El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación a la no revalorización de las pensiones conforme al IPC llevada a cabo por el actual Gobierno en 2012.
Según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el alto tribunal va a estudiar el recurso planteado en relación a un artículo del real decreto 28/2012 de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, por la posible vulneración de determinados artículos de la Constitución.
En concreto, el Tribunal Constitucional estudiará el apartado del real decreto por el que se dejó sin efecto para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones conforme al IPC.
En dicho real decreto, el Gobierno explicaba que se veía obligado a dejar sin efecto la actualización de las pensiones en 2012 y a suspender su revalorización para 2013 conforme al dato del IPC, en un contexto en el que recordaba la obligación de cumplimiento con el objetivo del déficit y la necesidad de hacer uso del fondo de reserva de la Seguridad Social.
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