El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado el procesamiento de los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por su papel en el "procés", en un auto en el que descarta que fueran objeto de una investigación "prospectiva" destinada a "criminalizar" al independentismo.
En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret desestima los recursos de las defensas de Jové y Salvadó, exaltos cargos del Departamento de Economía cuando lo dirigía Oriol Junqueras, y confirma su procesamiento por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.
También rechaza la juez levantar a los diputados la obligación de comparecer ante la justicia y la retirada de su pasaporte, al entender que se trata de una medida "ponderada y adecuada a las circunstancias del caso", teniendo en cuenta que, "como es sabido, existen en el extranjero estructuras aptas para dar cobijo a los procesados en caso de fuga".
La magistrada rebate las acusaciones de las defensas de que, como toda la causa instruida por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O, Salvadó y Jové fueron objeto de una investigación prospectiva.
Tenían camuflados 400 millones de euros para hacer frente al referéndum ilegal
Para la juez, los hechos investigados eran "claros y precisos y contaban además con el suficiente grado de verosimilitud dada la fuente de la que procedían": unas declaraciones efectuadas por el juez y exsenador de ERC Santi Vidal.
"Nada menos que un senador de ERC y además juez de profesión era quien afirmaba que la Generalitat estaba obteniendo los datos fiscales de los catalanes, datos para el censo y que tenía camuflados 400 millones de euros dentro de los presupuestos para hacer frente al ilegal referéndum y a las estructuras necesarias para poner en marcha el nuevo Estado", mantiene la magistrada.
Para Maria Eugènia Alegret, los hechos investigados "implicaban de forma natural al Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda", del que Jové era secretario general.
Por ese motivo, señala la juez, la investigación "no supone la criminalización de un proyecto político independentista, sino el análisis de si los procesados relegaron la actuación política para satisfacer sus aspiraciones ideológicas, sirviéndose para ello de ilícitos mecanismos propiciados por su posición institucional".
La juez se remite a los documentos intervenidos a lo largo de la instrucción y concluye que Jové era "el coordinador de las actividades ejecutivas del referéndum" y que presuntamente autorizó los gastos para llevar a cabo el referéndum del 1-O.
También rechaza la juez que Salvadó fuera objeto de una "investigación prospectiva o basada en meras sospechas o conjeturas", sino que fue "debidamente justificada" por los indicios detallados en la denuncia que dio pie a la causa, basada en las declaraciones de Santi Vidal.
En ese sentido, señala el auto que Salvadó pudo incurrir en un delito de desobediencia "tanto en el desarrollo de escenarios post referéndum de autodeterminación, como de una Hacienda propia que incluyese impuestos no cedidos", teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre la ilegalidad de esas pretensiones.
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