La Audiencia Nacional da un ultimátum a Distrito Castellana Norte, filial del BBVA, para que entregue los correos que pertenecen a su expresidente Antonio Béjar. El instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha avisado a la empresa que tiene 10 días para cumplir con el requerimiento efectuado en marzo con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia grave de no hacerlo.
En una escueta providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez requiere "urgentemente" para que aporte en 10 días naturales los correos corporativos del que fuera director de Riesgos del BBVA, así como las agendas de su secretaria. De no encontrarlos, se autoriza a DCN a que obtenga del proveedor de servicios copia íntegra de todo este material. Una vez que sea aportado al juzgado, se hará el correspondiente expurgo para apartar todo lo que no guarde relación con el caso Villarejo.
El aviso del magistrado Manuel García Castellón trae causa del tiempo transcurrido desde que se le solicitó este material a la filial del BBVA en marzo. El juez requirió entonces los correos reiteradamente reclamados por Béjar después de que la Sala de lo Penal resolviera dándole la razón sobre este asunto. No obstante, la guerra entre el exdirectivo y el banco por este asunto concreto viene de lejos.
Béjar se defiende en el caso Villarejo
Béjar, señalado por el BBVA como uno de los principales responsables de la contratación con Villarejo, solicitó copia de todas sus comunicaciones electrónicas mientras fue presidente de DCN. La firma respondió manifestando que no conservaba los correos, pero éste contraatacó informando a la Audiencia Nacional de que el soporte técnico de Microsoft no borra este material aunque se den de baja las cuentas. Además, también dijo que podía acceder a la copia del disco duro de su ordenador.
Para Béjar se trata de información determinante ya que sostiene que, lejos de las acusaciones que le atribuyen desde el BBVA, él no fue la persona que ideó contratar con Villarejo, sino que gestionó las contrataciones por indicación de la entonces cúpula de la entidad. Se trata de una versión que ha mantenido prácticamente desde el inicio de esta pieza novena de la macrocausa de espionajes y que vendría a quedar refrendada en estos correos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio luz verde a su petición en diciembre de 2021 y volvió a reiterar el requerimiento el pasado mes de marzo. Entonces dijo que un principio esencial en los procedimientos penales es el de defensa; lo que implica que las partes puedan tener acceso a las fuentes de prueba. En este caso, al tratarse de comunicaciones que afectan a la privacidad de uno de los imputados, se cercenó que el resto de partes pudieran acceder a la documentación reclamada.
Los correos del BBVA
Pese a ello, han pasado siete meses y la filial del BBVA sigue sin aportar a la causa dicha documental, motivo por el cual el juez la ha vuelto a requerir, aunque esta vez dando un plazo máximo de 10 días. "Con apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial de no verificarlo", reza la providencia del instructor.
Se requiere copia íntegra de los correos y agendas del señor Béjar. Con apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad judicial de no verificarlo
Anticorrupción, por su parte, ha respaldado las peticiones que Béjar ha efectuado tanto a Distrito Castellana Norte como al BBVA. "Tales medios de prueba son plenamente válidos", alegó el pasado mes de febrero. Se referían entonces a las comunicaciones mantenidas con diez directivos de la entidad, incluidos el actual presidente Carlos Torres.
De Torres se dice que fue conocedor de las razones por las que se pidió una investigación patrimonial así como por qué motivo se contrató a la agencia de inteligencia Kroll. "Tal investigación hace referencia a una de las razones de investigación de Antonio Béjar y, en tal sentido, la línea de defensa parece pasar por el hecho de que el mismo se encontraba única y exclusivamente cumpliendo con las órdenes que les dieron sus superiores", expuso el Ministerio Fiscal.
Los otros correos salpican, entre otros, al exCEO Ángel Cano; al exjefe de riesgo corporativo Manuel Castro; a José Sevilla (antecesor de Castro) o al que fuera jefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano. Este último fue señalado por el banco como el enlace con Villarejo y, por tanto, el que permitió que se efectuaran más de una decena de encargos de espionaje entre los años 2004 y 2017. Por todos ellos se pagó al entramado del agente encubierto un total de 10,23 millones de euros.
Por su parte, desde la firma Crea MNN (anterior Distrito Castellana Norte) sostienen que no forman parte de esta investigación penal que se sigue en la Audiencia Nacional desde 2017 y que han atendido "formalmente" todos los requerimientos recibido desde el juzgado hasta el momento. Al respecto fuentes de la firma explican que cumplimentarán esta diligencia para evitar cualquier sospecha de duda sobre la información ya aportada al caso Villarejo.
BBVA, ante el juez
Con todo, la Audiencia Nacional acaba de dar la razón a Corrochano en su pretensión de que declaren en calidad de testigos algunos de los empleados de la entidad. El magistrado les ha citado para mediados de noviembre, siguiendo de este modo con la ronda de declaraciones impulsada hace unas semanas en aras a determinar si desde BBVA se contrató con el entramado de Villarejo después de 2017.
En el marco de estas declaraciones compareció la entidad (imputada como persona jurídica) el 26 de octubre. Los investigadores querían preguntarle tanto por su relación con el inspector jefe Antonio Bonilla (socio de Villarejo) como por la cuenta bancaria que el comisario tenía abierta en la entidad desde 2004. La Fiscalía trata de averiguar sobre este último punto si el banco, pese a lo alegado, sabía que detrás de Cenyt se encontraba un comisario policial en activo.
El representante legal de la entidad cumplió con la citación, pero declinó pronunciarse sobre este asunto. El banco está pendiente de que la Sala de lo Penal resuelva el recurso interpuesto contra la misma. Su defensa legal sostiene que esta última investigación del caso Villarejo se ha seguido en otra pieza separada, a espaldas del banco, y por tanto la diligencias de prueba solicitadas al respecto deberían ser nulas.
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