Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a las pesquisas de la ‘trama Lezo’ analizan el destino de dos pagos realizados en 2005 y 2007, por un total de 1,3 millones de euros, por la empresa Rochester Ibérica 2000 SL, propiedad del presunto testaferro del expresidente madrileño Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, con destino a la firma Urbanizadora Somosaguas, que a su vez le reembolsó 2,46 millones.
La Urbanizadora Somosaguas, que ha edificado una parte de la exclusiva urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid), era propiedad del fallecido Luis García Cereceda, un empresario por el que según los correos de Blesa intercedió el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ante el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para que le desbloqueara 4,8 millones de euros.
En un informe incorporado al sumario de la trama encabezada presuntamente por Ignacio González, los guardias de la UCO concluyen sobre esta operación, en la que aluden a Ruiz-Gallardón: "Habrá que determinar a lo largo de la investigación el sentido de esta extraña e importante operación".
Los miembros de la UCO aluden a esta información, cuyo origen son los conocidos como correos de Miguel Blesa, en el mismo informe en el que sostienen que la trama encabezada por González conocía el origen irregular de la compra en 2003 de la empresa brasileña Inassa, promovida presuntamente por Ruiz-Gallardón, que entonces era presidente de la Comunidad de Madrid. En esta operación, la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II perdió 36 millones de euros.
"Hechos delictivos"
El administrador de la firma que realizó los pagos bajo sospecha es la entidad Inmobiliaria Vasco Peruana SAC, representada por Fernando Arespacochaga y Alcalá del Olmo, "de 94 años de edad, quién parece estar vinculado a hechos presuntamente delictivos de perfil económico", destaca la Guardia Civil.
A los agentes que redactan el informe, les llama "especialmente la atención" una serie de operaciones comerciales entre Rochester y la sociedad Urbanizadora Somosaguas SA, que era propiedad del fallecido Luis García Cereceda. "A este respecto existe una determinada noticia periodística en la que se relata cómo Alberto Ruiz-Gallardón parece que intercedió en 2009 ante Miguel Blesa (en aquellos momentos presidente de Caja Madrid) en favor del promotor para disponer de crédito a pesar de su mala situación financiera", destaca el documento.
"Concretamente se observa que Rochester declara en 2005 y 2007 pagos a la Urbanizadora Somosaguas por un importe de 321.000 euros y 984.400 euros, respectivamente", informan los agentes, que después completan que de forma paralela "Rochester declara compras a Somosaguas por importe de unos 2,46 millones".
Además, en la misma operación las sociedades extranjeras Gehe-Internacionale, Schuh Distributi y Kunert Beteiling SA reciben importes de 710.000 euros y 153.500 euros.
Fianza de 100.000 euros
Los agentes también destacan en su dossier enviado a la Audiencia Nacional que la firma de Rodríguez Sobrino, que salió de la cárcel tras abonar una fianza de 100.000 euros, declara ventas por 4,5 millones a los empresarios Johnny de Viveiros Ortiz (4,5 millones) y Luis Javier García Sanz (4,5 millones y 2,3 millones).
La Agencia Tributaria también ha alertado de un “importante tráfico de divisas” de Rochester entre 2005 y 2013 con origen en Luxemburgo (1,67 millones), Francia (515.000 euros) y Suiza (566.100 euros).
Las grabaciones realizadas por la UCO a González ponen de manifiesto que el expresidente de la Comunidad de Madrid mantenía una "connivencia” con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición de la empresa del agua sudamericana: "Siendo el propio González quién sitúa al frente de ellos a Alberto Ruiz-Gallardón y a su gente", resalta la Fiscalía Anticorrupción en sus escritos.
En este sentido, el ministerio público alude a una de las conversaciones grabadas por la UCO por orden del anterior juez responsable de la investigación, Eloy Velasco, en la que el expresidente madrileño explica al exministro Eduardo Zaplana que Ruiz-Gallardón tuvo el control de la "adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", completa la Fiscalía.
