Corrupción a todo ritmo. La trama desmantelada en la 'Operación Púnica' dio muestras de una actividad incesante en los nueve meses que duraron las investigaciones de la Guardia Civil. En ese tiempo, la red presuntamente encabezada por el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados y su amigo, el constructor David Marjaliza, consiguió cerrar tres de los contratos fraudulentos más sustanciosos: uno de 72 millones con el Ayuntamiento de Móstoles, otro de 54,6 millones con el Consistorio de Parla y uno más de cerca de 40 millones con el de Collado Villalba, todas ellas localidades de Madrid. La detención el pasado de 27 de octubre de sus integrantes impidió que rubricaran un cuarto de 24 millones en Almendralejo (Badajoz) y que algunos de los presuntamente implicados cobraran las 'mordidas' pactadas.
Durante los nueve meses de la investigación, la 'trama Púnica' firmó tres grandes contratos de eficiencia energética. Un cuarto fue frustrado por las detenciones
Según ha detallado en sus autos el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, las pesquisas sobre la trama de corrupción las inició la Fiscalía Anticorrupción el pasado 1 de febrero, cuando abrió las Diligencias de Investigación 2/2014. También ese día, se hacía cargo de las mismas el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO. En un primer momento, los agentes rastreaban simplemente los sospechosos movimientos bancarios que los dos principales implicados, Granados y su amigo Marjaliza, habían realizado en las cuentas a su nombre del banco suizo UBS y de los que habían sido alertados por las autoridades helvéticas. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron los agentes fue desplazarse en marzo al país centroeuropeo para recabar información de primera mano.
Sin embargo, aquellas pesquisas rápidamente se ampliaron a más sospechosos y permitieron descubrir la incesante actividad desplegada por la trama en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, aunque no sólo. Así, sólo cuatro meses después de iniciarse las pesquisas detectaron la adjudicación por parte del Consistorio de Móstoles de un contrato sospechoso de 72 millones de euros a la empresa Cofely GDF Suez, dedicada a la eficiencia energética. Los pinchazos telefónicos a los que ya por entonces se sometía a algunos de los principales implicados en la trama revelaron que la compañía de matriz francesa iba a pagar supuestamente una 'mordida' de 240.000 euros por conseguirla y que el principal beneficiado de ello era presuntamente Alejandro Utrilla, el concejal de Medio Ambiente de la localidad madrileña. Los agentes incluso fueron testigos de cómo directivos de la compañía, el concejal y cabecillas de la trama se reunían para concretar la comisión y la forma de camuflar la entrega de la misma.
'Mordidas' de 70.000 euros
Ese mismo mes de mayo la trama daba un segundo 'pelotazo'. En este caso, en el municipio de Collado Villalba, cuyo alcalde, el 'popular' Agustín Juárez, también está entre los detenidos. En esta ocasión el contrato que se adjudicó a Cofely fue de cerca de 40 millones de euros, a cambio del cual varios miembros de la corporación local supuestamente implicados iban a recibir de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros. Para poder hacer llegar dichas cantidades, el presunto cabecilla de la trama, el constructor David Marjaliza, había preparado un sistema de facturas falsas por servicios no prestados para justificarlas. Según las investigaciones de la UCO, algunos de estos pagos ya se habrían materializado cuando se detuvo a los integrantes de la red, aunque aún quedaban varios por hacer.
La UCO detectó reuniones entre directivos de Cofely, miembros de la red y un concejal de Mostoles para camuflar el pago de 240.000 euros de 'mordida'
El tercer gran petolazo realizado por la 'trama Púnica' mientras era investigada fue el de Parla. En junio pasado, el ayuntamiento de esta localidad gobernada por el socialista José María Fraile concedió a Cofely un contrato de 54,6 millones de euros para que en 15 años implantase en el municipio un sistema de eficiencia energética. Según las investigaciones, en este 'pelotazo' volvió a jugar un papel clave Marjaliza y, más en concreto, una empresa vinculada a él, Ruta Energética. A través de esta mercantil, la red de corrupción encubrió el pago por parte de la multinacional de la comisión pactada con el constructor, que a su vez entregó los supuestos cohechos al regidor y a otros funcionarios supuestamente implicados. Según recoge el juez Velasco en uno de sus autos, el pago a Fraile se materializó "a través de una donación" sin detallar en qué consistió ésta.
La red estuvo a punto de dar un cuarto 'pelotazo', pero las detenciones impidieron que lo culminaran. Según fuentes cercanas a la investigación, la trama pretendía conseguir un nuevo trato de favor para Cofely, en este caso en la localidad extremeña de Almendralejo. En este municipio gobernado por el PP, la multinacional de eficiencia energética se iba a hacer con la adjudicación de un contrato de 24 millones de euros por la mejora de la iluminación callejera. De haberlo consumado, el importe de los 'negocios' cerrados por la trama en los nueve meses en los que era investigada hubieran ascendido a un total de 190 millones de euros. Corrupción a todo ritmo.
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