la gestión técnica y económica de proyectos, a excepción de una actuación de control interno de reducido alcance sobre contratos menores”, advierte el máximo órgano fiscalizador.
109 millones en proyectos durante dos años
El documento avisa que el control de esta fundación pública es especialmente determinante a tenor del coste de ejecución de sus proyectos. Según explica, entre 2020 y 2021 ha gestionado trabajos de cooperación técnica por 109 millones de euros. Pese a ello detecta que se ha incumplido la instrucción de 28 de junio de 2018, sobre la información que deben rendir las entidades del sector público, al no incluir hasta 10 contratos formalizados en este periodo fiscalizado.
Del mismo modo el informe también pone el foco en lo que respecta al cumplimiento de la normativa de igualdad de género. Al respecto avisa que la brecha salarial no ajustada es de un 47%. Este desequilibrio se manifiesta principalmente por la desigualdad en el número de hombres y mujeres de los puestos de personal designado (el seleccionado por otras administraciones para la realización de sus proyectos).
Tras las advertencias el Tribunal de Cuentas lanza una serie de recomendaciones a aplicar por parte de esta fundación pública en aras a mejorar su transparencia entre las que se encuentran que introduzca procedimientos internos adecuados para que se cumpla la normativa de control, que amplíe los recursos de la Unidad de Control Interno y que subsane sus deficiencias en materia de control.
Implicación en 'Tito Berni'
Esta fundación del Gobierno se ha visto salpicada por el caso Mediador, investigado por la Guardia Civil y Policía Nacional y que implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni.
La Justicia investiga el papel en la trama de un general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, quien dirigía el proyecto GAR-SI Sahel, a cargo de FIIAPP y con el objetivo de dotar a países africanos de los medios relacionados con la seguridad.
Las pesquisas se centran en los contratos públicos que se adjudicaron con fondos europeos -lo que ha propiciado otra investigación de la Fiscalía de la UE- a un empresario de la trama del caso Mediador para el proyecto GAR-SI Sahel. Se trata de José Suárez Estévez, alias el Drones.
Desde FIIAPP señalan que la empresa de Suárez Estévez ha sido adjudicataria de tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros. Adicionalmente, esta empresa fue adjudicataria de un lote con objeto similar en el marco de otro proyecto no relacionado con GAR-SI Sahel, por valor de 174.000 euros.
"Por otra parte, la empresa ASD SL se ha presentado a cuatro licitaciones adicionales de drones/contradrones de la FIIAPP en las que no resultó adjudicataria. Desde 2017, la FIIAPP ha contratado la compra de drones por 1,3 millones de euros a 13 empresas distintas", afirman desde la fundación, que no está siendo investigada en el caso y que ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia.
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