España

El Tribunal Superior de Cataluña tilda de "inconstitucional" la ley que borra al español de la escuela

La ley sobre el uso de lenguas oficiales en la escuela catalana aprobada por ERC con el apoyo de Junts, los comunes y el PSC de Salvador Illa relega el uso del español a solo la asignatura de Lengua. El TSJC resuelve que se use el español en más asignaturas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha tildado de "inconstitucional" la ley aprobada por Esquerra Republicana, con el apoyo de Junts y el PSC de Salvador Illa, que borra el español de las aulas. Se trata de la ley sobre el uso de lenguas oficiales en la escuela catalana que aprobó el Parlament hace un año, y que relega el español a una asignatura curricular más al nivel de la educación física o ciencias sociales. En aplicación de esta ley, los colegios catalanes solo están obligados a utilizar el castellano en la asignatura de 'Lengua'.

Una familia reclamó en un colegio de Girona el derecho a que su hijo pudiera estudiar en español más de una asignatura, pero la Consejería de Educación desestimó su solicitud. Ahora, la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC da la razón a la familia y califica de "inconstitucional" tanto la Ley 8/22 ya mencionada. Ha estimado la medida cautelar solicitada por una familia y obliga a una escuela de Girona a impartir "una o más asignaturas" en castellano, además de la de aprendizaje de la lengua.

El tribunal también tilda de "inconstitucional" el decreto ley que se sacó de la manga ERC para driblar la sentencia del TSJC que defiende la obligatoriedad de utilizar el castellano como lengua vehicular en un 25% de la formación escolar. Según esta norma, son los directores escolares los que decidirán la implantación del castellano en el aula. Este decreto fue otra de las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez en la Mesa de Diálogo con Cataluña donde también se cedió la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación.

"Consideramos que el modelo lingüístico introducido por el Decreto Ley 6/22 y la Ley 8/22 es inconstitucional",

reza el auto. El TSJC considera que se viola el artículo 3 de la Constitución: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". A su vez, considera que supone una infracción del artículo 27 de la carta magna y del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 35.7 en la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional "en lo que se refiere al carácter oficial del castellano y la proyección que dicha naturaleza impone en la consideración y el uso de dicha lengua en la enseñanza".

La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha celebrado el auto en su cuenta de Twitter:

Victoria de la familia

El Tribunal sentencia en el auto que mientras el alumno "permanezca escolarizado en el sistema educativo catalán" deberá recibir "de forma efectiva en castellano, aparte de la asignatura o materia correspondiente al aprendizaje de dicha lengua, una o unas materias o asignaturas o materias adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales".

También se estipula que la dirección del centro "adopte las disposiciones pedagógicas oportunas en orden a la efectiva ejecución de lo acordado, dando cuenta detallada al tribunal antes del 5 de septiembre".

Fuentes de la Consejería de Educación de la Generalitat han señalado a Europa Press que presentarán recurso contra este auto del TSJC.

Comunicados solo en catalán y gallego

Esta misma semana, el equipo jurídico de Hablamos Español ha llevado a los Tribunales Superiores de Justicia catalán y gallego los casos de dos familias a las que se les niega la comunicación de los datos escolares en español. "Las leyes y decretos de Cataluña y Galicia prohíben el uso del español por parte de la Administración Educativa, sólo se pueden usar el catalán o el gallego", manifiesta la asociación.

"En algunos casos, además de no atender a los requerimientos legales, los centros de enseñanza/consejerías, someten a las familias a un sistemático ninguneo, cuando no, tomadura de pelo, para agotarlos y que desistan. Esto está sucediendo en un colegio de La Coruña y en otro de San Cugat del Vallés", aseveran.

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