La UCO de la Guardia Civil ha vuelto a remitir un nuevo informe a la causa que se sigue contra Begoña Gómez en el que descarta irregularidades en las licitaciones a su socio, Carlos Barrabés. Se trata del segundo oficio que realizan los uniformados en relación con las adjudicaciones al empresario aragonés, de las que determinan que no se desprende ninguna ilicitud.
El oficio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se centra en expedientes que las empresas de Barrabés se adjudicaron de órganos como Red.es, el Consejo Superior de Deportes o el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de contratos de los que los agentes informaron en los anexos de un primer informe y de los que el juez Juan Carlos Peinado pidió más información.
El instructor mantiene imputada a la mujer del presidente del Gobierno por los delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios en relación a las adjudicaciones a Carlos Barrabés, algunas de las cuáles recomendó ella a través de cartas de apoyo. Al respecto, el instructor mantiene los indicios contra la empresaria, si bien la Fiscalía se acaba de apoyar en este último informe de la Guardia Civil para insistirle en que delimite las diligencias.
"La preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública"Nuevo informe de la UCO
En concreto, la UCO explica que "en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública", reza el oficio.
El socio de Begoña Gómez
En concreto, la UCO analiza un expediente a las empresas de Barrabés por parte del Consejo Superior de Deportes, cuatro expedientes que licitó el Ayuntamiento de Madrid y uno de Red.es. Los agentes dejan fuera del análisis otros dos contratos que Barrabés se adjudicó en plena pandemia de Red.es, dado que su investigación la ha asumido la Fiscalía Europea al haberse costeado con fondos comunitarios.
Al igual que precisaron en el primer oficio remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la UCO explica que Innova Next ha sido la firma del grupo de Barrabés que más adjudicaciones públicas ha concentrado; en concreto, un total de 28 contratos por un importe cercano a los 22,9 millones de euros. Según estima el oficio, ello supone el 91,7% del total adjudicado.
El informe, que se firmó el pasado 2 de julio, ha servido al fiscal adscrito al caso para pedirle al juez que delimite el contenido de esta investigación penal, en el marco de la cual declaran la semana que viene tanto Carlos Barrabés como Begoña Gómez. El Ministerio Público sostiene que hay líneas de investigación abiertas por este magistrado (como la relativa a los vínculos de Gómez con Globalia) que deberían quedar fuera del caso.
La comparecencia de Gómez y Barrabés
"(La UCO) no aprecia irregularidades con (los contratos). No ya indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo. Por otro lado, no hay ni rastro de la investigada Begoña Gómez, cartas, recomendaciones, presiones o interés, estando pivotando la investigación en torno a Juan Carlos Barrabés", reza el Ministerio Fiscal.
El juez, sin embargo, mantiene el foco en la actuación de la empresaria y, tras el intento fallido de la semana pasada, le ha vuelto a citar para el próximo viernes 19 de julio. Peinado mantiene el foco tanto en las recomendaciones de Begoña Gómez como también en lo relativo al máster que ha codirigido en la Universidad Complutense de Madrid.
Días antes de su vuelta a los juzgados, Barrabés declarará como testigo. Como desveló este medio, el juez apercibió a Begoña Gómez de que debía asistir el próximo lunes al juzgado bajo amenaza de detención para presenciar su declaración, la cual se acordó como prueba preconstituida de cara a que fuera válida en el juicio. No obstante, y tras haber acreditado el juzgado que Peinado ya no estaba en el hospital, retiró esta condición de su declaración y emplazó al empresario a acudir en persona a los juzgados de Plaza Castilla.
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