Los cabecillas de Tsunami Democràtic tenían contacto directo con el Gobierno de Cataluña presidido por Quim Torra y abordaban cuestiones relacionadas con despliegues policiales. Así se desprende de las conversaciones mantenidas entre sus líderes, recogidas por la Guardia Civil en su último informe sobre la causa, que ha conducido a la imputación del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y a la dirigente de ERC, Marta Rovira, entre otras figuras relacionadas con el nacimiento del movimiento radical.
En dicho informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se destaca una conversación mantenida a través de la plataforma Wire entre el empresario catalán Oriol Soler, a quien la Guardia Civil ubica en un puesto destacado en la organización de Tsunami Democràtic, y un individuo que atiende al seudónimo de ‘Pare Carbasser’, cuya identidad correspondería a Oleguer Serra, consejero ejecutivo de Omnium Cultural.
En estas conversaciones, ambos abordan la toma del aeropuerto de Barcelona. “Fundamental bloquear el aeropuerto y falta mucha gente aún”, lamentan. Por eso sugieren que “se debería de hacer correr por todos lados” y que habría que “activar las llamadas a famosillos” para que secunden la convocatoria: “Todo el mundo debería bajar a Barcelona esta tarde […]. No sólo Tsunami sino a todos […]. No sé si hay manera de activar a todo Dios”.
Es en este punto donde los dos participantes de la conversación revelan sus contactos con el Gobierno de Quim Torra y le presionan para que relaje los dispositivos policiales ante las protestas: “Hemos dicho a Torra que rompemos relaciones con el Gobierno si no paran las cargas”. Cabe recordar que la toma del aeropuerto de Barcelona culminó en graves disturbios, la paralización de la actividad aérea -la reclamación de pérdidas por parte de las aerolíneas también figura en el informe de la Guardia Civil- y el despliegue de un amplio dispositivo policial para retomar la normalidad.
Tsunami logró su objetivo mediante una convocatoria que se recogió bajo la orden pública de “Tothom a l'aeroport” [“todos al aeropuerto"]. Los participantes en el acto accedieron a las instalaciones mediante tarjetas de embarque falsificadas, que igualmente son objeto de investigación judicial.
Otras referencias a Quim Torra
No son las únicas referencias que el informe de la Guardia Civil recoge sobre Quim Torra. En otro punto de las investigaciones, y como adelantó este diario, se recoge otra conversación de Signal entre el empresario Josep Campmajó y un usuario que atendía al nombre de ‘K Mes Nou’, que se atribuye a Carles Puigdemont. El primero urge al segundo a “tomar las riendas” de la situación en un momento que consideraban especialmente delicado: “Estamos a un paso de perder el control absoluto del territorio […]. Nos estamos equivocando de estrategia comunicativa en extremo”.
En este sentido, indica que las relaciones con Torra no estarían pasando su mejor momento: “El MHP [molt honorable president, Quim Torra] escondido. Del todo. Aislado. Parece que hace un Junqueras”. Y añade: “Buch [consejero de Interior catalán] acojonado y perdiendo los papeles”. Campmajó insiste en que, en caso de no reconducir la situación bajo la línea estratégica ideada por Tsunami Democràtic, “tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas”.
Puigdemont -en una conversación que revela su influencia sobre el movimiento radical- concluye que “el problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado”: “Eso sería muy duro, y confirmará lo que siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perdemos”.
Torra, en el foco de la Guardia Civil
Con todo, la Guardia Civil ya había puesto el foco en la actuación de Torra en el marco de las diligencias que se han seguido en la Audiencia Nacional contra 12 miembros de los CDR. De las conversaciones incautadas a los investigados en estas diligencias se desprende que el hijo del expresidente de la Generalitat les habría ayudado a boicotear el Consejo de Ministros que celebró el Gobierno de Pedro Sánchez el 21 de diciembre de 2018 en Barcelona.
"Yo estoy recibiendo información precisamente del hijo de Gandalf (apodo con el que se referían a Quim Torra), que está haciendo un currazo", rezaba una de las conversaciones analizadas por la Guardia Civil que se atribuye a Ferrán Jolis. Este es uno de los 12 implicados en la causa a los que la Audiencia Nacional acaba a de abrir juicio oral por delito de terrorismo.
Además, el sumario apunta directamente al sucesor de Puigdemont en la Generalitat ya que sostiene que el 3 de enero de 2018 -en fechas previas al nacimiento de Tsunami Democràtic y en plena instrucción del procés- se entrevistó "en secreto y bajo fuertes medida de seguridad" con tres miembros de los CDR. "Por las intervenciones telefónicas, se ha podido conocer que el presidente Torra dio instrucciones y directrices concretas a la cúpula de los CDR.
Imputaciones por terrorismo
De hecho cabe recordar que las diligencias sobre Tsunami Democràtic partieron desde la investigación a los CDR por terrorismo, motivo por el cual ambas se han seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Así, mientras esta última está ya finiquitada y su siguiente paso sería señalar fecha para enjuiciamiento, en el caso de Tsunami la investigación sigue adelante.
El magistrado Manuel García Castellón ha dado un impulso al procedimiento tras adherir el informe final de la Guardia Civil que estrecha el cerco a políticos independentistas por su papel activo en el nacimiento e impulso de esta plataforma radical. Tanto es así que, tras incorporar el oficio, el magistrado ha imputado por delito de terrorismo a una docena de personas, entre las que destaca Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
En su auto, el magistrado sostiene que, lejos de actuar como un movimiento espontáneo en respuesta a la sentencia del procés, la plataforma se articuló meses antes bajo el férreo control de los políticos implicados. Mientras a Rovira se le atribuye un papel de coordinación clave dentro de Tsunami Democràtic, a Puigdemont se le sitúa en el mismo origen de la plataforma así como en conversaciones con uno de los empresarios cerebros del movimiento que demostrarían que estuvo al tanto de las actuaciones violentas.
En palabras del juez fue una organización "estructurada y jerarquizada" cuya finalidad principal era "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
