La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha emitido desde el año 2015 más de 600 órdenes de cese de actividad de apartamentos turísticos ilegales y puesto decenas de multas. Mientras, en Madrid los empresarios se quejan de que el Ayuntamiento no hace nada contra estos establecimientos ilegales. Colau llegó a enviar una carta a los vecinos pidiéndoles colaboración para descubrir estos apartamentos que no pagan ningún impuesto y que son anunciados por Internet.
En Madrid el problema es similar, pero la respuesta muy diferente. Jesús Martín, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de la Comunidad de Madrid, dijo a este periódico que en la capital de España tienen controlados unos 700 apartamentos turísticos ilegales y el Ayuntamiento no hace nada para cerrarlos. Martín explicó que hace un año mantuvieron una entrevista con la alcaldesa, Manuela Carmena, y no tienen información de que se haya tomado ninguna medida. El presidente de los empresarios de hospedaje señaló que el Ayuntamiento es consciente de que estos establecimientos precisan licencia de actividad y no la tienen.
La capital de España tienen controlados unos 700 apartamentos turísticos ilegales y el Ayuntamiento no hace nada para cerrarlos
Hace unos meses realizaron una consulta vinculante que les contestó que los apartamentos turísticos tienen las mismas obligaciones que los hoteles, pero adaptadas a sus circunstancias. Pero no se ha hecho nada para hacer cumplir la Ley. Jesús Martín se quejó de que mientras en Barcelona el asunto se lo han tomado en serio en Madrid no se ha hecho nada “y esa postura nos perjudica a los que pagamos impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones”.
La Comunidad no recurrirá
Por otra parte, la Comunidad de Madrid no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló en junio el decreto del Gobierno de Ignacio González que obligaba a los clientes a contratar los apartamentos turísticos un mínimo de cinco días. La consejera de Turismo, entonces Isabel Mariño, cedió a las presiones de los hoteleros y de algunas empresas del sector y elaboró un decreto “para proteger a los ciudadanos” ante las empresas ‘piratas’.
La norma de Mariño pretendía frenar los cientos de apartamentos turísticos que ofrecen alquileres por Internet a bajo precio y que suponen una importante competencia a los hoteles y hostales. Se calcula que en la Comunidad de Madrid hay miles de camas de este tipo en apartamentos. En algún momento, se llegó a pensar en actuar contra las páginas de Internet que ofrecen este tipo de alojamientos, pero la falta de legislación y el temor a no lograr el cierre frenó a la Administración madrileña.
La norma de Mariño pretendía frenar los cientos de apartamentos turísticos que ofrecen alquileres por Internet a bajo precio y que suponen una importante competencia a los hoteles y hostales
La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia también recurrió este decreto y el TSJM, en la misma fecha, ha fallado a favor de esta reclamación. Los magistrados estimaron que la disposición de no poder contratar por un periodo inferior a cinco días es una restricción de la competencia que no está justificada ni en la protección al usuario turístico ni en el combate a la opacidad fiscal, motivos que aduce la administración para regular la normativa ahora anulada.
Los magistrados desestimaron el resto de las pretensiones de los demandantes: la anulación de los artículos 17.1 del Decreto 79/2014, que dispone la necesidad de que el plano de la vivienda debe visarse por el colegio profesional correspondiente, y el 17.5, conforme al cual se exige la inscripción de las viviendas de uso turístico en el Registro de Empresas Turísticas de la Dirección General competente en materia de turismo.
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