El que fuera máximo responsable de la UDEF, José Luis Olivera, ha comparecido ante el magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, tras su imputación en la pieza en la que se investiga el presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas. En su interrogatorio, Olivera ha desmentido al policía al frente de la trama Gürtel, Manuel Morocho, el cual denunció coacciones desde la cúpula del Ministerio del Interior para que dejara de investigar el caso. Según este mando policial, no es cierto que Jorge Fernández Díaz estuviera detrás de estas coacciones, sino que el actual inspector jefe es una persona "narcisista".
Según confirman fuentes presentes en el interrogatorio, el también exdirector del CITCO ha explicado que era una práctica normal que los mandos superiores supervisaran los informes policiales de las causas de corrupción y que no existieron las presiones que denunció Morocho hace menos de dos semanas en sede judicial. También ha desmentido que en el breve encuentro que ambos mantuvieron en junio de 2013 éste le ofreciera como salida un nuevo puesto en Lisboa. Según ha dicho, fue el policía el que le comunicó que le habían hecho esta proposición.
Morocho compareció durante dos días en la Audiencia Nacional para relatar supuestas coacciones no solo para manipular el contenido de sus informes sobre la red de Francisco Correa sino también para que abandonara la investigación toda vez que se negó a las pretensiones de sus mandos superiores. También relató que en aquel encuentro con Olivera, éste descolgó el teléfono y se refirió a su interlocutor con el nombre de "ministro", dando a entender que estaba hablando con el entonces responsable del Interior, Jorge Fernández Díaz, el cual estaría enterado de la oferta que le hicieron para salir de España.
Ahora Olivera ha negado este punto y ha explicado que la llamada en cuestión no era de Fernández Díaz (también imputado en la causa) sino de su mujer, según ha dicho. El exjefe de la UDEF también ha recalcado que tras la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy se le conminó a abandonar la jefatura de esta unidad. Al respecto ha explicado al magistrado Manuel García Castellón que le ofrecieron dirigir el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y que tenía que pronunciarse en una hora. Según ha precisado, lo aceptó porque sabía que le iban a relegar de la UDEF igualmente.
Las empresas de Villarejo
Como ya hiciera el exDAO Eugenio Pino, Olivera ha dicho que la Policía Nacional era conocedora del entramado empresarial del comisario Villarejo. El espía siempre ha defendido que puso sus empresas a disposición del Estado para que éste se beneficiara del entramado e impulsara algunas investigaciones policiales. Aunque Interior niega este extremo, algunos exjefes de la Policía Nacional (como el propio Pino, Agustín Linares y Pedro Díaz-Pintado) firmaron tres misivas en enero de 2018 en las que insistieron en que la Policía consintió que Villarejo tuviera empresas para sus encargos privados.
Se trata de un extremo clave para esta macrocausa de corrupción que se sustenta principalmente en que el policía estaba en activo en el momento de los hechos y que no tenía la doble compatibilidad para ejercer como comisario y, a la vez, gestionar sus negocios privados. Olivera se ha pronunciado este lunes al respecto explicando que la Policía hizo uso de su estructura empresarial (Grupo Cenyt) para investigaciones como el caso Malaya -en el que indagaron sobre el patrimonio de Juan Antonio Roca- o la trama Gürtel.
Sobre este último asunto, Olivera ha explicado que investigaron información de Martinsa-Fadesa, constructora del empresario Fernando Martín. La misma estaría implicada en una de las principales piezas de la red por el pelotazo urbanístico presuntamente irregular en Arganda del Rey. Al respecto Olivera ha insistido en que todo esto fue conocido por los jefes superiores como Jesús Espigares (expresidente de la Interpol) o el también comisario Juan Antonio González.
En relación a las anotaciones que hizo el propio Villarejo por su implicación en el presunto boicot a Morocho, Olivera ha negado los hechos. El magistrado le ha reprochado en este punto que su versión no casa con la del exjefe policial de la Gürtel pero tampoco con las agendas de Villarejo. El espía anotó el 22 de abril de 2012 (cuando todavía no había comenzado la trama Kitchen) una entrada en relación con Olivera (a quien se refería como Oli) en la que decía: "Le piden ayuda para salvar al tesorero". Otra de las entradas, ya de mayo de 2013 alude a una posible reunión entre Cospedal y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el mando policial.
El 5% del negocio de Villarejo
Olivera ha restado veracidad a estos manuscritos pese a que los investigadores los consideran una fuente de prueba. Según ha dicho, no tuvo contacto con la exsecretaria general del PP más allá de un encuentro en un acto social. En lo que respecta al presunto cobro del 5% de los negocios privados de Villarejo, Olivera también ha desmentido el apunte resaltando que nunca participó en los mismos. Tal y como adelantó este diario, Anticorrupción intentó sin éxito incluir una grabación de 2010 entre Villarejo y Olivera en la que ambos hacían alusión al posible cobro de un porcentaje por los negocios privados.
Pese a los intentos de Fiscalía, el magistrado denegó la pretensión al apuntar que los audios son de 2010 y que lo que se investiga en esta pieza de la red es un operativo impulsado en 2013. Cabe recordar que no es la primera vez que la Fiscalía estrecha el cerco a Olivera. Ya lo hizo el pasado año cuando, ante las sospechas de que cobró del Grupo Cenyt, impulsó una exhaustiva investigación patrimonial sobre sus cuentas. Aunque el asunto no fue a mayores, la aparición de las nuevas agendas de Villarejo y las confesiones de Morocho acabaron por propiciar su imputación en la trama Kitchen.
Con todo, Olivera ha sido el primero de una larga lista de imputados que desfilará en los próximos días por la Audiencia Nacional. De este modo, el martes le toca el turno a María Dolores de Cospedal mientras que un día después hará lo propio su marido, Ignacio López del Hierro, y el que fuera su jefe de gabinete, José Luis Ortiz por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. El viernes volverá a declarar José Manuel Villarejo y el lunes 12 de julio el exsecretario de Estado de Seguridad, ya imputado en la causa.
