Caso Edu: la UDEF rescata ocho informes de la Junta que confirman el fraude masivo en formación

La segunda fase de la Operación Edu sigue avanzando con paso firme. En esta ocasión, de la mano de ocho informes de la propia Junta de Andalucía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha reclamado en los últimos días a la Intervención General de esta comunidad autónoma los estudios que realizó, uno por provincia, sobre el supuesto fraude en los cursos para la formación tras tener conocimiento de que las conclusiones de los mismos ratificaban sus investigaciones que apuntan a un fraude masivo en los fondos para formación. Con ellos en la mano, los agentes los han incorporado a finales de la semana pasada a los distintos sumarios abiertos a raíz de sus pesquisas, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a las mismas.

Los informes de la Intervención General andaluza confirman la existencia de las numerosas irregularidades destapadas por la UDEF en la 'Operación Edu' 

Siempre según estas fuentes, dichos informes analizan diversas adjudicaciones de ayudas públicas a empresas para impartir cursos entre 2009 y 2012. Las mercantiles objeto del estudio fueron elegidas aleatoriamente siguiendo un método estadístico para, con ello, extraer conclusiones sobre el alcance del fraude. El resultado ha sido demoledor: gran parte del dinero de las ayudas no era destinado a lo que fijaba la ley y las irregularidades detectadas, tanto formales como contables, han sido numerosas. De hecho, los ochos informes provinciales de la Intervención General de Andalucía llegan a otros tantos dictámenes prácticamente coincidentes: las adjudicaciones, la ejecución y el control de las mismas no se realizaba de acuerdo a la legislación que las regula. Unas conclusiones que salpican directamente al órgano gestor de las mismas, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la propia Junta. 

Muchas de las irregularidades detectadas por los técnicos de la Intervención son idénticas a las que la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF ha destapado en el ya año largo que dura la 'Operación Edu'. Además, algunas de las empresas analizadas aleatoriamente por el organismo dependiente de la Junta están en estos momentos bajo la lupa policial en los ocho sumarios que hay abiertos. Este detalle ha sido el empujón definitivo para que los responsables de las mismas hayan reclamado los informes para incorporarlos a las diferentes causas. Incluso, la Policía ha pedido a la Intervención General andaluza que amplíe su investigación e incluya en futuros informes a las cerca de dos centenares de empresas que están actualmente siendo investigadas en alguno de los sumarios abiertos.

Segunda fase de la investigación 

Y es que la noticia sobre la existencia de dichos informes, elaborados el pasado verano, llega en un momento en el que la segunda fase de la 'Operación Edu' está muy avanzada tras interrogar en las últimas semanas a más de 3.500 alumnos y 500 tutores repartidos en las ocho provincias. Los últimos, recientemente Huelva y Sevilla, donde las pesquisas van más lentas. En esta ocasión, la compleja investigación se ha centrado en 177 empresas, particulares y administraciones públicas que recibieron de modo irregular más de 17,5 millones de euros de la Junta de Andalucía por impartir cursos de formación para parados. En la primera fase del dispositivo, que sólo analizó una adjudicación en Málaga y a 15 mercantiles, los agentes la culminaron con el arresto de 42 personas.

La segunda fase del 'caso Edu' centra la investigación en 177 empresas por el fraude de 17,5 millones de euros. Ya han sido interrogados 3.500 alumnos y cerca de 500 tutores

En esta segunda fase, los agentes han analizado adjudicaciones para la formación de desempleados concedidas entre enero de 2010 y marzo de 2011, quince meses en los que estas subvenciones de la Junta de Andalucía estaban en su máximo apogeo. No obstante, el número de empresas investigadas varía de manera considerable entre unas provincias y otras. Además, algunas de ellas recibieron varias. Y en uno de los casos, incluso en dos provincias diferentes. Así, Córdoba es la que suma más mercantiles bajo sospecha: 31. En el extremo contrario, Málaga, con sólo 10. Entre ambas, Sevilla y Huelva, con 26 cada una; Jaén y Granada, con 24; Cádiz con 21, y Almería con 16.

Algo similar ocurre con el dinero presuntamente defraudado. Así, el 'ranking' de la provincia donde supuestamente más fondos públicos destinados a los cursos de formación se han defraudado lo encabeza Huelva, con 2.849.159,75 euros. Le sigue, a muy corta distancia, Sevilla, con 2.831.862,75 euros, y Jaén, con 2.726.913. También por encima de los dos millones de euros se sitúan Cádiz (2.384.184,75 euros) y Córdoba (2.319.911 euros). Por debajo de esta cifra, Granada, con 1.868.555,25; Almería, con 1.816.848,25; y, en último lugar, Málaga con sólo 703.650 euros. En total, 17.501.84,20 euros, una cifra que multiplica por más de diez el fraude destapado en la primera fase de la 'Operación Edu'.

LAS SIETE TRAMPAS

En la única adjudicación sobre estos cursos que había sido investigada hasta ahora en profundidad, la de Málaga que destapó el escándalo en abril, los agentes encontraron incumplimientos de ley de manera "sistemática", según reflejaban los informes policiales de aquella primera fase de la 'Operación Edu'. En concreto, la UDEF localizó hasta siete tipos de irregularidades graves. Así, algunas empresas habían cometido falsedad en la documentación que habían presentado junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.

En otras ocasiones aparecieron facturas falsas con las que algunas empresas investigadas justificaron gastos no realizados, que iban desde nóminas de algunos docentes hasta la "contratación o subcontratación de ciertos servicios". De hecho, "un altísimo porcentaje" de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran "familiares directos". También hubo falsedad en la adjudicación de contratos de las subcontrataciones declaradas ya que, pese a superaban los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres presupuestos. En otros casos, las otras dos ofertas eran realizadas por personas o empresas del entorno familiar del empresario.

También se detectaron falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos e, incluso, se dieron casos de suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia". La UDEF también descubrió que "en casi la totalidad de los expedientes se incumplía sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos" por ley. Para ello, se cometían una serie de irregularidades que iban desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tenían nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió "de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo".

Por último, los agentes detectaron falsedad en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones posteriores a la realización del curso, ya que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida "para la liquidación y justificación". Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban "después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido". De hecho, la Policía duda de la veracidad de parte de estos documentos. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las irregularidades detectadas en lo que se lleva de segunda fase de la 'Operación Edu' son idénticas a éstas.

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