El Tribunal de Cuentas ha acogido la vista por los gastos millonarios del 'procés' pero ha dejado en el aire la continuidad de todo el procedimiento contable a expensas de la tramitación de la ley de amnistía. La consejera Elena Hernáez va a estudiar la petición de Oriol Junqueras y de otros exaltos cargos catalanes demandados para decidir si paraliza todo el procedimiento o, como reclama la Fiscalía, siguen adelante.
Los demandados -entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont y una treintena de exconsejeros catalanes- solicitaron hasta el último momento la suspensión de este juicio, fijado para delimitar la responsabilidad civil de los gastos del 1-O y su acción en el extranjero. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas desestimó la petición y mantuvo la cita.
La misma se ha celebrado bajo una gran expectación y con el foco puesto en la amnistía que borrará también esta derivada del 'procés'. El juicio se ha prorrogado durante poco más de hora y media y se ha centrado en la declaración de tres testigos. Puigdemont también estaba citado pero no ha comparecido porque pidió 'in extremis' declarar por videoconferencia, solicitud que le ha sido denegada. Además, la consejera dio orden de que las conclusiones de las partes fueran por escrito para no dilatar más la jornada.
La vía contable del procés
Con todo, al comienzo de la sesión, la consejera ha dado la palabra a las partes para que explicaran si quieren o no continuar con todo el trámite teniendo en cuenta que se va a aprobar una ley de amnistía que va a anular la parte contable del 'procés'. Al respecto ha explicado que en el "momento presente" no cabía la suspensión del juicio pero que va a resolver "lo más breve posible" acerca de la posible suspensión de todo el procedimiento contable.
Los abogados de los demandados sostienen que el procedimiento en su totalidad debe suspenderse a tenor de la tramitación en el Congreso de la proposición de ley sobre la amnistía. En su turno de palabra han apelado a motivos de economía procesal y la tutela judicial efectiva, toda vez que los demandados saben que van a ser los beneficiados de la amnistía.
De optarse por esta vía, no se llegaría a conocer la sentencia sobre si hubo o no desvío de fondos públicos con el procés y también se cerraría la puerta, consecuentemente, al proceso de interposición de recursos. Los mismos tendrían que dirigirse primero ante la Sala de Justicia de este Tribunal de Cuentas y, tras ello, ante el Tribunal Supremo.
El texto que ha elaborado el PSOE en connivencia con sus socios independentistas recoge expresamente no solo la amnistía de los hechos penales, sino también todo lo relativo al procés que se esté diluyendo en el orden contencioso-administrativo y también en el contable, como es el caso.
De hecho, en este procedimiento los demandados afrontan una petición de la Fiscalía de 3,4 millones de euros por los gastos del procés con dinero público mientras que Sociedad Civil Catalana solicita más de 5 millones por estos hechos.
La Fiscalía se niega a suspender
Frente al criterio de los demandantes, la Fiscalía ha expuesto que el procedimiento en su totalidad por los gastos millonarios entre 2011 y 2017 debe seguir, al menos, hasta que entre en vigor la ley de amnistía. "Estamos en un procedimiento civil. La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro", ha explicado el fiscal, quien ha reconocido que se está tramitando la ley pero que todavía no se ha publicado en el BOE.
"La Fiscalía está en contra de la suspensión porque este es un procedimiento civil. La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro"
Tras esta primera parte, han desfilado los tres testigos llamados a comparecer. En primer lugar lo ha hecho la que fuera Interventora de la Administración del Estado en Cataluña en el momento de los hechos, María Luisa Lamela. Su comparecencia ha sido escueta y ha girado en torno a su presunta responsabilidad en el control de los gastos de la Generalitat.
Lamela ha reiterado que ella no tuvo competencia en el control de las cuentas de Cataluña pese a la insistencia de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, que le ha recordado la frase que pronunció el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2018 acerca de que no se gastó ni un euro de fondos públicos en los gastos del procés. "Ni el ministro me lo dijo a mi ni yo se lo pude decir al ministro. Yo no tenía capacidad ni competencia para controlar los gastos", ha respondido.
El segundo testigo en comparecer, Antonio Millet Abbad, se ha pronunciado sobre las actuaciones de Diplocat, el organismo de la diplomacia pública catalana que integraba entonces. El testigo se ha pronunciado sobre la actividad de este consorcio tras la aplicación del 155 en Cataluña y ha negado que recibiera apercibimiento alguno del Tribunal Constitucional en relación a su actividad.
El tercer y último testigo de esta vista del procés ha sido el exdirector general de Asuntos Europeos y Mediterráneos de la Generalitat de Catalunya Alfonso González Bondia. El investigador y profesor de Derecho Internacional se ha pronunciado sobre los informes que le encargaron desde el Diplocat.
"Puigdemont no ha venido por agenda"
Al término del juicio, el abogado de Puigdemont ha explicado que su cliente no ha venido porque tenía un viaje por su condición de europarlamentario. Si bien el líder de Junts lleva desde 2017 sin pisar territorio español porque pesa una orden de detención nacional que también decaerá en cuanto entre en vigor la amnistía.
Boye no se ha querido pronunciar sobre la ley pero ya ha adelantado que no espera "nada" de este procedimiento, que ha definido de "un dislate". "Estamos aquí porque alguien ha querido que estemos", ha matizado.
Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, ha celebrado que el juicio haya tenido lugar. "A pesar del Gobierno la vista se ha celebrado. La única cuestión que ha llamado la atención es que se intente suspender la vista porque Puigdemont no esté en España. Si hubiera querido prestar declaración lo hubiera podido hacer en territorio nacional", ha dicho, recordando que han tenido también tiempo de sobra de haber solicitado su comparecencia por videollamada.
El que fuera consejero de Presidencia de Artur Mas, Francesc Homs, también ha atendido a la prensa en su condición de abogado de algunos de los demandantes. Homs (que ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9-N) ha dicho que se han constatado "contradicciones" subrayando la declaración de la Interventora sobre su ausencia de control en la gestión del gasto.
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