La amnistía golpea ya a una de las principales causas del procés. El Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana (SCC) que se pronuncien sobre una posible suspensión de este procedimiento por los gastos millonarios del procés. El órgano quiere que las demandantes formulen sus alegaciones acerca de si procede o no dejar en agua de borrajas el asunto por ley de amnistía.
El máximo órgano fiscalizador mueve ficha ante la solicitud formulada por Oriol Junqueras y otros ocho condenados (entre ellos la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y el exconsejero Raül Romeva) acerca de que se deje en punto muerto este procedimiento a tenor de la tramitación de la proposición de ley de la amnistía.
Como informó este medio, su escrito apeló al "hecho nuevo" que supuso la admisión del texto por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, así como al informe favorable al mismo que emitió el nuevo letrado de la cámara baja. Ante ello, en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Tribunal de Cuentas solicita a la Fiscalía y a la plataforma cívica que se pronuncien acerca de esta solicitud.
Tramitación de la amnistía
Junqueras defendió que el inicio de la tramitación parlamentaria de la amnistía es de especial relevancia puesto que vendría a acreditar la "legalidad" de la proposición de ley redactada entre el PSOE y sus socios independentistas. "Reafirma la conveniencia, oportunidad y carácter ajustado a derecho la suspensión del presente procedimiento", reza el escrito del líder de ERC y otros ocho demandados.
De esta forma la amnistía asesta el primer golpe a una de las grandes causas del procés por el desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como para sufragar los gastos de la deriva soberanista en el extranjero. El procedimiento contable se ha seguido contra más de una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont.
En concreto, la Fiscalía actúa contra 35 personas que pertenecieron a los ejecutivos de Mas y Puigdemont, y a las que se les reclama 3,4 millones de euros por el desvío de fondos públicos para el 1-O. Sociedad Civil Catalana, por su parte, eleva la cuantía a poco más de 5 millones de euros.
El Ministerio Público expuso en su demanda que su trabajo había sido "minucioso" y que traía causa de la actuación de la Fiscalía en los distintos procedimientos que se han seguido por el procés en Cataluña y en otros órganos, como la Audiencia Nacional. Entre ellos destaca la causa que se abrió contra Francesc Homs en 2021 a tenor de un informe del Tribunal de Cuentas por la promoción en el extranjero o las que se iniciaron en 2016 por un presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona.
Demanda de 5 millones
La Fiscalía, que rebajó su petición inicial de 9 millones a 3,4, apuntó a todos los gastos efectuados por Diplocat, el ente que diseñó la Generalitat para promocionar la acción de Cataluña en el exterior y que acabó anulando el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado. Solo de esta partida la Fiscalía pide 2,2 millones de euros que responderían a los viajes de los entonces cargos públicos y a la promoción del proceso soberanista.
El Tribunal de Cuentas da un plazo de 5 días para que Fiscalía y Sociedad Civil Catalana se pronuncien sobre la petición de Junqueras de suspender el procedimiento
Por su parte, Sociedad Civil Catalana elevó la cuantía desviada a 5,1 millones de euros e incluyó en su demanda todos los gastos de soportes públicos, de difusión, los relativos a Unipost (sobre la organización de la consulta ilegal del 1-O), de los observadores internacionales y también del alquiler de locales. Solo sobre este último punto, la plataforma cívica les atribuye un desfalco de 900.906 euros.
El Tribunal de Cuentas celebró la vista del procés el pasado 17 de noviembre. La consejera al frente de este procedimiento, Elena Hernáez, declinó suspender la cita pese a que para entonces se estaba redactando la proposición de ley de la amnistía. Los demandados intentaron evitar la celebración del juicio hasta el mismo día de su celebración, apelando precisamente a la existencia de este texto prelegislativo.
Sin embargo, tanto Hernáez como el fiscal del caso declinaron acceder a la petición apelando a que la norma no está aprobada. "Estamos en un procedimiento civil. La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro", expuso entonces el fiscal. Así pues, Hernáez accedió a celebrar el juicio, pero acordó que se pronunciaría en breve sobre una posible suspensión de todo el procedimiento.
Sentencia del Tribunal de Cuentas
Mientras tanto, la amnistía ha cogido vuelo en el Congreso como muestra de la celeridad con la que Moncloa y sus socios quieren tramitar la ley. La admisión del texto por parte de la Mesa ha servido al exvicepresidente catalán y otros ocho demandados a solicitar que, ahora sí, se deje en punto muerto todo este procedimiento que se incluye dentro del paraguas de la amnistía.
De atender su reclamo, el Tribunal de Cuentas pondría punto y final a la causa sin emitir sentencia sobre el juicio. Con todo, podría ocurrir que el máximo órgano fiscalizador siga adelante con el procedimiento hasta concluirlo con un fallo sobre este desvío de dinero público para unos hechos que estaban prohibidos por el Tribunal Constitucional.
No obstante, y al margen de que haya o no sentencia, lo que está claro es que este procedimiento contable contra los líderes independentistas desde 2011 va a acabar anulado en cuanto entre en vigor la amnistía. El texto engloba todos los actos relacionados con el procés realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2017 tanto de índole penal como administrativa y contable, supuesto este último que afecta directamente a esta causa del Tribunal de Cuentas.
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