La causa abierta contra Raúl Morodo, exembajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pone ahora el foco en los contratos que una de las firmas de su hijo, Alejo Morodo, firmó con Indra. La consultora ha irrumpido en este procedimiento para responder al requerimiento de los investigadores acerca de que identifique quienes firmaron dichos contratos. En su escrito a la Audiencia Nacional, no obstante, indica que, por razones de antigüedad, no ha podido localizar a las personas que autorizaron los pagos previos a 2009.
Tal y como consta en la nueva documental incorporada a la causa, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Indra da respuesta a un oficio de la UDEF de finales de octubre para que informase "de las personas que hayan autorizado los pagos" de los contratos. En concreto, la Policía Judicial requirió los firmados con el despacho Morodo y Asociados e Intercartera Desarrollo, dos firmas vinculadas al hijo del exembajador y de las que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que se pudieron utilizar como sociedades interpuestas para canalizar los pagos.
En su contestación al Juzgado Central de Instrucción número 1, Indra razona que estos servicios -que según Hacienda podrían ser simulados- "fueron prestados en proyectos de ámbito internacional", sin ofrecer más detalles de los mismos. Sobre la forma de pago indica que concurría en las mismas personas la condición de solicitante y autorizante del desembolso, puesto que muchos pagos se tramitaron mediante un sistema de validación manual que exigía la firma, al menos, de un directivo internacional.
Autorizaciones de pago
Otra posibilidad, responden, es que en el proceso intervinieran más de una persona; es decir, que el pago lo solicitara el responsable de un proyecto y que luego éste fuera validado por distintos cargos de la compañía. Con todo, aportan información sobre un contrato con Morodo y Asociados firmado el 5 de junio de 2008 y dos facturas con Intercartera Desarrollo. En lo que respecta al primero de ellos, la firma alega que "no han conseguido localizar" a las personas que autorizaron los pagos de este contrato entre 2008 y enero de 2009.
De este modo, Indra solo aporta información sobre las personas que validaron la prórroga del acuerdo inicial y no de quienes dieron luz verde al arranque del mismo. Al respecto, entrega cuatro nombres de directivos, de los cuáles uno está fallecido y los otros tres no continúan en la consultora. Lo que refleja la documental es que la relación entre Indra y el hijo de Raúl Morodo (también investigado en este procedimiento penal por delitos de corrupción y blanqueo de capitales) se prolongó desde 2008 hasta 2017, dos años antes del arranque de esta causa.
Del mismo modo Indra también pagó a esta firma el 1 de enero de 2009 en relación al proyecto del sistema de vigilancia de toda la costa de Portugal (Sistema Integrado de Vigilancia, Comando y Control de la costa portuguesa SIVICC). El proyecto en el país, según informó Indra, tenía un plazo de ejecución de 22 meses y ascendió a 25,5 millones de euros. En lo que respecta al supuesto servicio de asesoramiento prestado por la firma de Morodo, Indra explica que constan cuatro facturas entre 2012 y 2017 siendo la última de ellas solicitada por el entonces director de Defensa y Seguridad.
Respecto a sus vínculos con la otra firma ligada a los Morodo, Indra explica que "únicamente" constan dos facturas. Una de febrero de 2007 (año en que cesó como máximo representante de la diplomacia española en Venezuela) y otra del 5 de marzo en la que solo se identifica al que autorizó el desembolso y no al cargo que lo solicitó.
Cita ante el juez
Con todo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene el cerco tanto en el exembajador como en su entorno más cercano, al que le atribuye el cobro de comisiones irregulares millonarias desde el país bolivariano. Del mismo modo, los investigadores sostienen que Alejo Morodo habría cobrado cuantías irregulares desde PDVSA en años posteriores a que su padre cesara como embajador. Recientemente, Anticorrupción dio impulso a esta causa al pedir al magistrado Alejandro Abascal que llamase a declarar a los principales imputados en el procedimiento a tenor del último material aportado por Hacienda.
Entre las declaraciones solicitadas se encontraban la de los firmantes de Indra que ya habían identificado previamente los investigadores, de acuerdo con el escrito del Ministerio Público del pasado mes de septiembre. El mismo hacía hincapié en la tesis de la Agencia Tributaria acerca de que varias firmas gestionadas por Alejo Morodo (entre ellas Morodo Abogados y Asociados) se empleaban como "sociedades interpuestas". En su cita ante el juez, tanto el embajador como su hijo se acogieron a su derecho a guardar silencio.
Con todo, la acusación que ejerce Manos Limpias, solicitó prisión para el principal investigado en la causa, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 denegó la pretensión al considerar que cumple "escrupulosamente" con sus citas en el juzgado y que no hay riesgo de fuga. "A día de hoy no existe razón ni sospecha que hayan dudar a este instructor de esa sujeción al procedimiento de Raúl Morodo y Alejo Morodo, pues desde su adopción están cumpliendo escrupulosamente con las comparecencias apud acta que tienen contraídas, tienen retirado su pasaporte y entregado a este juzgado", expuso el magistrado.
