El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) realizado sobre los negocios de Begoña Gómez y la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios exonera a la mujer de Pedro Sánchez. La investigación preliminar remitida por la unidad de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid exculpa a la denunciada por Manos Limpias y descarta la existencia de indicios que permitan sostener la comisión de ambos delitos.
No obstante, los investigadores, que por el momento han entregado un informe preliminar, señalan que no han podido acceder -por el momento- a toda la documentación relativa a los contratos realizados por la UTE de empresas relacionadas con Carlos Barrabés. En un oficio que forma parte del sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli, la UCO explica que no disponen en la unidad del "expediente completo" en relación con las recomendaciones que fueron firmadas por Begoña Gómez, a través de la cátedra que preside.
El informe de la UCO se centra en analizar un total de 99 expedientes de contratación, relativos a las empresas que rodean el entramado empresarial de Carlos Barrabés. Las mercantiles del consultor, que ha sido citado a declara por el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 7 de junio, consiguieron embolsar más de 20 millones de euros en tan solo un año y medio.
El socio de Begoña Gómez
Entre el 18 de marzo de 2021 y el 15 de noviembre de 2022, Innova Next, la empresa adjudicataria de Red.es -cuyos contratos están en el punto de mira por la presunta vinculación de los mismos a Begoña Gómez- ingresó más 20,2 millones. Esta cantidad supone, según la UCO, "aproximadamente un 90% del total de sus adjudicaciones" -individualmente o en UTE-. Financiación pública que se concentra en un total de 8 contratos.
Entre las entidades públicas que adjudicaron estos contratos, la unidad de élite de la Guardia Civil destaca Red.es -órgano de contratación de 4 adjudicaciones en el marco de 3 expedientes-. El conjunto del importe adjudicado a Innova Next SLU por el ente público, que entonces dependía del Ministerio de Economía que dirigía Nadia Calviño, "supone más del 50%".
Con todo, los investigadores señalan que, aunque ha quedado constatado que la empresa de Barrabés nació en 2012, "no habría sido hasta el 2017 -de acuerdo con los expedientes localizados- cuando comenzó su relación con la Administración". De esta manera, deStaca el incremento del número de contratos públicos, justo después de pandemia, entre los años 2021 y 2022.
Informe preliminar
Este informe preliminar no entra en profundizar en la relación de Begoña Gómez con el empresario. De esta manera, apunta a que la investigada estuvo vinculada profesionalmente al Grupo empresarial Inmark como directora de Negocio para España y Portugal Inmark y habría ostentado cargos en la sociedad Task Force S.A.. En 2014, esta última fue absorvida por una de las sociedades del grupo Inmark Europa S.A. Asimismo, sobre la supuesta titularidad por parte del accionariado de esta empresa de un 1% señalado por algunos medios de comunicación, la UCO concluye que "este extremo no ha podido ser corroborado de manera fehaciente hasta el momento".
De modo más detallado, la UCO entra a analizar los contratos firmados entre el consultor, Red.es y la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. Las conclusiones de dicho análisis exhibidas por los investigadores terminan con la afirmación de que "en líneas generales" no se han encontrado diferencias que puedan hacer entender que estos contratos "se hubieran valorado de forma distinta" a otros expedientes similares. La UCO responde así a la presunta relación entre el efecto que causaron las recomendaciones firmadas por Begoña Gómez a la UTE de empresas de Carlos Barrabés.
En lo relativo a la presunta vinculación de Begoña Gómez como mediadora en el rescate a Air Europa, denunciado por Manos Limpias, el informe es más contundente. La UCO admite que no tiene constancia de que los encuentros entre la mujer de Sánchez y Javier Hidalgo (CEO de Globalia) "pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate".
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