La causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto fraude en la compra de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés acaba de adherir un informe policial que advierte de posibles irregularidades en el proceso de venta. La UDEF respalda de este modo la tesis de los sindicatos (de que la operación buscaba vaciar las arcas de la firma estadounidense) al concluir que Grupo Riesgo movió el capital de la operación entre empresas sin actividad real y a cuyo frente puso a testaferros.
Así lo recoge la UDEF en un oficio al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que analiza la situación financiera de todas las firmas implicadas en este procedimiento. La Policía Judicial se apoya en la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social para apuntalar indicios claros de un posible delito contra la Seguridad Social (al producirse un impago de los seguros sociales de sus trabajadores superior a los 120.000 euros en cuatro años) y otro de frustración de la ejecución.
Además, explican que en el primer semestre de 2018, coincidiendo con el cambio de administradores en las firmas del grupo y con la generación de la deuda que acumulan a día de hoy, comenzaron a coordinarse para canalizar los fondos de las mercantiles deudoras a otras sin trabajadores y sin cuentas pendientes con la Seguridad Social. Algunas de ellas serían empresas pantalla, carentes de actividad real, que además tendrían a testaferros en calidad de administradores. Los mismos irían pasando de una mercantil a otra y utilizarían domicilios alternativos para dar apariencia de diversidad de empresas cuando en realidad operaban bajo las directrices de la matriz.
El oficio añade que la documentación aportada por la Seguridad Social aprecia claros indicios de instrumentalización de System Capital Management (actual Iberian Green Aluminium) y de otras firmas del conglomerado, detrás de las que se ocultaron los investigados Víctor Domenech y Alejandra Camacho Carrascal para adquirir las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés. La causa, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, arrancó en diciembre del año pasado a tenor de una denuncia de los perjudicados por la venta de la firma dedicada a la producción de aluminio.
Los querellantes se dirigieron contra una decena de personas por "engaño" en las negociaciones de los ERE que afectaban a 688 trabajadores de las dos plantas. Según plasmaron, las cuantías de las operaciones acabaron en bolsillos de terceros abocando a las unidades productivas a una situación de insolvencia. Grupo Riesgo sacó 13 millones de euros de las cuentas del gigante de aluminio tras adquirir las plantas en 2020 al fondo suizo Parter Grupo Capital. Esta fue la firma que, un año antes, llegó a un acuerdo de compra con la empresa estadounidense de aluminio.
Saqueo del patrimonio
Los querellantes apuntaron además a una desamortización fraudulenta de las firmas que coincidió con otras operaciones de compra de empresas dentro del grupo y con el cambio de administradores. De hecho, destacaron que tanto en La Coruña como en Avilés se redujo el capital social de 47 a 3 millones de euros en agosto de ese año. Por ello, la magistrada al frente del procedimiento, María Tardón, abrió diligencias contra los implicados en la compra de Alu Ibérica LC y Alu Ibérica Avl (nombre con el que se han rebautizado las factorías en cuestión).
Del mismo modo también encargó a la Policía para que indagase la identidad de los socios y del conglomerado al que pertenecen. Ahora, la UDEF precisa en su oficio de 29 páginas que las firmas que estarían detrás de la venta (tales como System Capital Management y PM MR 1988 S.L) carecen de trabajadores y de actividad. Además, ven poco aconsejable que desde Alcoa se hubiera consentido la venta de estos centros de producción en favor de los querellados por los delitos contra la seguridad de los trabajadores, estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida y organización criminal.
Empresas con deudas
De la información remitida a la Audiencia Nacional se desprende que casi todas las firmas del conglomerado mantienen deudas con la Seguridad Social. Para empezar ni System Capital ni su matriz PM (que son las que adquirieron las plantas) están dadas de alta en la T
esorería General , por lo que no tienen trabajadores inscritos en las mismas. En lo que respecta a Manuel Riesgo S.A (mercantil considerada matriz del grupo), la deuda a fecha de 1 de junio de 2021 por impago de la cuota obrera de los trabajadores asciende a un total de 413.964 euros.
Los agentes destacan que el monto se dispara en el año 2018, coincidiendo con la llegada de los investigados a la dirección de la mercantil que se constituyó en julio de 1946. Así, mientras en 2016 era de 3.974 euros, tan solo 24 meses después alcanzaba ya 232.077 euros. Ello implica que superó la cantidad de 50.000 que se fija como tope para delimitar el delito recogido en el artículo 307 del Código Penal relativo al fraude a la Seguridad Social. Lo mismo ocurrió ya en los ejercicios de 2020 y 2021, lo que derivó en la apertura de un expediente por parte de la Administración.
La UDEF también analiza otras empresas vinculadas a la matriz que comenzaron a generar importante deuda como fue el caso de Riesgo Farma (a la que se le reclama 188.242 euros); Lavandeco (7.349 euros); Gestión y Administración de Franquicias (con una deuda de 21.328 euros) y Acke Mann&Schwartliz Attorneys at Law. Al respecto los agentes relatan episodios de traspaso de trabajadores de unas empresas a otras así como operaciones de compra venta que tendrían como fin último frustrar las ejecuciones en el cobro de las deudas adquiridas.
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