El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por amplia mayoría, de 9 a 2, la recusación de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, por haber militado en el Partido Popular, que fue planteada por la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de esta comunidad autónoma en relación con un total de 26 recursos que enfrentan en este órgano a Cataluña y al Gobierno.
Tras haber deliberado sobre este asunto la semana pasada sin lograr un consenso sobre el contenido del auto, finalmente la mayoría de magistrados, han aprobado la ponencia propuesta por Adela Asúa. Al voto particular anunciado la semana por Luis Ortega se habría unido el de otro de los magistrados, el también progresista Fernando Valdés, según las fuentes consultadas por Europa Press. El auto y los dos votos particulares se darán a conocer en los próximos días.
El TC tiene pendiente de resolver varios litigios abiertos entre Cataluña y el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular. Entre ellos, se encuentra la impugnación del Ejecutivo central a la declaración soberanista aprobada en enero por el Parlament, pero también los recursos interpuestos por los parlamentarios 'populares' contra la ley catalana de educación, la norma por la que se prohibieron los toros o la ley del cine catalán.
La militancia política de Pérez de los Cobos ha servido de base para que el Parlament y el Govern catalán sospechen de su imparcialidad a la hora de intervenir en reclamaciones planteadas por el PP. "No deja de ser chocante que un recurso interpuesto por el PP lo deba dirimir un militante del PP", defendió el portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs.
La pasada semana cuando se comenzó a deliberar este asunto en el Pleno del TC y se puso de manifiesto este apoyo al presidente, ya que todos los magistrados se habrían posicionado en favor de su presidente con excepción de Luis Ortega, perteneciente al ala más progresista del órgano. Sin embargo, no llegó a alcanzarse un texto consensuado sobre los términos exactos de la resolución.
El Tribunal Constitucional ha dejado de tener mayoría progresista por primera vez en una década desde que fue renovado el pasado junio. Los conservadores son siete frente a cinco, una proporción que hasta ahora era en sentido contrario.
Declaración soberanista, cine y toros
Entre los litigios referidos a Cataluña que el Constitucional tiene encima de la mesa se encuentra la impugnación del Ejecutivo central a la declaración soberanista aprobada en enero por el Parlamento catalán, además de los recursos interpuestos por los parlamentarios 'populares' contra la ley catalana de educación, la norma por la que se rohibieron los toros o la ley del cine catalán.
Aunque no es la única recusación pendiente por analizar contra Pérez de los Cobos. El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el ex secretario general del LAB, Rafael Díez, también consideran que su afiliación en la formación conservadora puede contaminar la sentencia que dicte el TC sobre el 'caso Bateragune', según confirmaron a Europa Press fuentes de su defensa.
Ambos presentaron un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo que les condenaba a seis años y medio de cárcel por un delito de pertenencia a organización terrorista cometido al intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del proyecto denominado 'Bateragune'.
El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también pidió la nulidad de la resolución en la que el Constitucional inadmitió su recurso de amparo presentado contra la sentencia que le inhabilitó por las escuchas de la trama Gürtel, aunque tanto éste como la petición de los condenados por Bateragune se dirimirán en otra sesión.
Otras instituciones como el Gobierno andaluz o el Principado de Asturias, en manos de los socialistas, también anunciaron su intención de recusar a Pérez de los Cobos, aunque todavía no han llegado al órgano judicial. El PSOE ha cuestionado además que haya asesorado al PP en varias legislaturas y haya sido coautor de propuestas incluidas después en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.
Pérez de los Cobos aseguró hace unos días que no tiene "duda" de que seguirá en el cargo y añadió que la institución que él dirige resolverá los recursos presentados contra la reforma laboral basándose en criterios "estrictamente jurídico-constitucionales", desde "la premisa" de que la Constitución Española es "es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diverso signo" y desde "el imperativo categórico" de "respecto esencial" al contenido de los derechos fundamentales.
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