El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado una exposición motivada al Tribunal Supremo para que investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la nota de prensa que se emitió sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El instructor de este procedimiento concluye que el Ministerio Fiscal se excedió con esa información puesto que se divulgaron datos e información "que no puede ser revelada a terceros".
Además de la exposición motivada, el instructor Francisco José Goyena dicta un segundo auto en el cual archiva las pesquisas para Julián Salto, el fiscal que comenzó investigando a Alberto González Amador por la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. El magistrado explica que las diligencias de investigación practicadas "ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación" en relación con la elaboración de la nota de prensa de la Fiscalía "fue meramente instrumental".
Conviene recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió causa a raíz de una querella de González Amador contra el entonces fiscal de su caso y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos. Sin embargo, de las testificales practicadas en las últimas semanas y también de la información aportada por la Fiscalía, el foco se fijó en el fiscal general del Estado como la persona que ordenó la redacción y emisión de dicha nota de prensa.
Los indicios contra el fiscal general
De hecho, el propio García Ortiz así lo confirmó en un escrito remitido a este órgano en el que dijo que ordenó la redacción de esta nota para desmentir la publicación de una información conocida la noche del 13 de marzo según la cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso. La nota demostró que ocurrió lo contrario, puesto que fue la defensa letrada de González Amador la que reconoció los hechos y buscó un pacto de conformidad con el fiscal para evitar la prisión.
El fiscal general del Estado reconoció su implicación en los hechos, pero dijo que no se había cometido delito alguno en tanto los correos electrónicos entre el abogado y el fiscal a los que la nota hace referencia ya se habían filtrado en algunos medios de comunicación en las horas previas, por lo que no se podría hablar de revelación de secretos.
Sin embargo, el instructor de esta causa abrió diligencias al considerar que había indicios para investigar un presunto delito de revelación de secretos y así lo constata ahora en su exposición motivada al Tribunal Supremo; órgano al que está aforado el fiscal general.
El instructor explica que Julián Salto nada tuvo que ver en la elaboración de la nota informativa, aunque de Pilar Rodríguez dice que remitió los correos solicitados aquella noche del 13 de marzo a Salto para la elaboración de la nota informativa "según resulta provisionalmente de la instrucción". "No lo reconoció expresamente la querellada, pero sí manifestó que las instrucciones provenían de la Fiscalía General del Estado", reza el auto en referencia a sus comparecencias.
La nota del novio de Ayuso
Al respecto, sostiene que la difusión de la nota informativa que se redactó en la Fiscalía General del Estado "no se corresponde con la alegada finalidad" que planteaba la Fiscalía, puesto que "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en prensa" la información habría perjudicado a un tercero, en referencia al empresario González Amador. Al respecto dice incluso que afecta también a "un interés colectivo", en referencia a la protección que goza las conversaciones entre abogado y fiscal.
"Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias de investigación, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de estos hechos que pudiera dar el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, a los que, es notorio que no es ajeno. En este sentido cabe hacer referencia a su declaración institucional de 15 de abril de 2024. Ahora bien, dicha declaración no puede ser asumida por este Instructor, al venir aforado", reza el instructor del TSJ.
Por ese motivo, remite la causa al Tribunal Supremo, en concreto a la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena para que, si lo estima pertinente, continúe con esta investigación impulsada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La causa se dirigiría pues, contra el fiscal general y contra la fiscal jefe de Madrid, ya que ésta última reconoció que se le envió el borrado de la nota para comprobar que era correcta y que tenía conocimiento de la preocupación que había en la Fiscalía General de salir al paso de un "bulo" que consideraba falso.
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