El sindicato UGT ha denunciado ante Inspección de Trabajo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al tener sospechas de que incurre en la contratación de los llamados "falsos autónomos" mediante un uso abusivo de las denominadas asistencias técnicas, un mecanismo laboral que se utiliza en la Administración para contratar temporalmente a alguien ajeno a la función pública.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, data del pasado 30 de diciembre y fue presentada por un representante sindical ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. En el escrito, UGT pide al departamento que dirige Yolanda Díaz que lleve a cabo "una actividad inspectora" en Exteriores y requiera a este ministerio la documentación solicitada por el sindicato en varias ocasiones.
En concreto, la relación de asistencias técnicas de los últimos años, "con el fin de comprobar que se cumplen todos los requisitos de la ley y que no se incurre en la contratación de los llamados falsos autónomos". Al hilo de ello, UGT se queja de que la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Celsa Nuño, "no ha contestado siquiera a los múltiples correos electrónicos que se le han enviado".
En este sentido, el sindicato advierte en la denuncia de que esta actitud, que equipara a una negación al derecho a la información "que toda central sindical tiene", podría constituir "una falta objeto de sanción de acuerdo a la legislación vigente".
UGT subraya su compromiso sindical de crear "un empleo público de calidad y combatir el fraude de este tipo de contratos de servicios", en referencia a las asistencias técnicas, por lo que solicita a Trabajo que compruebe "si la cobertura de vacantes" en Exteriores, mediante este tipo de contratos temporales, "obedece ciertamente a razones de transferencia de tecnología, o si por el contrario dada su opacidad encubren una relación laboral de dependencia y ajenidad".
Los puestos de asistencia técnica que se utilizan en la Administración son una excepción y en cada caso se tiene que justificar el motivo de dicha contratación, incluyendo un certificado de que no hay ningún funcionario que pueda desarrollar esa tarea.
Precisamente, Vozpópuli desveló este miércoles que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que dirige Ángeles Moreno, ha contratado a Ana Bustinduy Amador por ocho meses para realizar cinco informes sobre la situación del colectivo LGTBI en los países donde está presente la cooperación española. El trabajo será rembolsado con 14.460 euros (sin IVA), según aparece en el Portal de Transparencia.
La beneficiaria de este contrato externo es hermana del exsecretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, e hija de la ministra de Sanidad en uno de los gobiernos socialistas de Felipe González Ángeles Amador. El primero fue diputado morado hasta las elecciones de abril de 2019 y durante años fue el portavoz de la formación de Pablo Iglesias en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
A juicio de UGT, este tipo de trabajos los deberían realizar funcionarios públicos de la Administración. "Ante la ausencia de control sindical por negarnos continuamente esta información, sospechamos el fraude en su contratación y el encadenamiento de las mismas favoreciendo la contratación de familiares y pago de favores", se indica en la denuncia entregada a la Inspección de Trabajo.
El citado sindicato recuerda, además, que Exteriores ha renunciado desde hace años "a la creación de bolsas de interinos o bolsa de trabajo de personal laboral temporal para dar cumplimiento a lo legalmente establecido".
"Un instrumento sin control"
Tras la polémica por la contratación de la hermana de Pablo Bustinduy, la representación sindical de UGT envió este miércoles un correo electrónico a todos los trabajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que incide en que ha denunciado en varias ocasiones el uso de las asistencias técnicas "para colocar a familiares y conocidos", siendo "particularmente llamativo" los casos detectados en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
"Las asistencias técnicas se han convertido en un instrumento sin control que se utiliza en la mayoría de los casos de forma fraudulenta. Ni lo que se pide es, en muchos casos, necesario ni útil. Ni existe método para valorar la cuantía: la inmensa mayoría se acercan al máximo permitido por ley -14.999 euros-", se indica en el mensaje interno al que tuvo acceso Vozpópuli.
La ley de Contratos del Sector Público fue modificada en noviembre de 2017 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien bajó de 18.000 a 15.000 euros (sin IVA) el tope máximo para este tipo de contratos menores que no requieren de publicidad.
"No se les da publicidad", hace hincapié UGT, "por lo que la inmensa mayoría de las ofertas que acompañan a la que va a resultar adjudicada son o bien empresas del grupo, o familiares y amigos del que presenta la oferta ganadora".
El tiempo de ejecución lo suelen poner los agraciados, por lo que hay asistencias técnicas que se realizan en un mes y su cuantía alcanza los 14.999 euros"
Este sindicato reiteró a los diplomáticos y trabajadores de Exteriores que "hay funcionarios más capacitados para realizar la tarea que se encomienda" a personas ajenas al Ministerio, quienes en muchos casos han encadenado varios de estos contratos para luego denunciar a la propia Administración y conseguir "un puesto fijo de funcionario".
"No existe método de evaluación del trabajo final, se pueden presentar desde dos folios a infinitos", prosigue el sindicato refiriéndose a los informes que se solicitan. "El tiempo de ejecución lo suelen poner los agraciados, por lo que hay asistencias técnicas que se realizan en un mes y su cuantía alcanza los 14.999 euros". En el caso de Ana Bustinduy, tiene un plazo de ocho meses para entregar cinco informes sobre el colectivo LGTBI en los países en los que está presente la cooperación española.
Escrito a la Fiscalía
UGT indica en el correo electrónico que defiende la creación de un grupo de trabajo que se encargue de "ordenar el buen funcionamiento" de dicho instrumento de contratación. Asimismo, está elaborando un "estudio" en el que se recogerán "las irregularidades aquí expuestas en muchas asistencias técnicas" para ser enviadas a la Fiscalía y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por ello, solicita al resto de organizaciones con representación sindical en Exteriores "unidad de acción para erradicar esta práctica que perjudica grandemente a la Administración y a los administrados en beneficio de los de siempre".
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