El escollo para salvar los Presupuestos Generales de 2022 pasó por el pacto entre el Gobierno y ERC de imponer un 6% de contenidos en las lenguas cooficiales a plataformas digitales como Netflix o HBO. El acuerdo parecía sencillo, sino fuera porque las leyes audiovisuales europeas impiden que empresas con su sede fiscal fuera de España tengan la obligación de cumplir con la cuota lingüística a la que el Ejecutivo se ha comprometido con sus socios independentistas. A pesar de ello, ERC ve margen legal para obligar a las compañías a incluir en su catálogo contenidos en catalán, gallego y vasco y así lo planteará de cara a la reunión de este miércoles por la tarde con Nadia Calviño, vicepresidenta, y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, para tratar de acercar posturas de cara a la nueva Ley Audiovisual.
Fue la propia Comisión Europea la que el pasado 23 de septiembre dio un ultimátum para que en el plazo de dos meses se transpusieran las normas europeas, vigentes desde septiembre de 2020, a la legislación nacional. El caso se remonta a noviembre del pasado año, cuando Bruselas decidió iniciar sendos procedimientos de infracción por no trasladar correctamente al derecho nacional la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.
De esta manera, la Ley Audiovisual que el Gobierno prepara sí incluye la cuota del 6% del contenido ofertado por las plataformas en catalán, vasco o gallego, en virtud del pacto PSOE y ERC para lograr el apoyo de los independentistas a las cuentas del Ejecutivo para 2022, aunque ese exigencia no sería aplicable a empresas que tengan su sede fuera de España, según indica la propia normativa europea.
Fuentes gubernamentales han confirmado a Europa Press que las plataformas internacionales no radicadas en España como Netflix, HBO Max, Disney + o Prime Video no tienen la obligación de cumplir con la cuota lingüística al aplicarse el principio de país de origen que establece la directiva europea.
ERC ha reaccionado ante estas informaciones con la convocatoria de una rueda de prensa de urgencia este mismo martes por la tarde para denunciar las "trampas" del PSOE para no cumplir lo pacto hace una semana y ha exigido incluir a las compañías extranjeras para que ERC apoye la norma.
Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC, ha avisado de que no es inteligente que el Gobierno "les toque las narices" con el tema de las lenguas cooficiales y de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos, actualmente en el Senado. "Están abiertos todos los escenarios", afirmaba Rufián, que añadía: "Si ERC no apoya la ley, no existe".
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo está "muy abierto" a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero ha advertido que la norma "no puede contradecir la normativa europea".
Normativa europea
El aviso de la Comisión Europea a España fueron dos dictámenes después de que el país no respondiera de manera satisfactoria en la primera fase de sendos expedientes sancionadores. El procedimiento de infracción prevé una tercera y última fase por la que la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si tras el plazo que concede este dictamen motivado España sigue sin responder satisfactoriamente.
Además de contra España, Bruselas ha actuado contra otros dieciocho Estados miembro que tampoco han cumplido los plazos previstos por consenso a nivel europeo para transponer las nuevas normas e informar de tales transposiciones a los servicios comunitarios.
La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) fue revisada en 2018 para ajustar las reglas comunes a la nueva era digital y armoniza las normas de medios audiovisuales, incluidos los organismos tradicionales de radiodifusión televisiva y los servicios de vídeo a la carta, además de establecer medidas de protección sobre los contenidos compartidos en las plataformas de distribución de vídeos.
Así, la directiva prevé condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales, garantiza la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación, preserva la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de vídeo a la carta tengan disponible al menos el 30% de obras europeas. También incluye normas de protección para los menores y consumidores en general y prevé medidas contra el odio.
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