El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa contra el fiscal general del Estado por delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal ha estimado la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha iniciado una investigación contra Álvaro García Ortiz por la nota informativa que emitió la Fiscalía sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con este movimiento García Ortiz se convierte en el primer fiscal general en activo al que se le imputa en una causa penal.
En su auto, los magistrados explican que el Supremo también declara su competencia para investigar a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez porque, aunque no está aforada, ambos comportamientos guardan una “conexión inescindible” que hace que se tengan que investigar de manera conjunta. Cabe recordar que Rodríguez fue la que supuestamente envió a García Ortiz todos los datos de Alberto González Amador para que redactara la nota de prensa sobre su investigación fiscal.
La decisión se ha tomado por unanimidad de toda la Sala de lo Penal, siendo Susana Polo la ponente de esta resolución. Además, se ha nombrado al magistrado Ángel Luis Hurtado instructor de este procedimiento que ahora arranca contra el fiscal genereral del Estado. El alto tribunal explica que, de la exposición razonada remitida por el TSJ de Madrid, así como de la querella interpuesta por Alberto González Amador y la denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se desprende la imputación del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid por un delito de revelación de secretos con la divulgación de una nota informativa el 14 de marzo sobre González Amador.
Imputación del fiscal general
La Fiscalía publicó esta nota informativa para desmentir unas informaciones publicadas la noche anterior, en las que se apuntaba que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad al empresario, al que estaba investigando por dos delitos fiscales. Estas noticias provocaron la rápida reacción de la cúpula del Ministerio Fiscal que recabó todos los correos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador para redactar una nota informativa desmintiendo este extremo. El comunicado en cuestión detallaba la cronología de las diligencias practicadas a la pareja de la presidenta madrileña que, por su carácter, son confidenciales.
Constituye una de las garantías del investigado, el carácter reservado de la investigación de la que está siendo objeto
La nota evidenció que fue el abogado de González Amador quien propuso un pacto a la Fiscalía y no al revés. En concreto, remitió un correo el pasado 2 de febrero en el que se reconocían los hechos delicitivos así como la propuesta de una conformidad. Sin embargo, la nota que se publicó desde la Fiscalía Provincial de Madrid (pero se redactó en la Fiscalía General) incluía información confidencial que propició que el ICAM denunciara los hechos en un juzgado de Plaza de Castilla. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 28 que la remitió al TSJ por tratarse Salto y Rodríguez de fiscales aforados ante dicho órgano.Durante la investigación de este procedimiento, el instructor Francisco José Goyena tomó declaración a los implicados y también a testigos que arrojaron luz sobre de dónde provendrían las órdenes de emitir la nota de prensa. De entre todos los testimonios destacó el de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que expuso que recibió órdenes directas del fiscal general ya desde primera hora de aquel 14 de marzo, para difundir la nota de prensa que ya se había elaborado la madrugada anterior. Lastra replicó al máximo representante de la institución que quería las órdenes por escrito. De esta forma, y acatando órdenes de un superior jerárquico, el departamento de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid publicó dicha nota informativa por su canal habitual a los periodistas de tribunales.
En paralelo, el fiscal general del Estado remitió un escrito a este procedimiento penal en el que reconoció ser el responsable de este comunicado. García Ortiz asumió la autoría de las órdenes pero dijo que la actuación tenía como fin desmentir un bulo. También defendió que nunca pudo haber cometido delito con su actuación porque los correos electrónicos a los que hizo alusión la nota de prensa ya se habían filtrado en medios de comunicación la noche anterior.
Revelación de secretos
En ese sentido, la Fiscalía informó en contra de la admisión de la querella contra García Ortiz en el Tribunal Supremo. Su 'número dos', María Ángeles Sánchez-Conde se opuso a que se abriera este procedimiento que ahora arranca en el alto tribunal alegando, como ya hizo su jefe, que no se reveló ningún secreto. Sin embargo, los magistrados vuelven a desoír a la Fiscalía y acceden a investigarle por estos hechos. Al respecto explican que "la cuestión primordial" es determinar si la conducta atribuida a García Ortiz y Rodríguez encaja en el artículo 417 del Código Penal. El mismo castiga a la autoridad que revele secretos que no deban ser divulgados y las penas de prisión oscilan de uno a cuatro años de cárcel.
Al respecto, el Tribunal Supremo recurre a jurisprudencia sobre revelación de secretos y también al artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para recordar que "constituye una de las garantías del investigado, el carácter reservado de la investigación de la que está siendo objeto". También recuerdan la Instrucción 2/2019 de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal. Dicha instrucción reconoce el derecho a la protección de datos personales y la obligación de la institución de preservarlos.
El Supremo explica que "aparentemente" el fiscal general no habría revelado ninguna información secreta con la nota porque los correos ya se habían difundido horas antes en prensa. Ahora bien, de la instrucción practicada en el TSJ se desprende que dichos correos estaban en posesión del fiscal general del Estado y de Pilar Rodríguez, como bien explicó Salto en su declaración judicial. El fiscal relató que se le llamó estando en un partido de fútbol para que remitiera cuanto antes todos los correos que se había girado con el abogado de González Amador.
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